MADRID.- El Gobierno admite que, tras la nueva
reestructuración del sector financiero aprobada el pasado viernes en el
Consejo de Ministros, las entidades bancarias cubrirán únicamente la
mitad de su stock inmobiliario si se diera un escenario "muy pesimista"
en el que hasta el 75% de las exposiciones de riesgo normal se
convirtieran en "dudosas o subestándar".
Según se reconoce en la memoria económica que acompaña al decreto
ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector
Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, "las nuevas
previsiones suponen que en un escenario muy pesimista, en el que el 75%
de las exposiciones de riesgo normal se convirtiesen en dudosas o
subestándar, la tasa final de cobertura del stock de activos
problemáticos sería del 50%".
"Ello implicaría que un 90% de los activos ligados al sector
promotor y constructor tendrían una cobertura media del 50%", continúa
el documento, que valora que las medidas incluidas en el decreto ley
permitirán, no obstante, reforzar de forma "considerable" la "confianza y
solvencia del sector".
Además, el Gobierno destaca en la memoria que "la creación de
sociedades gestoras de activos a las que se les exige un alto grado de
profesionalización añadidos a los incentivos que supone la dotación de
provisiones fomentarán la puesta en venta de los inmuebles en manos de
las entidades", algo "esencial" para "reajustar los precios" de la
vivienda.
Por otra parte, el documento recoge que el impacto presupuestario
máximo derivado de este decreto ley será de 15.000 millones de euros
derivados del "incremento de la dotación del FROB" y que se financiarán
con cargo a la partida de activos financieros de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE).
Esto es así porque algunas de las entidades que no sean capaces de
cumplir con las nuevas obligaciones exigidas por el Ejecutivo tendrán
que acudir al FROB para cubrir las provisiones. Pese a este coste para
el erario público, el Gobierno defiende su decisión de optar por esta
vía alegando que la posibilidad alternativa de implantar un esquema de
protección de activos suponía una "mayor complejidad" y un "posible
mayor coste para el contribuyente".
Además, asegura que el decreto ley no tendrá impacto sobre las
leyes de la competencia ya que, aunque incentiva las integraciones de
las entidades financieras por la vía de la fusión fundamentalmente,
estos ajustes serán "consecuencia de los nuevos requerimientos
prudenciales exigidos".
"Los efectos singulares de cada operación de
integración se evaluarán en aplicación de la normativa de competencia
correspondiente", concluye la memoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario