MURCIA.- Más de un centenar de funcionarios de la
administración de Justicia han salido a la puerta de sus centros de
trabajo en Murcia, Cartagena, Totana y Mula, entre otros municipios,
para protestar contra el "desmantelamiento del servicio público de la
Justicia que pretende imponer el ministro del ramo, Alberto Ruiz
Gallardón, siguiendo la convocatoria de CCOO y el resto de sindicatos de
la Administración de Justicia".
Según informaron fuentes de CCOO en un comunicado, "en la línea
privatizadora emprendida por el PP de otros servicios públicos como la
enseñanza y la sanidad, sectores claves, junto con la Justicia, del
estado del bienestar, Gallardón ha decidido atajar los retrasos y el mal
funcionamiento impidiendo a los ciudadanos que accedan a la tutela
judicial en condiciones de igualdad, de gratuidad y de universalidad".
Recuerdan que "primero fueron las tasas judiciales, que han
provocado una disminución del 20 por ciento de asuntos civiles y
contencioso-administrativos en los Juzgados y Tribunales, pasando de
278.943 asuntos registrados en el primer trimestre del año 2012 a
223.464 registrados en el mismo periodo de este año".
"En un solo trimestre alrededor de 55.000 ciudadanos han sido
disuadidos por el Ministro Gallardón y han dejado de acudir a los
tribunales de justicia, en la mayoría de los casos por no poder hacer
frente a las tasas", añade CCOO.
Seguidamente, el Ministro anunció "la privatización de los
registros civiles y de los actos de comunicación y ejecución para
entregar, en el primer caso, sus funciones a los notarios y
registradores de la propiedad y, en el segundo a los Procuradores
(profesionales privados) que además les atribuye la condición de agentes
de la autoridad".
El sindicato señala que estos servicios públicos que hasta ahora
eran gratuitos y desempeñados por personal funcionario de la
Administración de Justicia, "tendrán que ser costeados por el bolsillo
del ciudadano".
Además, CCOO critica que la anunciada reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y de la Ley de Planta Judicial "eliminará los
Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, obligando a los ciudadanos
residentes fuera de las capitales de provincia a trasladarse decenas de
kilómetros, para efectuar sus gestiones ante los Juzgados".
Todas estas reformas, junto con las recientemente anunciadas de
modificación de las Leyes de Jurisdicción Contencioso-administrativa que
prevé "resoluciones extrajudiciales de conflictos y de la Jurisdicción
Voluntaria que traspasa competencias hasta ahora judiciales a los
Notarios", no pretenden otra cosa que "el desmantelamiento injustificado
del servicio público de la administración de Justicia", según CCOO.
Además, pretenden "favorecer el desaforado afán privatizador de
los servicios públicos del Gobierno favoreciendo a los nuevos gestores
privados y castigando otra vez el bolsillo de la ciudadanía", añade.
Para CCOO, las medidas de Gallardón ocultan además "la realización
por parte del ministerio de Justicia de un plan de reordenación de
recursos humanos que puede provocar el despido masivo de personal
interino, unos 12.000 en la actualidad, y la movilidad geográfica
forzosa de miles de funcionarios que trabajan en los registros civiles,
en las sedes de los partidos judiciales y juzgados de paz que se
pretenden suprimir o en los centros que han disminuido su volumen de
trabajo por culpa de la ley de tasas y del resto de recortes
propuestos".
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