MURCIA.- El Juzgado de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción por la recalificación urbanística de la finca "El Roblecillo", en Caravaca de la Cruz, considera sospechosas las cestas de Navidad que la empresa promotora, Golden Sky, presuntamente, envió al alcalde de esta localidad, Domingo Aranda, y al entonces concejal de Urbanismo, Amador López.
En
un auto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6, el
magistrado Andrés Carrillo, señala que en las Navidades de 2005 y 2006,
según la documentación incautada en los registros llevados a cabo por la
Guardia Civil, se habrían enviado sendas cestas a Aranda y López por importe total, en cada caso, de 1.227 euros.
Para
el juez, "estamos ante una cuantía ya a considerar, que no tiene por
qué caer necesariamente en los consabidos convencionalismos sociales
navideños ni en la teoría de la insignificancia".
Añade el auto
que también fueron beneficiados con estos regalos, siempre según los
archivos informáticos intervenidos en el registro de una empresa
vinculada a Golden Sky, los también concejales Encarnación Muñoz y Juan
González, además de tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cuya identidad se desconoce por el momento.
Para
el magistrado no pasa tampoco desapercibido el hecho de que González,
edil y alcalde de la pedanía caravaqueña de Archivel, habría recibido
otra cesta al poco tiempo de aprobarse el convenio urbanístico que
permitía que unos terrenos que gozaban de protección por su valor
forestal pasaran a ser urbanizables.
En el análisis que hace del informe elaborado por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil, el juez afirma que "ciertamente algunos de
estos regalos navideños no son de especial significación económica,
pero, desde luego, otros deben ser objeto de análisis, dado que se hacen
a algunas personas de las que dependía de un modo muy directo el buen
fin de las actuaciones urbanísticas en el sector de El Roblecillo".
Para
el magistrado, no se comprende cómo el Ayuntamiento, con mayoría del
PP, pudo aprobar la recalificación urbanística pese a disponer de un
informe firmado por los tres arquitectos del consistorio que se oponían a
ello, lo mismo que un informe jurídico.
Según el Juzgado, los
beneficios económicos que habría podido reportar la realización del
proyecto con la creación de puestos de trabajo y los ingresos en las
arcas municipales no justificaba su aprobación.
El auto judicial recoge la imputación de una treintena de personas, que serán llamadas a declarar en las próximas semanas.
Entre
ellas figura, junto con Aranda y el citado exconcejal de Urbanismo,
Amador López, empresarios, abogados y los concejales que dieron el visto
bueno al convenio urbanístico.
La imputación ha producido ya la dimisión de varios imputados, entre ellos, la de López, que en la actualidad era secretario general de la Consejería de Fomento del Gobierno murciano.
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