MURCIA.- Serafín de Alba, uno de los cinco imputados en
la causa en la que se investiga el asesinato de la pareja de holandeses
Ingrid Visser y Ludewijk Severin en Murcia, ha sido puesto en libertad
bajo fianza de 18.000 euros tras estimar la magistrada del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Molina de Segura el escrito del Ministerio
Fiscal.
De este modo, la sección segunda de la Audiencia Provincial
resuelve, en su escrito con fecha de 31 de octubre, que el propietario
de la finca en la que fueron enterrados los cadáveres, presunto
encubridor del crimen y de nacionalidad española, quede en libertad con
la obligación de presentarse semanalmente ante el Juzgado de Instrucción
su residencia.
El resto de imputados en la causa son los dos ciudadanos de
nacionalidad rumana, Ion Valentín y Constantin Stan, considerados
autores materiales del asesinato; y el ex gerente del Club Voleibol
Murcia en el que jugó la asesinada, Juan Cuenca, todos ellos en prisión.
Así como María Rosa, que alquiló la casa rural en la que fue asesinada
la pareja y condujo hasta allí a las víctimas y a los presuntos autores,
que no se encuentra en prisión.
El Ministerio Fiscal recurrió la resolución de la jueza en la que
denegaba el auto de libertad para Serafín de Alba bajo fianza de 18.000
euros. Tanto Miguel Ángel de Alba, abogado de Serafín de Alba, como el fiscal solicitaron en su día la libertad para este imputado, pero la
jueza lo denegó. El letrado como el fiscal presentaron el recurso contra
la denegación, que ha sido resuelto.
En los fundamentos de derecho del auto de su puesta en libertad,
el Ministerio Fiscal expone que el rol que se le imputa como "mero
encubridor o auxiliador posterior a las muertes, sin antecedentes
penales, que goza de suficiente arraigo y no concurre indicio alguna que
permita sostener que pueda manipular o destruir pruebas".
Por ello, la Sala entiende que el riesgo de fuga no presenta "la
suficiente intensidad" para que no quepe la sustitución de la prisión
provisional sin fianza por una medida menos aflictiva, como la
solicitada por el fiscal a la luz de las últimas diligencias y de las
circunstancias económicas y personales del procesado.
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