MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha
confirmado la imputación del exalcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), y de
otras tres personas que se encuentran inmersas en el conocido por "caso
Benís", que investiga un presunto caso de corrupción en la
recalificación de terrenos ubicados en este paraje que presuntamente
beneficiaba a la hermana de una concejal.
Así se recoge en varios
autos dictados por este tribunal, que desestiman los recursos
presentados por Tamayo y, también, por el secretario municipal,
Bartolomé Buendía; el aparejador del ayuntamiento, Juan Buitrago, y el
promotor del convenio urbanístico que dio origen a estas actuaciones,
Renán Teresa.
En la resolución judicial, que desestima el recurso
del exalcalde, se indica que en el auto del
Juzgado de Cieza por el que se acordó transformar las diligencias en
procedimiento abreviado sí contenía "fundamentación suficiente sobre la
atribución de hechos presumiblemente delictivos".
Así, recuerda
que el auto recurrido señalaba que de las actuaciones llevadas a cabo
por el juez "se desprende que el alcalde Antonio Tamayo firmó un plano
que se entiende falso, en el que aparecía una inexistente delimitación
del sector Benís".
Y añade que "lo que se discute en el presente
pleito es si la aprobación por la Corporación municipal en el pleno de
24 de noviembre de 2004 del convenio urbanístico a suscribir con la
empresa "Dignitas" llevaba incorporado un plano de delimitación del
territorio o, por el contrario, no existía y el único válido fue el que
fue presentado en rueda de prensa en enero de 2006.
Ese documento, añade el auto, lleva la firma del apelante, al ser entonces el alcalde de esta población murciana.
Según la denuncia presentada en su día por Izquierda Unida (IU), que
dio origen a estas actuaciones, se pudo producir un cambio de planos al
estallar el escándalo de que una hermana de la entonces concejal de
Urbanismo resultaba beneficiada con la recalificación urbanística y como
un medio de ocultar esa circunstancia.
"No hay duda -dice la
sala- de que las tierras que se sacaron del proyecto son propiedad de la
hermana de la concejal, y tampoco hay duda de que el plano finalmente
aprobado solo aparece firmado por el alcalde y el secretario del
ayuntamiento, sin la mínima formalidad necesaria o posible a tener en
cuenta en un proyecto urbanístico de las dimensiones de este".
El
proyecto, que finalmente no se llevó a cabo, recogía la clasificación
como suelo urbano residencial de 270 hectáreas, y en el mismo se preveía
la construcción de 5.200 vivienda, un campo de golf de 18 hoyos y un
hotel de lujo.
Finalmente, la Audiencia ha desestimado también el
recurso que la acusación particular presentó contra el sobreseimiento
provisional dictado por el Juzgado de Cieza a favor de otros dos
exconcejales, uno de ellos, la exedil de Urbanismo.
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