CARTAGENA.- La Justicia ha vuelto a poner el foco en la empresa que
gestiona el proyecto municipal de recuperación del barrio universitario
de Cartagena, Residencial Puerta Nueva. La sociedad, de la que fue
gerente el exalcalde socialista José Antonio Alonso (quien impulsó el
plan en su etapa de gobierno, de 1991 a 1995), tiene bienes embargados
desde marzo por orden del juez de la 'Operación Púnica', que ha imputado
al exregidor por seis presuntos delitos, y ahora será objeto de otra
investigación en los juzgados de Cartagena por presunto delito
societario y alzamiento de bienes.
Según confirmaron a 'La Verdad' fuentes conocedoras del caso, la
Fiscalía del TSJ ha solicitado al juzgado decano de la
ciudad que abra diligencias para esclarecer unos hechos que pueden tener
relevancia penal.
Tras examinar la denuncia que le remitió en febrero la Sociedad
Municipal Casco Antiguo, de capital íntegro del Ayuntamiento, el
Ministerio Público ha encontrado indicios de un posible desfalco
valorado en 9,8 millones de euros.
El consejo de administración de Casco Antiguo acordó hace tres meses
presentar una denuncia ante el fiscal superior de la Comunidad Autónoma,
Manuel López Bernal, contra los socios de Puerta Nueva, por los dos
citados delitos y por otros dos descartados por ahora: falsedad
documental y contra la hacienda pública.
La denuncia fue acordada por todos los grupos municipales (PP, PSOE,
IU-V y MC), a la vista de los informes jurídicos que apuntan a que la
mercantil pudo desviar el dinero a través de préstamos entre las propias
sociedades que la integraban entre 2005 y 2007.
Los créditos fueron otorgados en un periodo en que la alcaldesa,
Pilar Barreiro, del PP, formaba parte del consejo de administración de
Puerta Nueva en representación municipal, como garante del cumplimiento
del contrato de recuperación del barrio. El acuerdo incluía el abono al
municipio del 30% de los beneficios extraordinarios que se lograran cada
año.
La suspensión de pagos en Puerta Nueva acordada por un juzgado de lo
Mercantil de Madrid el año pasado hace muy difícil, según los abogados,
que el municipio cobre los dos millones de euros que Puerta Nueva le debe
en concepto de plusvalías relativas a la venta de pisos, garajes y
comercios de 2007 a 2010.
La deuda no fue reclamada en su día por Casco
Antiguo hasta que, en 2011, Hacienda destapó un 'agujero' de 3,5
millones en sus cuentas.
Para recuperar el dinero, y tras varias solicitudes del concejal de
Movimiento Ciudadano (MC) y actual candidato a la alcaldía, José López,
Casco Antiguo exigió la ejecución provisional de la sentencia de la
Audiencia Provincial, que fijó la deuda en los citados dos millones y que
ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la promotora.
Ésta dijo en febrero que todas sus actividades y las de sus socios
han sido legales y mostró su confianza en que la Fiscalía archivaría la
denuncia, ya que en 2013 dio carpetazo a una similar de Izquierda
Unida-Verdes, Movimiento Ciudadano y Democracia Real Ya.
Fuentes de Puerta Nueva defendieron que los préstamos son legales y
que no han sido devueltos porque la crisis ha generado situaciones de
insolvencia. También indicaron que con los créditos se dio financiación
para inversiones inmobiliarias en España y fuera de ella, por ejemplo en
Marruecos, a mejores condiciones que las bancarias.
Asimismo, descargaron de responsabilidad a los miembros de su consejo
de administración -en el que estuvo Barreiro desde 2003 a 2007-, porque
los créditos los validó la junta general, a través de dos consejeros
delegados.
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