El estudio, elaborado por la red mundial de firmas de servicios profesionales PriceWaterhouseCoopers (PwC), indica que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en 2024, lo que supone un 5,8 por ciento más que en 2019.
También valora el impacto que tiene el uso de aguas subterráneas en agricultura, y, en este sentido, indica que éstas fueron responsables de producir casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en un impacto de 668 millones de euros en PIB y 31.428 puestos de trabajo.
El documento ha sido presentado en un acto en el que han participado el jefe del Ejecutivo regional murciano, Fernando López Miras; la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), entre otros.
Durante su intervención, López Miras ha afirmado que "la hoja de ruta del Gobierno central en materia de agua condena a la Región de Murcia a la sequía, y cuando hablo de sequía no me refiero sólo a agua, sino también a la sequía social y económica".
Esa hoja de ruta del Gobierno de España, ha precisado, tiene como ejes "el recorte del 50 por ciento del trasvase y el cierre de numerosos acuíferos" que permiten el riego de zonas agrícolas, todo ello desde 2027.
Ante esas amenazas que
"condenan nuestro futuro", el presidente ha asegurado que "no vamos a
permitir esta tropelía, y el Gobierno de la Región de Murcia va a estar
al lado de los agricultores y regantes".
En referencia al
"hachazo" al trasvase, López Miras ha criticado que "es una barbaridad
que no se puede permitir la Región de Murcia como sociedad. Con este
tema no se lo juegan todo los agricultores y los regantes, sino que se
lo juegan todo los ciudadanos de la Región de Murcia".
Para el
presidente, la carencia de recursos hídricos derivada del recorte del
trasvase se hará mucho más grave con el cierre de acuíferos a partir de
2027, y esta decisión "va a suponer que haya 28.000 hectáreas para
agricultura menos, 400 hectómetros cúbicos menos, hasta 700 millones de
euros de pérdidas y la destrucción de casi 30.000 puestos de trabajo".
El Ministerio, según la Comunidad, no ha planteado ninguna solución
que pueda suplir en tiempo y forma los recursos hídricos que se
perderían con el cierre de los acuíferos. Esta situación afectaría
especialmente al Altiplano, que depende en mayor medida de las aguas
subterráneas.
"Algo tan importante como la gestión del agua es
competencia del Estado, pero el Gobierno de España esté haciendo
dejación de funciones y permitiendo el enfrentamiento entre comunidades
autónomas", ha lamentado el jefe del Ejecutivo regional.
Por
lo que respecta al estudio presentado por los regantes, López Miras lo
ha calificado como "serio y riguroso" y ha agregado que "muestra la
importancia que tiene el trasvase Tajo-Segura no sólo para la
agricultura, sino para la Región como sociedad y para España también. La
trascendencia del trasvase va más allá de un sector o de un
territorio".
En este sentido, el máximo responsable autonómico
ha trasladado su agradecimiento al Sindicato Central de Regantes y a su
presidente, Lucas Jiménez, "por pasar de las palabras a los hechos" y
"liderar la reivindicación" frente al recorte del trasvase. En esta
tarea, ha añadido, "el Gobierno regional estará a su lado".
Lucas Jiménez, por su parte, ha señalado que el informe incluye "cifras
en positivo muy importantes" sobre el impacto económico del trasvase
Tajo-Segura en el sureste del país.
Sin embargo, ha advertido
sobre posibles consecuencias negativas derivadas de la reducción
planificada de aguas subterráneas a partir de 2027 al afirmar que esos
datos, que hablan de creación de empleo, de competitividad, de
sostenibilidad, de sumideros de CO2, pueden dividirse por la mitad" si
se aplica la reducción del 50% prevista en el plan de cuenca.
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