lunes, 2 de noviembre de 2026

La Guardia Civil destapa dos casos de furtivismo en la comarca del Noroeste



CARAVACA DE LA CRUZ.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con agentes medioambientales de la CARM, han desarrollado en la comarca del Noroeste la operación 'Puntas', una investigación iniciada para luchar contra el furtivismo, que ha llevado a los especialistas del SEPRONA a detectar y esclarecer dos casos de caza ilegal en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla. 

Un cazador furtivo ha sido detenido y otro investigado, ambos como presuntos autores de delito contra la flora y la fauna, por la caza ilegal de venados adultos, quienes, además, han sido denunciados por varias infracciones en materia de caza.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil abrieron la operación hace unas semanas, cuando varios titulares cinegéticos alertaron de que, con ocasión de la conocida berrea periodo de celo del ciervo en el que los machos adultos emiten potentes bramidos para atraer a las hembras, se estaban produciendo actuaciones de furtivismo por diferentes zonas de la comarca del Noroeste murciano.

Los guardias civiles se coordinaron con agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) de Moratalla, con la finalidad de controlar y, en su caso, erradicar la práctica ilegal del furtivismo, que estaría mermando significativamente la población de ejemplares de ciervos machos adultos.

En el marco de esta coordinación, ambos cuerpos establecieron un amplio dispositivo que incluía, entre otros, una intensificación de los servicios nocturnos prestados en la zona para detectar estas actividades ilícitas.

Fruto del dispositivo se han detectado dos casos graves de furtivismo. El primero de ellos hace dos semanas, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz localizó a un cazador furtivo que acababa de abatir un ciervo macho adulto, de catorce puntas a escasos metros de otros dos cazadores.

El cazador furtivo, tras el disparo, huyó del lugar a zona de monte. Tras detectar los hechos, los guardias civiles iniciaron un dispositivo de búsqueda con una batida por la zona. A un kilómetro aproximadamente del lugar, los especialistas del SEPRONA observaron un vehículo estacionado y, a escasos metros de este, una funda de rifle depositada en el suelo.

Este hallazgo alertó a los guardias civiles y permitió recabar numerosos indicios que condujeron a identificar al presunto furtivo. Las pesquisas practicadas permitieron constatar que el sospechoso no contaba con autorización de ningún coto de la zona para practicar el ejercicio de la caza, por lo que finalmente fue localizado y detenido como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.

La pasada semana, aún con el dispositivo preventivo activo, una sociedad de cazadores de Caravaca de la Cruz denunció ante la Guardia Civil que un cazador, al parecer, furtivo había difundido un vídeo en una popular red social en el que alardeaba de abatir un ciervo adulto macho de once puntas, en un acotado, propiedad de la sociedad, careciendo de autorización.

Los especialistas del SEPRONA pusieron en marcha de nuevo una investigación para verificar y, en su caso, esclarecer los hechos. Los guardias civiles ubicaron el lugar donde se había grabado el vídeo y verificaron que se correspondía con una zona del coto de la sociedad de cazadores, por lo que se constató que el sospechoso practicó la caza de forma ilícita, al carecer de autorización.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha localizado e investigado al cazador furtivo, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra la flora y la fauna, por caza ilegal. Además, a ambos cazadores se les ha denunciado por varias infracciones administrativas recogidas en la normativa de caza.

La Guardia Civil ha contado con la colaboración de agentes medioambientales de la CARM y de cazadores de la zona, que ha sido determinante para el esclarecimiento de los hechos.

Los autores de este tipo de delitos son castigados con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.

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