MURCIA.- Ecologistas en Acción Región Murciana ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional
(TC), "que aunque llega 11 años tarde, ha terminado por darle la razón a
los grupos ecologistas y sociales de la Región de Murcia en relación al
plan urbanístico de Marina de Cope".
De este modo, según ha explicado la organización, el fallo anula
la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia de 2001. Esta disposición determinaba que los límites de los
Espacios Naturales de la Región de Murcia se debían ajustar a los
límites de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000,
lo que implicó la desprotección de unas 11.502 hectáreas en diferentes
zonas de la Región de Murcia, que ahora vuelven a quedar bajo protección
ambiental.
El Tribunal Constitucional ha basado su fallo en dos
cuestiones principalmente, "la vía inadecuada y torticera con la que se
aprobó la disposición, aportándola a última hora a una Ley del Suelo sin
haber formado parte de la motivación ni discusión de la Ley; y la
inseguridad Jurídica generada con su aprobación".
Así, explican que este fallo "tiene como primera consecuencia
directa la anulación por pleno derecho de la Disposición Adicional
Octava de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia, por lo que los límites de los Espacios Naturales vuelven a
situarse donde estaban en 2001, recuperando 11.502 hectáreas protegidas
ambientalmente".
Como efecto secundario, supone el fin definitivo al Proyecto Urbanístico-Especulativo de Marina de Cope, "y una herida mortal para muchos planes parciales planteados en diferentes municipios de toda la Región", añaden.
Asimismo, han añadido que esta sentencia, junto con la ratificada
del Tribunal Superior de Justicia suponen "dar la puntilla y acabar con
el Modelo Urbanístico de Valcárcel, que no sólo se ha demostrado
desastroso económica y socialmente, sino que ahora se demuestra que era
contrario a la legalidad vigente".
Para concluir, Ecologistas en Acción pide que Valcárcel declare la
anulación del Proyecto Urbanístico; una moratoria urbanística inmediata
en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia, hasta que se depuren
las consecuencias de ambas sentencias; y que se revise de Oficio toda la
planificación urbanística regional y de los 45 ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, para restituir la legalidad urbanística y ambiental
en ellos.
"La asunción de responsabilidades por estas irregularidades en la
política urbanística del Gobierno Regional, cuyas temeridades y errores
hemos de pagar los ciudadanos a costa de perder la financiación para
servicios públicos como sanidad, educación o transporte público",
concluyen.
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