MADRID.-
El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante.
Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar,
otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del Ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar".
Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.
La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.
Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.
URBANIZACIONES EN EL BANQUILLOLas máquinas han comenzado a mover tierra y arrancar árboles en un paraje del sur del término municipal de Orihuela (Alicante) para levantar "un pequeño y tranquilo pueblo mediterráneo" de 2.286 casas, anuncia la publicidad de la promotora Colinas Golf. La urbanización tendrá vistas a un campo de golf y al futuro parque natural de la Sierra Escalona, cuyos límites se han ajustado a este proyecto, el PAU-21. ¿Y agua? Como en el caso de decenas de planes en localidades de la Comunidad Valenciana, sobre el plan pesa la duda de si habrá recursos suficientes para los residentes.
Ecologistas en Acción lo ha llevado a los tribunales y esgrime un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que advirtió en diciembre de 2005, justo antes de que se aprobara la urbanización, de "que no está garantizada el agua", explica el portavoz en Alicante, Carlos Arribas. La promotora lo niega: "La tramitación se ha ajustado a la más estricta legalidad y tiene todos los informes favorables".
En la polémica tercia el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exhibe un informe positivo de 2003 de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que abastece a municipios de Alicante y Murcia- y acuerdos para usar agua depurada en el campo de golf. Fuentes municipales apuntan que el proyecto ya estaba previsto en el plan general urbano de 1990 e interpretan que la confederación se limitó a recordar que debe contar con las pertinentes concesiones para abastecimiento. "Hay agua", aseguran.
Pero Manuel Aldeguer, comisario de Aguas en la cuenca del Segura, la más deficitaria de España y dependiente del trasvase del Tajo, avisa tajante: "En el Segura no hay agua para nuevas demandas" si no la aportan las desaladoras puestas en marcha o planificadas. Mientras la justicia investiga, la obra en Orihuela continúa.
La polémica se reproduce en otros municipios cuyos planes de expansión han acabado en los juzgados. En La Nucía (Alicante), con 33.000 habitantes, el Tribunal Superior de Justicia paralizó en marzo de forma cautelar el programa de actuación urbanística de La Serreta, con 3.884 casas en plena huerta.
El informe de la confederación correspondiente, la del Júcar, ve insuficiente la garantía de recursos y el tribunal afirma que el Consistorio no ha demostrado lo contrario. "Estamos totalmente tranquilos", responde el alcalde, Bernabé Cano, del PP, que aportará nuevos datos para que se retire la suspensión cautelar pedida por una formación política independiente. Hay pozos en el sector, la urbanización gastará menos agua que con el riego de los cultivos actuales y el campo de golf, que será municipal, se regará con recursos depurados, presume el alcalde.
El grupo Ballester, que promueve el plan, añade que no se hubiera arriesgado a presentarlo "sin garantías de abastecimiento". "Somos escrupulosos", dice su director de comunicación en Alicante, Orlando Torregrosa.
La constructora también lidia con recursos judiciales contra otros planes que impulsa en la provincia, lo que acarrea "retrasos y perjuicios financieros importantes", apunta Torregrosa. "Nos preocupa también el daño a la imagen, porque planea una sombra de duda sobre la empresa cuando está cumpliendo con los trámites que marca la ley", añade. Los jueces tendrán la última palabra.
www.elpais.com
