BRUSELAS.- Los países de la
Unión Europea (UE) debatirán mañana lunes la utilización de la reserva de
crisis de los fondos agrícolas para compensar a los productores
afectados por el embargo ruso a las importaciones de frutas y
hortalizas.
El asunto se tratará este lunes en Bruselas en un consejo de
ministros de Agricultura al que asistirá la titular española, Isabel
García Tejerina, quien tratará de buscar aliados para evitar el uso de
las reservas, que no interesa a España.
La reserva de crisis, dentro del presupuesto agrícola de la UE,
cuenta con 432 millones de euros y la Comisión Europea (CE) ha planteado
que se deduzcan de ese fondo los gastos de los apoyos a los
agricultores comunitarios para compensar el boicot ruso, que se cifran
en 344 millones de euros.
Esto significa que, de cara al próximo año, la reserva solo contaría
con 88 millones de euros para hacer frente a otras crisis que pudieran
afectar al sector.
España considera injusto que se haga pagar al sector agrario por ese
embargo, ya que la reserva de crisis se nutre de los pagos directos a
los agricultores.
Por ello, España confía en lograr el apoyo de "un número
significativo de países", que permitiera por ejemplo formar una minoría
de bloqueo en el Consejo, para "dar una señal política" e impedir que
salga adelante la propuesta de la Comisión Europea, según las fuentes.
Con ello, se dejaría claro que "hay un conjunto de Estados miembros
que no estarían dispuestos a aceptar el resultado de las negociaciones"
sobre esa propuesta, que llevan a cabo conjuntamente el Consejo (países
de la UE) y la Eurocámara.
En su lugar, España quiere que la Unión explore "otras vías" para cuadrar la corrección del presupuesto europeo para 2015.
En algunos Estados miembros hay "gran preocupación" con este asunto
según las fuentes, que mencionaron en particular a los mayores
productores (España, Francia, Irlanda, Grecia) y a otros países del
Este, como Hungría y Lituania.
En la situación opuesta se encuentran los países más liberales de la
Unión, que tradicionalmente se oponen a aumentar los gastos
presupuestarios, como Reino Unido, Holanda o Suecia.
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