Investigan a dos empresarios agrícolas por transformar más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío

 MAZARRÓN.- La Guardia Civil ha instruido diligencias contra dos empresarios agrícolas como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por transformar más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El informe pericial realizado por los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) estima que el daño ecológico ocasionado podría superar los tres millones de euros.

La operación 'Zahorí' arrancó el pasado año por parte del Instituto Armado tras recibir una denuncia sobre la existencia de una zona agrícola en el municipio donde se realizaban labores de riego sin autorización.

Los guardias civiles centraron la investigación en un complejo de fincas y explotaciones agrícolas pertenecientes a una mercantil de la zona sobre una superficie superior a 50 hectáreas donde, al parecer, se había cambiado, sin la preceptiva autorización, su uso de secano a regadío.

Esta trasformación conlleva la alteración en el uso del suelo y el aumento de los recursos hídricos, lo que aumenta la presión sobre los recursos naturales poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema.

Además, los terrenos afectados se encuentran ubicados en Hábitats de Interés Comunitario (HIC), algunos de ellos considerados prioritarios por estar en peligro de desaparición. Y es que en esta zona hay estepas salinas mediterráneas que poseen fauna específica actuando entre los medios húmedos y secos.

La actividad agrícola influye en la contaminación de las aguas subterráneas causada por el empleo de abonos y productos fitosanitarios.

Fruto de la investigación se ha constatado que más de medio centenar de hectáreas de superficie han sido transformadas sin concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pasando de cultivos de secano a regadío, influyendo así en las aguas subterráneas cercanas a la explotación.

En el informe pericial realizado por los especialistas del Seprona de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil se calcula que el daño ecológico ocasionado podría superar los tres millones de euros.

Además, estima que las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los dos millones de euros por las actividades agrícolas realizadas.

El Código Penal, en su artículo 325 sobre delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, establece que será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo por tiempo de 1 a 2 años el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente ocasionen un grave daño al equilibrio de los de los sistemas naturales.