CARTAGENA.- La iniciativa presentada por el PSRM para constituir una comisión
especial de investigación sobre la construcción y puesta en
funcionamiento de la planta desalinizadora de Escombreras no ha salido
adelante, pese a la insistencia de la oposición en este sentido. El PP
ha rechazado esta petición en la Asamblea alegando que "se les ha dado
toda la información que han pedido".
La moción de los socialistas pedía la constitución de una
Comisión Especial para que investigue y analice todas las operaciones
que desde la Comunidad Autónoma se han realizado con relación a la
Planta Desaladora de Escombreras, desde su inicio en 2006-2007 hasta la
fecha.
Según el diputado del PSRM, Manuel Soler, "es necesario
conocer los motivos por los que la planta está infrautilizada desde su
puesta en marcha en el año 2009" y ha recordado que en algunos
ejercicios el coste del metro cúbico de agua desalada ha tenido un coste
superior a los 10 euros.
Soler considera que hay que informar a
los murcianos del gran enredo que existe en torno a esta industria, que
fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% del
empresario Florentino Pérez, a petición de Valcárcel y Cerdá; ambos
firmaron un contrato para pagar en un plazo de 25 años alrededor de 445
millones de euros, a pesar de que el coste real de la industria y la
red de tuberías fue de unos 140 millones de euros".
Además, han
creen que la Comunidad está "incumpliendo" el acuerdo al que llegó con
la empresa concesionaria de la isntalación para pagar los atrasos. "Nos
llegan informaciones de que la empresa está pensando en presentar ya una
nueva demanda judicial por los reiterados incumplimientos de pago por
parte de la Comunidad Autónoma", ha asegurado.
Durante el debate
parlamentario, los socialistas han criticado la gestión del PP en
materia de agua "por no poner ninguna solución al problema" y han
insistido en que "son los murcianos los que con nuestros impuestos
tenemos que pagar 20 millones de euros anuales para el pago de esta
planta, que no se está utilizando a pleno rendimiento".
Por su
parte, el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha asegurado que
esta infraestructura, "se hizo para la especulación urbanística y está
asociada a la corrupción", ya que "era una garantía de suministro de
agua para Novo Carthago".
El parlamentario ha recordado que su
formación ha presentado varias iniciativas y solicitudes de información,
así como una investigación sobre la desaladora, por la que "hay que
abonar casi 700 millones de euros", lo que, a su juicio, "es una
auténtica barbaridad".
Por contra, los populares han rechazado la
petición del PSRM porque consideran que "se les ha dado toda la
información que han pedido" y han incidido en que el consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, "ha comparecido en varias ocasiones
en esta Cámara para hablar del mismo tema. No sé qué pretenden".
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