El PP pide un inventario "serio" del suelo disponible para impulsar la vivienda frente al PSOE que prioriza suelo público

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP a la moción del PSOE sobre destinar de forma preferente el suelo público a la construcción de vivienda, y ha respaldado la propuesta de los 'populares' de elaborar un inventario "serio" del suelo disponible, público y privado, y de su situación administrativa y urbanística.

El diputado del PP Antonio Landáburu ha defendido que la alternativa de su grupo pasaba por acuerdos con los ayuntamientos "con contenido", con responsabilidades claras y calendario, y por disponer de un inventario actualizado que refleje el estado real del suelo, tanto público como privado, para planificar con "método, ejecución y plazos" y aumentar la oferta de vivienda.

Según ha señalado, el problema de la vivienda tiene que ver con la oferta y con los tiempos de tramitación, por lo que ha insistido en la necesidad de agilizar planeamientos y licencias y de conocer con exactitud qué suelos están disponibles y en qué situación se encuentran antes de adoptar decisiones.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha defendido la moción de su grupo al considerar que destinar suelo público a vivienda bajo control público permitiría aumentar el parque público y contener la especulación.

Ortega sostiene que en la Región el peso de la vivienda pública es "mínimo" y ha reclamado una intervención decidida para facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.

En cuanto al resto de grupos parlamentarios, la diputada María Marín, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde integrada en el Grupo Mixto, ha advertido de que el concepto de "vivienda asequible" puede resultar ambiguo y ha defendido hablar expresamente de vivienda protegida y de promoción pública.

Vox, a través del diputado Ignacio Arcas, ha cuestionado que destinar de forma preferente todo el suelo público a vivienda sea la única solución y ha defendido criterios de "eficiencia" en la gestión municipal, planteando que la venta de suelos de alto valor podría permitir invertir en otros más económicos para construir más vivienda.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción del PSOE de apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que según los socialistas supondría un incremento anual de 1.188 millones de euros para la Región.

La iniciativa solo ha contado con el respaldo del PSOE y la abstención del Grupo Mixto.

La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha defendido que lo que se votaba eran "1.200 millones de euros más cada año" y ha advertido de que rechazarlos implica renunciar a recursos para sanidad, educación o dependencia.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha rechazado el modelo al considerar que no resuelve la infrafinanciación y ha defendido un sistema pactado en el ámbito multilateral.

Vox ha vinculado la propuesta a acuerdos políticos y ha reclamado un modelo común para todas las comunidades.

Asimismo, el Pleno ha rechazado la moción del Grupo Mixto sobre el pago de las ayudas al alquiler para jóvenes y ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP.

La diputada María Marín ha denunciado que los jóvenes con ayudas concedidas no han cobrado por "falta de fondos" y ha reclamado ampliar la dotación para abonar las cuantías pendientes.

Desde el PP, Landáburu ha defendido que las ayudas deben llegar "a tiempo" y ha planteado aprovechar remanentes y flexibilizar requisitos en futuras convocatorias.

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha preguntado "dónde están" los fondos transferidos por el Gobierno de España para el bono alquiler joven y ha criticado la gestión del Ejecutivo regional. Mientras que Vox ha reclamado mayor celeridad en los pagos.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción de Vox sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso a servicios públicos de calidad, que solo ha contado con el apoyo de ese grupo.

En ese debate, Vox ha defendido que la Región "siempre ha estado infrafinanciada" por PSOE y PP y ha rechazado, en paralelo, lo que ha calificado de "regularización masiva" de inmigrantes en situación irregular.

En su intervención, Vox ha pedido "deportar" a los inmigrantes ilegales, expulsar "de forma inmediata" a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan, y devolver a los menores no acompañados "con sus padres" a sus países de origen.

También ha reclamado el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados y la "transparencia" en los datos de inmigración, con detalle de cuántos son, cuánto cuestan y en qué centros se encuentran.

Además, ha defendido modificar las leyes para establecer una "prioridad nacional" en el acceso a prestaciones y servicios y ha planteado impedir prácticas culturales contrarias a "los principios fundamentales" de la sociedad.

El PSOE, a través de Toñi Abenza, ha acusado a Vox de "normalizar el racismo" y ha defendido que la seguridad se construye con Estado de Derecho, cohesión social y servicios públicos fuertes, y no con "expulsiones colectivas".

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad y ha apostado por una política migratoria basada en "humanidad y control", con coordinación nacional, rechazo de regularizaciones "colectivas" y expulsión de quienes cometan delitos graves o reincidan.