MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en
el caso 'Novo Carthago' --que investiga una presunta trama de corrupción
urbanística en Cartagena--, ha solicitado a la Sala Segunda del
Tribunal Supremo la apertura de una pieza de responsabilidad civil en la
que pide, entre otras cosas, que el ex consejero de Obras Públicas y
actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado en el caso,
presente un aval por el importe de las responsabilidades pecuniarias y,
en caso contrario, le sean embargados el sueldo y los bienes.
Después de que las diligencias previas hayan sido remitidas por la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior al Tribunal Supremo para que
decida si asume la instrucción de estas diligencias, De Ramón ha
solicitado la apertura de esta pieza de responsabilidad civil contra
Bascuñana, imputado por un presunto delito de Prevaricación.
En
concreto, esta pieza está orientada a garantizar el abono de las
responsabilidades pecuniarias que se puedan fijar cuando el caso quede
cerrado, y se basa "en cuanto a la determinación de la cantidad que
exige la Ley, en que no podrá bajar de la tercera parte mas de todo el
importe probable de las responsabilidades pecuniarias".
En
concreto, De Ramón explica que sería "el valor del inventario que tiene
la Administración de la Comunidad Autónoma sobre bienes de interés medio
ambiental declarado, o de interés Comunitario, antes de la
recalificación, y después de la recalificación, por lo que se tendrá que
valorar por la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, a través de
su Dirección General de Medio Ambiente, cuyo consejero Antonio Cerdá
también se encuentra imputado en esta causa".
Una vez adoptadas
estas medidas, De Ramón sostiene que deberá requerirse al imputado "que
aporte aval o garantía económica por dicho importe, o señalar bienes que
sean objeto de embargo judicial, para lo cual, si no designara bienes,
se debería embargar el sueldo de delegado de Gobierno en Murcia, y las
cuentas corrientes que tiene abiertas en distintas entidades bancarias
que constan en las actuaciones, en mas de cincuenta cuentas".
El
hecho de pedir esta pieza separada de responsabilidad civil, argumenta
De Ramón, es "dada la gravedad de la imputación, según consta en el Auto
Judicial que declara los indicios criminales suficientes para tal
conceptuación penal, pues fue el exconsejero de Obras Públicas de la
Comunidad Autónoma de Murcia, donde reconoció con su aprobación la
recalificación de los terrenos para favorecer a la mercantil Hansa
Urbana según consta en las actuaciones penales".
Según el informe
del Fiscal adscrito a estas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción
Juan Lozano, De Ramón recuerda que sin la firma o aprobación de
Bascuñana en todas las actuaciones llevadas a efecto, e incluso con su
apertura de dicho proyecto, hasta su final aprobación, "no se hubiera
podido llegar a recalificar estos terrenos donde se esperaban".
En base a esto, solicita que, para determinar la cantidad a fijar con
arreglo a lo dispuesto en este escrito, "sería necesario, solicitar a la
Consejería de Agricultura y Agua certifique el valor económico de los
derechos patrimoniales ambientales y ecológicos de los terrenos que
fueron recalificados, antes de esa recalificación y después de la
recalificación, de los terrenos donde se ubican el Proyecto Novo
Cartago, promovido por Hansa Urbana".
Una vez informado dicha
Sala Segunda del Tribunal Supremo, "entraría en la cuantificación
económica de la fianza, su requerimiento al imputado don Joaquín
Bascuñana García, y caso de depositarlo, el embargo de bienes, en su
retribución como Delegado de Gobierno en Murcia, su vehículo personal, y
las cuentas corrientes en mas de cincuenta que se encuentra señaladas
en esta causa penal remitida por la Sala de lo Penal de Murcia".
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