MURCIA.- El
titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que investigaba los
hechos en torno al derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, y la
destrucción de su escudo heráldico BIC, ha procedido a acordar la
APERTURA DE JUICIO ORAL y dar por formulada la ACUSACIÓN contra
Sigifredo Hernández, Presidente de la Junta de Hacendados, otro
directivo y el responsable de la empresa que ejecutaba la obra, “como autores responsables criminalmente, sin circunstancias modificativas, de un delito CONTRA EL PATRIMONIO HISTORICO del art. 323 del Código Penal”, según un comunicado de 'Huermur'.
En el citado auto, se indica también las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados, consistente en:
- 1 año y 9 meses de prisión
- Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
-
Multa de 16 meses, con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 del Código Penal
- Costas
- Responsabilidad civil, indemnización por el valor de los trabajos de restauración del escudo heráldico
Además,
el Juez indica que el órgano competente para el presente caso será el
Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, y que se notifique a los
ya acusados para que muestren su conformidad o disconformidad con la
acusación, además de tener que presentarse mañana día 8 en el Juzgado
para ser notificados.
Por
todo ello, y ante la gravedad de que un cargo público, que ostenta la
representación, tanto de un Tribunal Consuetudinario reconocido por la
Ley del Poder Jucidial y elegido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, como la representación del Alcalde de Murcia en su pedanía al
ser Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz, y
presidente del Partido Popular en la pedanía, HUERMUR exige la inmediata
dimisión de todos los cargos que ostenta.
Ante
la posible negativa de Sigifredo Hernández a abandonar los cargos a los
que se aferra desde hace años, HUERMUR ha remitido varias misivas
informando de estos hechos, tanto al Alcalde de Murcia, para que lo cese
como Alcalde Pedáneo, como a los Comités Regional y Nacional de
Derechos y Garantías del Partido Popular, para que procedan a aplicarle
los nuevos estatutos del partido, le abran el correspondiente
expediente, le retiren su militancia y lo cesen en los cargos que
ostenta.
Desde
HUERMUR se considera inadmisible que se mantenga ni un minuto más en
sus cargos a alguien sobre quién pesan acusaciones tan graves y que de
forma inminente se va a sentar en el banquillo, ya que no es un simple
imputado.
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