ORIHUELA.- Una jueza de Orihuela ha acordado procesar a 35 personas
dentro de la rama del 'caso Brugal' relativa a las supuestas
ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos
urbanos de Orihuela, entre ellos a los exalcaldes del PP Mónica Lorente y
José Manuel Medina. También figura entre los procesados el industrial
oriolano y presuntamente beneficiado por las irregularidades Ángel
Fenoll, socio y antiguo directivo de la empresa Proambiente, que
gestiona el vertedero de Abanilla, y a varios concejales.
En un auto de
69 páginas, la jueza de Primera Instancia nº 3 de Orihuela aprecia
indicios de, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, negociación
prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias.
Al mismo
tiempo determina en otro auto el archivo provisional de la causa para
diez personas, entre ellos varios concejales populares (David Antonio
Costa, Araceli Vilella y Antonio Francisco Francoandreu), un hermano de
Fenoll, Ramón, así como del detective Manuel Rey Parente, autor de las
grabaciones ocultas por encargo del empresario que, en 2006, destaparon
este escándalo de supuesta corrupción que recibió el nombre de Brugal, y
que dio origen a una veintena de piezas separadas en diversos puntos de
Alicante.
La juez recuerda que en los siete años de instrucción se
han practicado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y
se han dictado 112 autos para ordenar escuchas telefónicas entre 2007 y
2010, las cuales condujeron el 6 de julio de 2010 al espectacular
operativo policial de registro del ayuntamiento de Orihuela.
La
empresa de Fenoll (Colsur) logró en 1992 la recogida de basuras de la
costa de Orihuela por un periodo provisional de un año pero logró
mantener la contrata ininterrumpidamente hasta que, en 2005, el
Ayuntamiento se planteó un nuevo concurso.
El auto refleja que el
industrial y sus colaboradores, entre ellos algunos concejales,
planearon una estrategia para retrasar la nueva adjudicación con el fin
de seguir con la recogida de basuras.
Para ello, presuntamente,
usó las grabaciones que él mismo había realizado a distintas
personalidades del ámbito de la política local para presionarlos y
lograr la adjudicación o, al menos, la declaración de desierto del
concurso, y así mantener la situación anterior en beneficio propio, lo
cual consiguió.
De la ex alcaldesa popular Lorente, la juez aprecia
los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a
la Administración, mientras a Medina le atribuye los dos últimos,
además de cohecho.
La operación Brugal se inició en los primeros
meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas
grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se ponía de
manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso
local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la
mercantil de su propiedad, Colsur.
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