No, no es posible la tranquilidad sanitaria, climática o ambiental en la comarca murciana del Noroeste. De pronto, a una ristra de desgracias acumuladas en los últimos años, se ha de añadir una amenaza nueva y novedosa, que un pardillo de la prensa regional ya ha saludado, según usos y costumbres, con evidente aire de satisfacción: “la Región de Murcia puede convertirse en territorio pionero en el almacenamiento geológico de CO2”.
Tenemos delante un proyecto que, como tantos otros, cae sobre una región de pronunciado subdesarrollo social y político, abierta siempre a cualquier globito de colores que le ofrezcan pillos u oportunistas nacionales o extranjeros a cambio de extraerle, entre el jolgorio general de sus élites, sus valores naturales más sagrados, sus territorios más valorados o su futuro más sensible.
El proyecto -sigo en cuanto a descripción del proyecto los datos que aporta el diario La Verdad del 28 de septiembre de 2025- consiste en habilitar un almacén subterráneo para acumular, por inyección, CO2 en ingentes cantidades, “hasta 366,4 millones de toneladas”, en un área de 46 kilómetros cuadrados y a profundidades de entre 640 y 850 metros, recurriendo a una estructura porosa y bajo una capa de materiales suficientemente impermeables para que el gas no pueda ascender a la superficie.
La zona contemplada, que se sitúa en el municipio de Moratalla en forma de triángulo irregular entre los ríos Benámor y Argos, en la vertiente septentrional de la sierra de la Puerta, fue descrita en su día como adecuada para este tipo de depósito por el Instituto Geológico y Minero (IGME), y ahora señalada por Nexwell, un fondo de inversión norteamericano, como objetivo empresarial.
Para encarar este proyecto, aunque sea con carácter de urgencia, conviene organizar los argumentos críticos en cuestiones de principio y en aspectos concretos, no sin antes aludir a una “cuestión de procedimiento” que es el hecho de que, como de costumbre, estas cosas se conocen de pronto y por la prensa, sin que las administraciones implicadas informen oportunamente, haciéndolo generalmente siguiendo las indicaciones de las empresas interesadas e incurriendo en deslealtad para con sus conciudadanos.
Y así, nos encontramos con que el IGM ya había designado esta zona, secretamente, como apta para el almacenamiento de carbono, pero -más indignante todavía- la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha informado a la opinión pública de ningún movimiento de la empresa interesada, que viene gozando de un “primer permiso de exploración para realizar pequeñas catas superficiales” prorrogado sucesivamente y que ahora amplía para realizar “un sondeo de monitorización preliminar de investigación”.
Supongo que el Ayuntamiento de Moratalla no ha tenido conocimiento de esos permisos e intervenciones en su propio municipio, pero en cualquier caso hay que recordarle que cualquier cata o trabajos en el suelo deben someterse a licencia municipal, digamos urbanística, así como al asentimiento de sus propietarios.
El primer “principio general” que surge al abordar este proyecto, que se incluye en el nuevo paradigma de la “descarbonización”, se ampara en las políticas comunitarias y, al parecer, se atribuye a un “retraso” de España en sus iniciativas de retención del CO2, debe inscribirse en esa filosofía -estúpida, fatalista, inaceptable- de “adaptación al cambio climático” que no debe de ser aceptado por una opinión pública informada y consciente, que siempre habrá de exigir que se reduzcan esas emisiones en origen, no “atrapándolas” una vez producidas ni “adaptándose” a ellas.
El segundo es que no se debe aceptar ni dar por hecho que la sociedad desarrollada sea incapaz de resolver sus problemas ambientales, sino que siga empeñada en producirlos, jugando la baza de los depósitos o vertederos de agentes contaminantes, sean residuos urbanos, tóxicos, radiactivos o -como en este caso- químicos de gases de invernadero.
El tercero es que esta iniciativa -de inmenso coste económico y ambiental- se inscribe en la “Feria de la descarbonización”, en la que el capitalismo más voraz y contaminante se pone las botas haciendo de salvador y de solución de sus propias inmundicias, creando para políticos y científicos esa farsa de la “Economía verde” (que nunca quiere ser “ecológica”), como insaciable generadora de “negocios verdes”: con seguridad que el fondo de inversión interesado (hay que indagar, ya, si es de capital judío-israelí, por si hay que redoblar la ofensiva) participa en numerosas empresas gran productoras de contaminación, incluido el CO2, dedicándose -como es habitual en fondos y finanzas- a una cosa y su contraria, a generar contaminación y a sofocarla, a un contendiente bélico y a su enemigo… con esa amoralidad tan propia de los negocios internacionales.
