El alcalde de Totana seguirá detenido mientras la juez deja en libertad a la secretaria general

TOTANA.- El fiscal del caso Totana, José Luis Díaz Manzanera, solicitó anoche a la juez Navarro Artero, y consiguió, prisión incondicional sin fianza para el actual alcalde y ex concejal de Urbanismo, José Martínez Andreo, del PP, tras más de seis horas de declaración, según nota del TSJ, mientras la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, quedaba en libertad provisional mediante fianza de 20.000 euros.

La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil.

El fiscal que investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis Manzanera, había solicitado poco antes para Martínez Andreo prisión incondicional sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y prevaricación. El detenido fue conducido inmediatamente, a las 2,20 horas, en un vehículo de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Sangonera, a escasos 25 kilómetros de Totana, donde ha pasado ya el resto de la noche en el módulo de ingresos.

Martínez Andreo (en la imagen) está siendo investigado por su anterior etapa como responsable de Urbanismo siendo alcalde de Totana Juan Morales, según fuentes de la investigación. En su declaración ante la juez han salido a relucir «muchos favores» que éste podría haber atendido desde su responsabilidad municipal anterior. La situación de Martínez Andreo podría comprometerse si se confirman los contenidos de «numerosas grabaciones telefónicas» realizadas por la Guardia Civil en los últimos meses.

El actual alcalde debe aclarar su participación en la supuesta falsificación de un documento público porque, de momento, se le ha relacionado directamente con el presunto cobro de comisiones por favores urbanísticos y presuntas decisiones injustas a sabiendas que lo son. Se le acusa de once posibles delitos, entre otros, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o blanqueo de capitales.

La juez Asunción Navarro ha dejado, pues, en libertad a once de las doce personas detenidas inicialmente, unas con y otras sin fianza, cuando parece que el caso, una vez instruido, pasará hoy a manos del la Sala de Lo Penal del TSJ al aparecer una persona aforada, el diputado autonómico y ex alcalde Juan Morales.

Martínez Andreo fue trasladado a los juzgados de Totana después de permanecer 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, donde fue interrogado acerca de la venta de unas parcelas del polígono industrial, del supuesto cobro de favores y de los contenidos de varias escuchas telefónicas, una de ellas relacionada con un almuerzo mantenido con el promotor gallego Manuel Núñez, que también ha sido detenido en esta operación, y puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La permanencia del alcalde durante 18 horas en las dependencias judiciales estuvo rodeada de cierta tensión en la calle, donde se llegaron a congregar simpatizantes y amigos para darle su apoyo. Entre los 250 manifestantes vociferantes, el resto de miembros de PP en la Corporación municipal de Totana.

Los insultos y las amenazas puntuales a los periodistas destacados en Totana continuaron durante toda la jornada del domingo hasta requerir la protección por parte de la Guardia Civil, que creyó conveniente ofrecerla el ante el cariz tomado por los acontecimientos y lo exaltado de los ánimos.

El primero en declarar, tras llegar a las 7,30 horas, fue el empresario y ex-concejal Juan Francisco Casanova, quien quedó en libertad provisional con fianza de 20.000 euros. Después la secretaria general del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, también quedó en libertad provisional con cargos y una fianza de 20.000 euros para evitar la prisión preventiva por presunto falso testimonio y supuesta falsificación de documento público.

El empresario local y ex concejal de Agricultura fue el primero en abandonar los juzgados por una puerta trasera mientras Laura Bastida también fue luego objeto del apoyo de los vecinos cuando salió del edificio por la puerta posterior, acompañada de su letrado. Ambos tienen que comparecer semanalmente en el juzgado nº 1 de Totana.

La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso y que afecta a las doce personas detenidas.

La relación incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana.

El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la juez estableció para P.J.M.R. libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para D.C.C. y para A.C.L. libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, J.A.A.N., J.C.A., G.M.N., P.J.M.G., la juez decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, J.A.G.C libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego M.N.A. prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento.

