El fiscal rechaza la anulación del caso 'Novo Carthago' por prescripción como piden las defensas

 MURCIA.- La Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha acogido este lunes la primera de las 20 sesiones del proceso judicial por el caso 'Novo Carthago' sobre presunta corrupción urbanística en terrenos protegidos del entorno del Mar Menor.

En el juicio, bajo la presidencia del magistrado Álvaro Castaño, figuran como implicados los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, así como otros cinco exaltos cargos de la Comunidad bajo el mandato del expresidente Ramón Luis Varcárcel.

Las diligencias de este proceso, en el que se juzgan, en audiencia pública, los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, según el escrito de calificación fiscal, se abrieron hace casi 20 años.

En la primera de las vistas, las defensas de los acusados han solicitado la nulidad del proceso, una cuestión que ha sido rechazada por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano y por el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse).

Aurelio Llanes, abogado del exconsejero Antonio Cerdá, ha solicitado la nulidad respecto de su cliente al considerar que el delito que se le atribuye ha prescrito y apuntar que no cometió ilegalidad porque se limitó a abrir un procedimiento reglamentario que necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno.

En la misma línea, Francisco Martínez, letrado de Joaquín Bascuñana, y Antonio Alvarado, exdirector general de Calidad Ambiental y uno de los acusados, que se ha representado a sí mismo, han considerado durante sus intervenciones que el proceso infringe el principio de legalidad y tipicidad.

Por su parte, el representante del Ministerio Público, Juan Pablo Lozano, ha indicado durante su intervención que no considera que hayan prescrito los delitos atribuidos y ha señalado que Cerdá "presionó" a los técnicos de la Comunidad para llevar a cabo la recalificación de los terrenos, que estaban protegidos.

Además, ha señalado que el extitular de Medio Ambiente del Gobierno regional trató de impulsar una modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, en el que estaba prevista la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, saltándose "intencionadamente" a los servicios correspondientes.

En el juicio también figuran como acusados María Antonieta Fernández, asesora eventual para apoyo jurídico del consejero de Medio Ambiente, y José María Ródenas, subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.

También están procesados Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo, y Luis María Romero, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.

Por su parte, el abogado Julián Lozano, defensor de la empresa Hansa Urbana, ha solicitado que se exima a su cliente, el promotor Rafael Galea, de declarar como testigo porque ha sido operado recientemente y sufre un trastorno cognitivo que le impide comparecer.

En este sentido, el Tribunal ha avanzado que encargará a un forense que analice su situación médica para adoptar una decisión.

El juicio continuará este martes con el interrogatorio a cuatro de los acusados Joaquín Bascuñana, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero. Los otros tres declararán al final del proceso judicial, según ha decidido este lunes el Tribunal.