MADRID.- Uno de los puntos principales del debate de investidura de Pedro Sánchez está en la propuesta, firmada por PSOE y Ciudadanos, para la eliminación de las Diputaciones Provinciales.
Más allá de debates políticos, no hay que olvidar que estos organismos,
cuyo origen está en la Constitución de Cádiz de 1812, conviven en todas
las regiones con más de una provincia con el principal organismo de
descentralización y administración en España, las Comunidades Autónomas.
Con ello, se generan duplicidades, como también en muchas ocasiones la
genera el Estado e incluso los Ayuntamientos con las Comunidades
Autónomas, pero con una cuantía que en la práctica no llegaría a las
magnitudes que se están comentando relativas a las diputaciones.
La propuesta que atañe a 38 Diputaciones Provinciales
(las de régimen general) afecta a un presupuesto de 5.000 millones de
euros anuales. Todas ellas con un impacto muy desigual, como lo es su
presupuesto. Entre la que más gasta, la diputación de Barcelona con 870
millones, y la que menos, Albacete con 43 millones, reparten su
presupuesto en partidas muy diferentes, desde el mantenimiento de
infraestructuras a servicios municipales y, por supuesto, personal.
Esta es sin duda la partida más llamativa. En gastos de personal
se consume alrededor del 48% de los 5.000 millones. Estos pagos de
personal se reparten entre las 62.000 personas que trabajan para ellas,
unos 27.500 funcionarios y alrededor de 34.500 forman el personal
contratado. Los primeros serían recolocados a otros organismos con lo
que el ahorro, al menos a corto plazo, no existiría.
Entre los
segundos estaría la partida principal de ahorro en personal, pero ni
mucho menos se podría eliminar todo el personal eventual. Aunque se
repartiera las tareas a otras administraciones, hay funciones que no se duplican.
Por ejemplo, la recogida de basuras que hacen muchas diputaciones para
sus municipios serían sustituidas por la misma pero realizada por
mancomunidades municipales.
El mantenimiento de carreteras provinciales, igual, si la comunidad autónoma tiene el personal ajustado o las contratas realizadas para sus carreteras,
a más carreteras a cuidar, sería necesario contratar más personal a
nómina de la Comunidad o pagar a una empresa por su mantenimiento. Donde
sí habría un ahorro total es en los cargos políticos, los diputados
provinciales, que desaparecerían. Por todo ello, de los cerca de 2.500
millones que supone el gasto de personal, no parece factible que al
ahorro sea más de 700-800 millones de euros al año.
El segundo punto es el gasto real no destinado a personal.
En este caso las mayores duplicidades u ahorros potenciales se centran
especialmente en las diputaciones de mayor tamaño como Barcelona,
Valencia o Sevilla. Distribuyendo sus tareas a otras administraciones el
ahorro podría alcanzar hasta un 50-55% de sus partidas de gasto no
destinadas a personal. En el lado contrario, las que tienen menos
presupuesto suelen cubrir un gasto que no cubren otras administraciones
–esencialmente carreteras, residuos y otras infraestructuras- con lo que
el ahorro es mucho menor. Con todo ello el ahorro máximo estaría entre
1.000-1.200 millones de euros al año.
Resumiendo que de los 5.000
millones que se afirma que se ahorraría la cifra se rebajaría a entre
1.700-2000 millones de euros al año, entre el 35-40% de su presupuesto. El ahorro es importante, pero desde luego, nada que ver con las cantidades afirmadas que se ahorrarían.
Lo que si abre es una vía de racionalización del gasto administrativo
por duplicidad de estructuras, que tendría que ser complementado, al
menos económicamente, con la fusión de municipios de pequeño tamaño que
asumieran los gastos que dejan de cubrir las Diputaciones Provinciales
de forma más eficiente y de mayor ahorro
No hay comentarios:
Publicar un comentario