La juez ha dejado en libertad sin fianza a: José Antonio Carrocera, Pedro Martínez, Alfonso Canales, David Carrión y Juan Francisco Casanova.

Y bajo fianza, Manuel Núñez Arias: 150.000 euros; Pablo José Maceira, entre 30.000 y 120.000 euros; Joaquín Carmona entre 30.000 y 120.000 euros; José Antonio Alcántara, entre 30.000 y 120.000 euros. Gabriel Martínez, entre 30.000 y 120.000 euros. Carmen Jordán y Vaneide Freita, entre 30.000 y 120.000 euros. Y Laura Bastida fianza de 20.000 euros.

También se ha sabido que el abogado y militante del PP, Javier Cegarra, es actualmente asesor urbanístico, al menos, en los ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Lorquí, Santomera y Totana, todos ellos gobernados por el PP.

Este partido, y su presidente, Ramón Luis Vacárcel, mantienen silencio ante el encarcelamiento de uno de sus alcaldes, a quien ni le piden su dimisión ni tampoco le expulsan de la formación pese a las solicitudes de la Oposición en ese sentido.- (NEM)

Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, ante la entrada en prisión, esta madrugada, del Alcalde de Totana, dictada por la titular del Juzgado número 1, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

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"Pedimos al pueblo de Totana que mantenga la serenidad y bajen los niveles de crispación, que solo harán empeorar la situación ya de por si confusa.

La Institución municipal y el buen nombre de Totana, está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico.

Si existe responsabilidad en los escándalos en las que este pueblo, personas concretas, empresas y familias, se encuentra inmerso, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos.

Ante la actuación de la Justicia, Fiscal y la Guardia Civil, no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpas hacía los periodistas y medios gráficos, que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones.

Ante la situación del Alcalde, José Martínez Andreo, y respetando siempre su presunción de inocencia, debe presentar su dimisión de inmediato, para poder defenderse, sin suponer un lastre para el Ayuntamiento de Totana, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular, el pasado 27 de mayo.

La situación jurídica de la secretaria, Laura Bastida, para la que se decretó prisión, atenuada con fianza, es insostenible como funcionaria máxima en la Institución que representa a los totaneros y totaneras. Un cargo de ese nivel, acusada de presunta falsedad en documento público y falso testimonio, debe cesar de inmediato en sus funciones, por el buen nombre de los funcionarios y la Institución.

Solicitamos que el Jefe de la Policía Local, sea relevado de su puesto, en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia.

Solicitamos a los miembros del Equipo de Gobierno, que estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho.

Exigimos al Partido Popular en la Región, que adopte medidas urgentes, porque el buen nombre de Totana, no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente.

Exigimos al Diputado del PP, Juan Morales, que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, salga de la “gatera” que ha convertido un puesto que los ciudadanos le dieron para defender su cargo con honestidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia, para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho. Debe, hoy mismo, hacer un favor al pueblo y la región que tanto dice querer, cerrando su triste y patética carrera política".

El edil de Urbanismo de Totana dirigirá el Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, ha asumido la dirección de la corporación municipal, después de que la titular el Juzgado número uno de esta localidad decretase prisión provisional sin fianza para el alcalde, José Martínez Andreo, del PP, cuyo abogado, José Antonio Ramos, ya prepara un recurso contra el auto judicial.

Según informaron fuentes del ayuntamiento de Totana, la corporación municipal se encuentra reunida en la sede consistorial desde primera hora de la mañana estudiando la situación derivada de la 'operación Tótem', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Añadieron que, "por protocolo de funcionamiento", Juan Carrión, como primer teniente de alcalde de Totana, sustituye ahora al regidor municipal, aunque la corporación está decidiendo el futuro del Ayuntamiento.

Martínez Andreo presentó esta tarde, lunes, solicitud de baja cautelar en el PP, mientras también se ha sabido que el oficial jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, según la Cadena SER, es investigado por presunto robo de documentación judicial relacionada con casos de corrupción urbanística hallada en su caja fuerte y por presunta falsificación de documento público.- (Agencias)