MÁLAGA.- El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López
Caballero ha querido lanzar un "mensaje nítido a la sociedad" y asegura
en su informe final del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta
corrupción en Marbella, que "no podemos permitir que se
repitan" los comportamientos investigados en esta causa. Así, ha dicho
que espera "una sentencia ejemplar" contra estas prácticas de supuesta
corrupción producida en el seno de la administración.
Para el fiscal, la importancia de esta operación radica "en que se
está combatiendo un aspecto de la corrupción muy importante", como es
el del "enriquecimiento ilícito, y en algún caso en concreto
espectacular, de personas vinculadas con la administración pública y que
han hecho del ejercicio de esta actividad pública el modo de
enriquecerse ilícitamente a costa de un soborno reiterado en el tiempo
mediante pagos de empresarios con intereses urbanísticos en Marbella".
En su intervención este lunes explicando los argumentos para
mantener la acusación contra 86 procesados, el representante del
ministerio público ha lamentado que esta operación "no supone un punto y
final a la corrupción en Marbella, es simplemente un punto y seguido",
al apuntar que "15 años de arbitrariedad y corrupción dan para mucho",
aludiendo a otros procedimientos penales que aún están en marcha y a los
procesos de fiscalización a los que fue sometida la administración
local.
El fiscal está analizando cada uno de los puntos de su escrito de
acusación y ha comenzado por el patrimonio del principal acusado y
presunto cerebro de la trama cuando llegó al Ayuntamiento marbellí. Así,
ha dicho que "el perfil objetivo del señor Roca no es el de un señor
multimillonario cuando llega a la corporación municipal", al considerar
que "sería ilógico que un multimillonario tuviera una sociedad en
quiebra por una cantidad pequeña".
"No tiene sentido que una persona de este nivel económico de miles
y miles de millones de pesetas se ponga a trabajar por cuenta ajena en
una sociedad municipal", como hizo éste, ha asegurado la acusación
pública, quien ha apuntado, igualmente, que "no tiene sentido que cobre
el desempleo en el año 91 y 92". En este punto, ha cuestionado la
pericial aportada por el principal acusado, en la que se fijaba el
patrimonio en 1992 en 15 millones de euros.
Por su parte, la mayoría de las defensas han elevado a definitivas
sus conclusiones iniciales, oponiéndose a las acusaciones formuladas.
La defensa del cartagenero Roca sí ha introducido modificaciones en su primer
escrito, aunque ha mostrado su disconformidad con las conclusiones y los
delictivos por los que acusa el ministerio fiscal y el resto de
acusaciones, incorporando como alternativa para determinados convenios
el artículo 426 del Código Penal.
Subsidiariamente, ha considerado que se debe aplicar respecto a
todos los hechos la atenuante análoga de confesión y la análoga de
comportamiento postdelictivo positivo. Además, ha dicho que se hace una
petición análoga por el desarrollo del proceso, en relación con las
causas de nulidad alegadas y en el caso en el que no se estimen, por
"una instrucción del todo irregular, por cumplimiento anticipado de la
pena y por juicio paralelo".
La letrada de Roca, Rocío Amigo, ha reiterado la petición de
nulidad del procedimiento, por investigaciones hechas supuestamente
antes de que se incoara la causa; así como de las intervenciones
telefónicas y de algunos registros, como el de la sede de la sociedad
Maras Asesores, vinculada a su cliente y donde se intervinieron archivos
informáticos con presuntos pagos y cobros, documentación que también ha
sido impugnada.
Asimismo, ha aludido a nulidades producidas durante el juicio, como
la de determinadas pruebas periciales practicadas o documentos
incorporados.
Además, ha alegado indefensión por acusaciones sorpresivas y por
la subdivisión en bloques, que junto con la retransmisión de las
sesiones del juicio, "ha permitido a los agentes un mal uso de esa
información". La mayoría de los letrados se han adherido a las nulidades
alegadas por Amigo.
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