MADRID.- Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de
Negociación del Ministerio de Justicia han reprobado este viernes la
actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su
presidentes, Carlos Lesmes, en la crisis sanitaria provocada por la
pandemia del coronavirus y recuerdan que el órgano de gobierno de los
jueces no tienen competencias sobre los funcionarios de la
Administración de Justicia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ),
Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General del Trabajadores (UGT), la
Confederación Intersindical Galega (CIG) y Euskal Sindikatua (ELA) han
emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que el CGPJ se ha
“atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios
personales y de prevención de riesgos laborales”.
Señalan que el órgano de gobierno de los jueces, en las acciones
relativas con la gestión de la actividad judicial durante el estado de
alarma por el coronavirus, por el que se han fijado la prestación de
unos servicios esenciales, ha intentado “imponer su criterio de manera
despótica, comportándose de forma desleal con el resto de
administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría
del personal de la Administración de Justicia”.
En este sentido, las seis organizaciones sindicales apuntan que los
Comités de seguimiento del Covid-19 creados por parte de la Comisión
Permanente del CGPJ en el seno de cada uno de los Tribunales Superior de
Justicia carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en la
gestión de los funcionarios de Justicia. Por tanto, aseguran que los
acuerdos del Poder Judicial son “nulos careciendo de validez alguna para
ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”.
Así, acusan a la Comisión Permanente de haber empleado una “táctica
de sabotaje” para impedir que se cumplan las resoluciones del Ministerio
de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas en la
materia.
Asimismo, denuncian que esta “injerencia” del CGPJ en este sentido
está poniendo “en riesgo la salud de los miles de funcionarios de
Justicia y de la ciudadanía en general” al pretender “obligar a
desplazamientos y presencias innecesarias” en los juzgados, mientras que
ha recomendado el teletrabajo para jueces y magistrados.
El CGPJ acordó el pasado 31 de marzo encargar a las mencionadas
Comisiones de Seguimiento de los Tribunales Superior de Justicia que si
constatan la dificultad de prestación de los servicios esenciales por
falta de dotación de personal presencial, interesen de las
Administraciones prestacionales “a la mayor urgencia la adopción de las
decisiones oportunas para que la tutela judicial quede plenamente
garantizada”.
Todo ello a raíz de que el Ministerio de Justicia dictara una
resolución para la adaptación del real decreto que paraliza la actividad
no esencial para luchar contra la propagación del coronavirus, por lo
que permitió que los funcionarios de la Administración de Justicia que
no tengan por qué acudir al juzgado estén localizables en sus domicilios
para incorporarse en su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible
para prestar cualquier actuación señalada como servicio esencial y que
no pueda realizarse a distancia.
Por ello, las organizaciones sindicales consideran que el CGPJ ha
emitido “juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones
establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios
personales en la Administración de Justicia” sin ofrecer datos de cargas
de trabajo.
Otro choque con el CGPJ
Los sindicatos también recuperan un episodio anterior, que tuvo lugar
en los primeros días del estado de alarma, el pasado 19 de marzo,
cuando el órgano de gobierno de los jueces ya rechazó los planes de
disponibilidad no presencial de funcionarios planteados por algunas
comunidades autónomas, antes de que el Ministerio de Justicia asumiera
todas las competencias para la gestión del personal en todo el
territorio español–.
El CGPJ consideró que de este modo se impediría en la práctica la
efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta
prestación de los servicios esenciales previstos.
Sobre este asunto, los sindicatos judiciales subrayan que el órgano
que preside Lesmes “aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados
públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas”, en las que,
según dicen, “se les acusaba de falta de profesionalidad”.
“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado
cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y
no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en
coordinación real y leal con el resto las administraciones
prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados
públicos”, agrega el comunicado.
Con todo ello, piden al Ministerio de Justicia y a las Comunidades
autónomas con competencias transferidas que “continúen poniendo freno a
esta irresponsabilidad del CGPJ”.
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