MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga los
contratos sobre 'reputación on line' que habría firmado la empresa de
José Antonio Alonso Conesa, antiguo alcalde socialista de Cartagena y
exdiputado del PSOE, imputado en la causa en la que se investiga a la
red de corrupción 'Púnica'.
Velasco envió esta mañana a la Guardia
Civil a la Comunidad de Madrid para pedir todos los contratos sobre
reputación 'on line' que la Administración regional suscribrió con las
empresas de Alejandro de Pedro Llorca y el socialista cartagenero José Antonio Alonso Conesa,
imputados en el procedimiento, informaron fuentes
jurídicas.
Según informaron estas fuentes de la
Comunidad madrileña, toda la información requerida por el juez ha sido
ya entregada a los agentes.
El titular del Juzgado Central de
Instrucción nº 6 ha dictado un oficio este jueves para que la Unidad
Central Operativo (UCO) del instituto armado se persone en varias sedes
de la Administración regional, entre las que se encuentra la sede de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que
dirige Salvador Victoria.
Según fuentes de la investigación, los datos requeridos corresponden al área
de contratación de la Administración regional, a la Agencia de
Informática y Comunicaciones y a la Oficina de Comunicación de la
Comunidad de Madrid.
El juez
Velasco, que investiga la red de corrupción constituida alrededor del
exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario
David Marjaliza, señalaba en un auto dictado el pasado 30 de octubre de
que De Pedro es la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de
influencias que prestaba "servicios de reputación en internet para
autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación
administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares".
El
magistrado considera que estos "trabajos" abrían a De Pedro la
posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas
que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o
para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.
El auto
también señalaba que la empresa de De Pedro ha sido "históricamente"
adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de
Madrid y en empresas públicas dependientes de la Administración
regional, en la que Granados "ocupó cargos de relevancia". Entre sus
clientes entre 2004 y 2013 se encontraba el Ayuntamiento de Valdemoro,
cuyo exalcalde José Carlos Boza también está imputado.
Además, De
Pedro organizaba eventos para el Patronato Madrileño de Áreas de
Montaña, Arpegio Areas de Promoción Empresarial, el Instituto Madrileño
de Desarrollo o Fundación Arpegio durante "varios ejercicios", en los
que Granados "ocupaba cargos de relevancia en el gobierno de la
Comunidad de Madrid.
La
decisión del magistrado instructor del 'caso Púnica' se ha producido
después de que el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Salvador Victoria, reiterara este martes que desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha "contratado" ni se han
"prestado servicios de promoción de la imagen de altos cargos".
"Lo
único que existe son servicios ordinarios como en cualquier otra
institución pública o privada de seguimiento 'on line' de noticias que
afectan a la Comunidad de Madrid", ha señalado antes de apuntar que las
informaciones publicadas sobre este asunto son "falsas".
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