CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha convalidado esta mañana el decreto ley
con el que se permitirá acceder a la prestación por cuidados en el
entorno a los dependientes a 1.305 personas, que tenían reconocido este
derecho desde antes de junio de 2013.
En junio de 2013 entró en
vigor una ley de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas en la que se modificó el
régimen de acceso a la prestación económica de cuidados a dependientes y
de apoyo a cuidadores no profesionales. Esta medida afectó a las
solicitudes anteriores a dicha fecha que aún no habían sido resueltas,
lo que obligó a que más de un millar de personas en la Región se
quedaran sin dicha prestación.
La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Violante Tomás, ha presentado en la Cámara este
decreto-ley, aprobado el pasado 7 de octubre en Consejo de Gobierno. Se
estima que con esta medida, los afectados por la supresión de la
prestación perciban en su conjunto 5,8 millones de euros. Según Tomás,
se "ha redotado de personal la sección de la dependencia" para atender
estas solicitudes y proceder al pago de las ayudas, que se realizarán
entre este año y 2016.
El decreto ley establece que a partir de
ahora, si las solicitudes han sido resuletas negativamente por no
cumplir los nuevos requisitos de acceso a esta prestación, se revoque
dicha resolución y se reconozca la prestación solicitada siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos en la norma anterior.
Además
de eso, el texto establece la periodificación de los atrasos derivados
de los efectos retroactivos de la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Tomás ha
aclarado que el cuidador no familiar, "ahora sí puede trabajar, mientras
que antes no". A lo que ha añadido que si el dependiente se encuentra
en un centro educativo "también se puede percibir esa prestación porque
entendemos que están los fines de semana, están las vacaciones de Semana
Santa y Navidad y debe cuidarlo. Es importante que las familias estén
protegidas".
Del mismo modo, se regula el derecho de los herederos
de los dependientes a reclamar los atrasos devengados y no percibidos
cuando el afectado ha fallecido. Es decir, se recobra la posibilidad de
que las comunidades hereditarias que hubieran tenido derecho a las
prestaciones correspondientes, de conformidad con la normativa estatal,
puedan reclamarlas.
Los
grupos parlamentarios han apoyado la convalidación de este decreto ley
aunque grupos como Ciudadanos (C's) y PSOE han solicitado que se tramite
como proyecto de ley para "mejorar" aspectos del mismo. Esta petición
ha sido aprobada por unanimidad, por lo que a partir de ahora se abre un
plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar
enmiendas parciales.
Desde el PSOE, Consuelo Cano ha explicado que
ellos abogan por recoger en el texto la situación especial de los
dependientes que no están vinculados familiarmente con los dependientes.
"Hay mucha gente que pierde los derechos a las prestaciones solo por no
tener a nadie de la familia cerca", ha advertido. Además, los
socialistas quieren que se modifique el punto que alude a que si después
de seis meses, la solicitud no ha recibido respuesta por parte de la
Administración, se desestime esta. "En todo caso debería ser al
contrario, que sea estimatorio", ha pedido.
Por su parte, el
diputado de Ciudadanos (C's), Juan José Molina, también ha estado de
acuerdo con el PSOE en este punto. "Hay que cambiar eso de que en el
caso de que en el plazo de seis meses no se resuelva un expediente, que
se desestime. Debe de darse una valoración favorable, en ese caso", ha
expuesto.
A su vez, ellos quieren que se tramite el decreto ley
como proyecto de ley para incluir otras mejoras en referente al número
de horas que han de hacer los cuidadores. "El dinero que se paga es muy
bajo, por lo que habría que reducir ese número de horas para que se
equilibre", ha dicho.
El portavoz del PSOE, Rafael González Tovar,
ha indicado que este decreto "restituye el tijeretazo a la murciana"
del Gobierno regional a la dependencia. A su juicio, "el Gobierno no
aplica bien la ley de dependencia, la recorta". Los socialistas aseguran
que la Región tiene "el mayor" porcentaje de personas en lista de
espera para que se les reconozca el derecho a la prestación, con 30,83
por ciento, frente al 16 por ciento del resto de España.
Asimismo,
han recordado que en la Región hay 13.859 personas con derecho a
percibir ayudas de la ley de dependencia que no están recibiendo la
prestación. "Esto demuestra un mal hacer del Gobierno regional y desde
el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015 hay 3.652
personas menos acogidas al sistema de prestación. Es una situación muy
oscura", han añadido.
Por otro lado, desde Podemos, han expresado
su conformidad a que se convalide el decreto ley porque entienden que
"devuelve el derecho a familias dependientes" a percibir estas ayudas
después de que la justicia estableciera que ha de aplicarse esta ley.
En
cuanto al PP, han recalcado la "gran importancia" de la convalidación
de este decreto ley para que el millar de dependientes cobren dichas
ayudas y que se reconozca el derecho de los dependientes que ya
fallecieron. A su vez, la popular Inmaculada González, ha anunciado que
su grupo ha registrado una moción para que se regule la figura del
asistente personal del dependiente para que estos puedan tener una
persona que le guíe a lo largo del día, teniendo en cuenta requisitos de
los profesionales.
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