Investigan a seis vecinos de Mazarrón por construir en terrenos de especial protección

 MAZARRÓN.- La Guardia Civil ha instruido diligencias contra seis vecinos de Mazarrón como presuntos autores de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, por promover obras de construcción en suelos catalogados de especial protección.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita abrieron la operación 'Hormigón' a principios de año y realizaron una serie de inspecciones con el objetivo de detectar posibles construcciones ilegales en terrenos protegidos, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

En Mazarrón, los efectivos hallaron seis construcciones acometidas en terrenos protegidos cuya ejecución carecía de legalidad. 

En concreto, las actuaciones denunciadas correspondían a una vivienda unifamiliar en construcción, la reforma y ampliación de otra, el acondicionamiento y vallado de un terreno para la construcción de un camping y el acondicionamiento y desmonte de una zona con la finalidad de realizar actividad agrícola.

En otra finca inspeccionada en el mismo municipio se había realizado la extracción de áridos para la habilitación de un camino.

Todas las obras se encontraban en suelos de especial protección, teniendo las protecciones entorno BIC (Bienes de Interés Cultural), protecciones paisajísticas por las directrices del litoral y protecciones arqueológicas y protección por riesgo a la minería, entre otras.

Ninguna de estas obras podría ser objeto de legalización y, además, estos hechos están recogidos como infracciones muy graves a la ley 13/2015, de 30 marzo, de la Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

Los guardias civiles comprobaron que estas actividades atentaban contra la naturaleza del suelo y vulneraban la normativa urbanística donde, según los informes técnicos, los terrenos afectados por las obras ejecutadas resultaban incompatibles con el planeamiento, conforme al Plan General Municipal de Ordenación.

Cabe recordar que el Código Penal, en sus artículos 319 y 320 sobre delito de ordenación del territorio y urbanismo, establece que se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será tanto al triple del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.