MURCIA.- La Consejería de Educación se enfrenta a una investigación del Tribunal de Cuentas por las supuestas irregularidades cometidas en la ocupación de seis centros sin la perceptiva acta de recepción de las obras y la aprobación de varias ampliaciones de proyectos de construcción de centros de enseñanza, a pesar de los informes negativos de la Intervención General y el Consejo Jurídico de la Comunidad.La intervención del órgano fiscalizador se ha producido a raíz de una denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón Hernández, basándose en las informaciones publicadas en el diario La Verdad.
El letrado recibió a comienzos de este mes una notificación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en la que se le comunicaba la apertura de diligencias preliminares por los hechos denunciados, y se concedía un plazo de cinco días para que se pronunciaran sobre ellos al Ministerio Fiscal, al abogado que ha ejercido la acción pública y a la Comunidad Autónoma.
La denuncia expone las posibles responsabilidades contables cometidas por la Consejería de Educación al incumplir supuestamente varios preceptos legales en la contratación y ocupación de varios centros educativos, según publica hoy La Verdad.
Es el caso de las modificaciones realizadas en los proyectos de construcción del nuevo instituto de Pozo Estrecho (Cartagena) y la ampliación del colegio público Sagrado Corazón, de Lorca. Ambos modificados encarecieron las obras en 687.553,41 euros (algo más de 300.000 euros cada proyecto) y tanto el interventor de la Comunidad Autónoma como el Consejo Jurídico concluyeron que vulneraban la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El consejero de Educación, por entonces Juan Ramón Medina Precioso, aprobó los modificados el 22 febrero de 2008 y el 1 agosto siguiente recibieron a su vez el visto bueno del Consejo de Gobierno, a pesar de la existencia de los informes que indicaban que ambos proyectos eran ilegales.
De igual forma, el interventor y el Consejo Jurídico reprobaron en varios informes que la Consejería de Educación permitiera en septiembre de 2008 la ocupación por los alumnos y el personal docente de seis centros educativos sin haber suscrito antes las actas de recepción de las obras, sin la preceptiva fiscalización previa del acto y sin la comprobación de las obras, «con el consiguiente riesgo», apunta el Consejo Jurídico.
Tras el análisis de los hechos expuestos en la denuncia, el Tribunal de Cuentas podría decidir la apertura de juicio contable o bien el archivo de la causa.
4 comentarios:
De Ramon ole tus guevos que nos cuentas de la CAM.
Enhorabuena, de Ramón. Por cierto, ¿dónde están en esto los sindicatos? Comisiones, con su habitual doble juego... y chupando. UGT, pensándoselo. STERM, posiblemente pensándolo más. Y otros, chupando del bote mucho más aún en base a cursos para seguir manteniendo el tipo organizativo. ¿Dónde está la capacidad de reacción de la sociedad civil ante estos hechos?
¿Dónde están encarcelados o cuando penados imputados o condenados todo esos presuntos? Hágase ya la lista.
¿¿y de la presunta venta de agua alegal en Fuente Alamo de manos de pprimerisimos familiares de su PPrimera Edil, ¿Qué se sabe? ¿Quién los protege??
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