La expulsión de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea,
avalada por los servicios jurídicos de la Cámara y adoptada de forma
unánime por todos los partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado,
dejó en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que
revelan una particular forma de gestionar las asuntos públicos en la
Región.
El punto en común es el dictamen presentado en la Asamblea por
la exalcaldesa para evitar la pérdida de su escaño. Que se defendiese
entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con
un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a través de su
secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino
estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe,
seguía en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricación a nueve
años de inhabilitación.
Solo veo dos explicaciones a ese uso
institucional de la Corporación: o una falta total de luces para ejercer
cargos públicos o una ausencia clamorosa de decoro cívico, ambas
inhabilitantes desde el punto de vista político. El susodicho dictamen, a
la postre fallido, advertía de posibles acciones legales por
prevaricación contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional
si se consumaba la expulsión de Toledo. Suena fuerte, pero fue así. Lo
más chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la
Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante José
Muñoz Clares.
Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego
pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en
rutinario el cobro por servicios jurídicos de defensa frente a casos de
corrupción, a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de
la comunidad docente universitaria.
Uno de los objetivos de la OTRI es
la formalización de contratos y convenios de prestación de servicios en
conocimiento y de investigación bajo demanda, de los cuales un 10% del
montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo
nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades
públicas debe ser una obligación trasladar los resultados de sus
investigaciones a la sociedad y conseguir vías propias de financiación.
Pero empieza a ser difícilmente digerible, por muy legal que sea,
constatar cómo la UMU sigue recaudando, a través de contratos con la
OTRI, por servicios de asesoría y defensa que realiza el catedrático de
Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Matías Carrillo, Higinio
Pérez Mateos o Francisco Marqués, o el grupo del profesor Muñoz Clares,
quien ha representado a varios imputados por el caso ‘Umbra’ e interpuso
una querella fallida por prevaricación, en nombre del imputado Joaquín
Peñalver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David
Castillejos.
El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el
último ejemplo de esta dudosa aportación social de la UMU.
A ver si el nuevo rector responde a las expectativas y aleja a la UMU mañana lunes del lodazal de la era anterior
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