MURCIA.- Ahora Murcia denuncia las presiones y represalias que en los últimos
meses vienen sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa
Ayuda a Domicilio, y que el pasado viernes tuvo un nuevo y gravísimo
episodio con el despido de una de las empleadas, en concreto de
Esperanza Galvis, la trabajadora que ha estado haciendo huelga de hambre
durante 12 días.
El próximo 31 de mayo es la fecha prevista para la renovación del
contrato entre el Ayuntamiento de Murcia y Ayuda a Domicilio, y por este
motivo, el personal de la empresa comenzó ayer por la tarde una nueva
serie de concentraciones en señal de protesta, que llevarán a cabo en la
Glorieta de España hasta el próximo viernes.
Las empleadas esperan que el Ayuntamiento comience a exigir las
responsabilidades de Ayuda a Domicilio, que en los últimos tres años ha
tenido constantemente pagos pendientes de salarios, además de incumplir
con el convenio en numerosos aspectos, como la concesión de días por
asuntos propios o el abono de los kilómetros.
Isabel Andreo, presidenta del Comité de Empresa y candidata de Ahora Murcia, explica que el caso de Esperanza Galvis está siendo llevado por
un abogado, ya que la empleada anunció a la empresa de la forma
legalmente estipulada su participación en la huelga indefinida y en la
huelga de hambre.
Ayuda a Domicilio abonó a Galvis todos los pagos que tenía pendiente
con la intención de que abandonara la huelga de hambre, perjudicial para
la imagen de la empresa, pero la trabajadora anunció que continuaba con
la protesta en solidaridad con todas sus compañeras, que aún tenían
pagos en su debe.
Isabel Andreo y Ahora Murcia denuncian la falta de implicación del
Ayuntamiento de Murcia para solucionar los impagos y el incumplimiento
de convenio de la empresa. El Consistorio alega que en el pliego de
condiciones no se contempla el pago al día de Ayuda a Domicilio a los
trabajadores, sólo que estén actualizados los pagos a la Seguridad
Social y Hacienda. Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y Ahora Murcia
exigen que en la inminente renovación del contrato, el Ayuntamiento se
comprometa a velar por los derechos de las trabajadoras, en
contraposición a lo que ha hecho hasta ahora.
Ahora Murcia señala que es penoso que este tipo de incumplimientos,
además, se dé en una empresa que precisamente trabaja en el sector
social, lo cual supone una nueva demostración de la necesidad de que
este tipo de servicios sean gestionados directamente desde las
Administraciones públicas (en este caso, el Ayuntamiento de Murcia).
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