MADRID.- El Tesoro Público y, por lo tanto el Estado, se hará cargo también de la deuda bancaria de las Comunidades Autónomas. Así lo señaló Rosa María Sánchez-Yebra, secretaria general del Tesoro, durante la presentación de la estrategia de este organismo para 2015, año en el que se celebran tanto elecciones locales, autonómicas y generales. El gasto adicional para el Estado podría rondar los 2.000 millones, según recoge 'El Mundo'.
«Se contempla la subrogación de los préstamos bancarios de las
Comunidades Autónomas», aseguró Sánchez-Yebra, a lo que añadió que el
Tesoro se encuentra en negociaciones con las entidades prestatarias.
Asimismo, la secretaria general señaló que «suponemos que todas las
comunidades que no están en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se
van a adherir a esta facilidad de financiación», aunque no quiso
precisar una cifra ya que todavía restan detalles por cerrar.
Sin embargo, este «cambio de titularidad», como lo definió la propia
Sánchez-Yebra, podría tener un coste adicional para las arcas del Estado
que rondaría los 2.000 millones de euros, según diferentes estimaciones
y teniendo en cuenta los vencimientos bancarios que las comunidades
tendrán que afrontar durante el presente año. El Banco de España
señala que la deuda total del conjunto de las Comunidades Autónomas con
las entidades bancarias supera ligeramente los 56.000 millones.
La suma final que deberá asumir el Tesoro se conocerá el próximo día 20 de enero,
y de ella también dependerá el montante total que proporcionará a las
comunidades y entidades locales a través del nuevo Fondo de Financiación
a Comunidades Autónomas y del Fondo de Financiación a Entidades
Locales. El máximo previsto para este fin durante 2015 es de 39.869 millones.
En esta cifra, además de los 21.000 millones destinados al FLA,
también están recogidos los 8.000 millones adicionales en los que el
Tesoro anunció en diciembre que crecerían las necesidades netas de
financiación para 2015. Esta cantidad también se empleará para ayudar
financieramente a CCAA y entidades locales, y hace que las
necesidades netas del Estado pasen de los 47.000 millones previstos en
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta un máximo de 55.000.
Para hacer frente a todos estos compromisos, así como a los
184.369 millones hasta los que se estiman que ascenderán las
amortizaciones, el Tesoro tendrá que realizar una emisión bruta de
239.369 millones. La cantidad está en línea con las de los
últimos años pero sigue estando muy por encima de las de los años
previos a la crisis.
Otra de las novedades, cifras al margen, es la decisión del Tesoro de regularizar las emisiones de deuda ligadas a la inflación europea.
El pasado año, la gran demanda de los inversores por este tipo de
herramienta obligó al organismo a realizar dos subastas de este tipo.
Para este año, Sánchez-Yebra ya ha confirmado que se llevará a cabo, al
menos, una en cada trimestre del año.
En este tipo de emisiones, el interés que se abona al inversor varía
en función de la inflación, que en estos momentos está en tasas
negativas tanto en España como en Europa. Esta es una situación que
beneficiará al Tesoro en forma de menores costes mientras que los
inversores, como apuntó la secretaria general, siempre recibirá el
principal aunque la inflación sea negativa. Otra modificación es que la
emisión esperada en las subastas se situará dentro del rango publicado
pero no tendrá que alcanzar el máximo anunciado.
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