La Asamblea Regional pide un plan de choque para reducir las demoras en dependencia

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una iniciativa para pedir un plan de choque para afrontar el colapso del sistema de dependencia en la Comunidad, después de que la Región haya alcanzado una demora de 563 días para realizar las valoraciones y de 242 días para conceder la prestación.

La iniciativa, del Grupo Mixto, ha recibido el apoyo de PSOE, Vox y Grupo Mixto y el rechazo del PP.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha alertado de que Murcia se ha convertido en la comunidad autónoma con peor cumplimiento y ha denunciado la existencia de una "lista limbo" en la que miles de personas han visto reconocido su derecho sin recibir prestación o servicio alguno.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que en lo que va de año han fallecido 1.394 personas en esa lista de espera, "casi cuatro al día", y ha atribuido el colapso a la insuficiencia de Equipos de Valoración y a la falta de personal en los servicios sociales municipales, que han tenido que emitir informes sin refuerzos pese al aumento de expedientes.

El plan aprobado ha propuesto duplicar o triplicar los equipos de valoración, financiar refuerzos municipales y unificar en un solo procedimiento la resolución del grado y la asignación de prestación, una fórmula ya implantada en Castilla y León.

La diputada del Grupo Mixto María Marín ha apoyado el plan y ha señalado que la situación es "vergonzosa", al existir "más de mil fallecidos al año" esperando una prestación. Marín ha criticado que la Comunidad "no haya explicado" el destino de los fondos estatales de dependencia y ha advertido de que "no respalda" enmiendas mientras haya personas muriendo sin atención.

Desde el PSOE, Toñi Abenza ha explicado que la iniciativa "es imprescindible" para revertir la situación y ha aclarado que la Ley de Dependencia "no fija un reparto del 50% entre Estado y Comunidad", por lo que ese porcentaje -ha dicho- "no puede utilizarse como argumento para justificar demoras autonómicas".

Por parte de Vox, María José Ruiz ha apoyado la moción al afirmar que el sistema "ha quedado colapsado, lento e inhumano" y ha recordado que 16.348 personas siguen esperando respuesta, mientras "tres murcianos al día han fallecido sin prestación".

El PP, a través de Miguel Ángel Miralles, ha votado en contra y ha culpado al Gobierno central de no haber transferido fondos "en tiempo y forma". 

Miralles ha sostenido que los recursos estatales han llegado en noviembre, lo que "ha impedido contratar valoradores", y ha insistido en que la Comunidad ha incrementado con recursos propios las ayudas a cuidados familiares, con 16 millones adicionales en 2024 y cinco más este año.

El Pleno también ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno central a iniciar la planificación y construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, así como a concretar el destino de los casi 32 millones de euros aprobados en 2023 para derribo y reconstrucción.

María Casajús, del PP, ha denunciado que desde el 27 de agosto de 2023, cuando comenzó la demolición, "813 días de retrasos, mentiras e incumplimientos" se han acumulado, y que los agentes han tenido que trabajar en dependencias provisionales "muy por debajo de lo que merecen".

También ha recordado que el plan inicial de reforma se ha convertido en un derribo total sin planificación de obra posterior, y que el Plan de Infraestructuras 2023-2028 del Ministerio "no ha incluido" Cartagena.

Casajús ha repasado la cronología: la promesa de 11 millones en 2019, de la que el Plan solo ha recogido siete; la confirmación de 2021 de que el cuartel se reconstruiría en la misma parcela; el anuncio en 2022 de un presupuesto de 9,5 millones; y la aprobación en 2023 de casi 32 millones.

Sin embargo, la diputada ha advertido de que "no existe informe público" sobre el uso de esa partida y que el mapa interactivo de infraestructuras del Ministerio ha dejado de funcionar. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado a favor.

Fernando Moreno, del PSOE, ha acusado al PP de apoyarse "en un bulo", pero ha respaldado la obra: "el cuartel es una prioridad y pronto habrá noticias". Vox, con Alberto Garre, ha afirmado que el proyecto "no se ha materializado nunca", y Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, ha reclamado "unidad" ante la Guardia Civil.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado pedir al Gobierno de España que rechace el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, por el impacto que ha tenido en los agricultores murcianos, una iniciativa del PP.

El diputado del PP Jesús Cano ha advertido que las importaciones agrícolas marroquíes han pasado de 135.000 toneladas en 2012 a 438.000 en 2023, y que en el caso del tomate la entrada ha aumentado un 42% en diez años mientras las exportaciones españolas han caído un 43%.

Cano ha denunciado que el acuerdo ha permitido competir a Marruecos con menores exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias, y ha reclamado cláusulas espejo, salvaguardas automáticas y mayores controles fronterizos.

También ha pedido excluir los productos del Sáhara Occidental y "evitar perjuicios directos" al campo murciano. Vox se ha abstenido al considerar insuficiente la mención al Sáhara. Mientras que PSOE y Grupo Mixto han votado en contra.

Los socialistas han defendido que el acuerdo ha adaptado una sentencia europea y que el Gobierno ha garantizado la defensa del sector; mientras que el Grupo Mixto ha acusado al PP de centrar el debate "solo en Marruecos" pese a haber apoyado otros tratados que también han presionado a la agricultura familiar.

Durante la sesión, se ha rechazado la propuesta socialista para reforzar la atención primaria.

María Soledad Sánchez ha denunciado un deterioro sostenido y ha mostrado que al solicitar una cita "se ha fijado para varios días después", alertando de falta de profesionales y de la insuficiencia del presupuesto sectorial.

El PP ha defendido que el 86% de los usuarios ha obtenido cita en cuatro días o menos y ha atribuido la situación a la falta de médicos a nivel estatal.

Vox ha reclamado el cumplimiento de la estrategia regional 2023-2026 y el Grupo Mixto ha pedido una evaluación monográfica de su desarrollo.

También se ha debatido una moción sobre vivienda de Vox en la que proponía recuperar deducciones por compra de vivienda, extender deducciones de alquiler y reducir impuestos, afirmando que un joven ha necesitado 56.000 euros de ahorro previo para acceder a una hipoteca.

El PSOE ha defendido solo medidas "quirúrgicas", mientras el PP ha acusado a Vox de presentar "una moción tipo" elaborada en Madrid y ha recordado que Vox, junto al PSOE y Podemos, ha tumbado el decreto de 25.000 viviendas asequibles del Gobierno regional.

Por último, se ha abordado una moción sobre inmigración, de Vox, que también ha sido rechazada. La diputada de Vox Virginia Martínez ha pedido un informe del coste de la inmigración irregular y ha asociado inmigración y delincuencia, además de reclamar "remigración".

Por su parte, el PSOE ha denunciado que el término procede de ideologías extremistas y ha defendido el papel económico de la inmigración; el PP ha apostado por una política "ordenada, legal y humana"; y el Grupo Mixto ha calificado la moción de "racista" y "llena de bulos".