El cuarto sería que hay que vetar la manipulación del subsuelo para su comercialización, de parecida forma (pero, a ser posible, con más éxito) a como habría que prohibir las manipulaciones climatológicas, mirando en primer lugar por la conservación de los acuíferos y su estabilidad general, tanto geológica como físico-química e incluso biológica.
En el conjunto de los principios generales a plantear hay que incluir una consideración que no por necesidad de matices debe de ser ocultada: como otras instalaciones de impacto, preocupación e inseguridad generadas por ciertas industrias y en ciertas zonas, estos depósitos, en realidad “basureros” molestos o peligrosos, deben de planificarse en las áreas que los producen, dado que hay que tener muy en cuenta que el mundo industrial-productivo no tiene la menor intención de reducir la producción de estos residuos o contaminantes, siendo tradicional la actitud de desplazar a áreas lejanas estos perjuicios.
Porque las áreas bien conservadas con recursos naturales cada vez más escasos deben de quedar excluidas terminantemente de estas instalaciones abusivas e injustas, anteponiendo las razones éticas y ambientales a las técnicas o políticas; esto tiene carácter casi de ficción, por eso es la opinión pública y la sociedad organizada las que deben imponer el equilibrio y la sensatez en este tipo de alternativas o dilemas.
El conflictivo NIMBY (not in my backyard, no en mi patrio trasero) debe teñirse, pues, de estas dos consideraciones vigorosas: que el riesgo lo soporten quienes lo producen y que la resistencia se extienda, también, a quienes participan, aunque sea involuntariamente, en esas actividades de impacto, tanto las poblaciones inmediatas como los sindicatos industriales.
En nuestro caso, si hay que habilitar un depósito de almacenamiento del dióxido -aunque debe quedar claro que como principio se trata de una iniciativa rechazable-, este debiera de planearse para el subsuelo de Escombreras o Cartagena, que es donde más CO2 se emite de la Región, y que la ciudadanía “beneficiada” por la industria se enfrente a las contradicciones ambientales del desarrollo industrial, así como a las suyas propias. Solo así se trabaja por un medio ambiente mejor, a través del debate y el conflicto.
Dentro de las cuestiones concretas a valorar frente a este proyecto, la primera debe ser que el Noroeste es la comarca de mayores valores ambientales de la Región de Murcia; sin embargo, cada día se cierne sobre ella alguna agresión nueva o la agravación de las ya existentes, a las que su gente ha de enfrentarse con todos los instrumentos a su disposición.
Y de esos valores naturales, directamente amenazados por el depósito de CO2, son los acuíferos los que hay que defender a capa y espada, porque ya están sometidos a una odiosa explotación, en buena parte ilegal, y ya muestran su declinación con la ruina de algunas fuentes y manantiales.
De ahí que la comarca entera debe impedir que su subsuelo se trajine, y menos por un proyecto que es contradictorio con cualquier política ambiental de alcance, que es osado por la alteración sustancial que hace del subsuelo e injusto por someter a un territorio y unas poblaciones a riesgos y amenazas de cuya generación no son responsables.
No deja de ser llamativo que el depósito para retener el CO2 se quiera construir precisamente en la zona más boscosa de la región, como es el municipio de Moratalla, y por lo tanto gran absorbente de ese gas, lo que no es ninguna broma ni tomadura de pelo, sino un gesto grotesco que debe reforzar el rechazo.
Hay que recordar que cuando se trabajó en los depósitos submarinos frente a Vinaroz y el Delta del Ebro, para habilitarlos para almacenamiento estratégico de gas natural, se desencadenó una sucesión alarmante de movimientos sísmicos que se atribuyeron a estos manejos imprudentes del subsuelo (abandonándose finalmente el proyecto).
Nuestro Noroeste está en apuros y le crecen los enanos. Ahora sufre la agresiva y expansiva enfermedad de la “lengua azul” en su cabaña ovina, precisamente en un territorio donde la calidad de esa cabaña ha generado valores y esperanzas, siempre vinculados al secano y sus potencialidades.
Y lleva años soportando la invasión de granjas porcinas insidiosas y pretenciosas, que ya han disparado, sin rubor alguno, esa nueva plaga de las plantas de producción de biogás con origen en los purines de cerdo.
Sin que cesen, sino todo lo contrario, las extracciones de agua del acuífero, ilegales o irresponsables, con ampliación constante de nuevos cultivos de regadío y nuevos golpes al territorio y al subsuelo. Con, por añadidura, una persistente acción aérea anti granizo que altera sistemáticamente el ciclo hidrológico.
Afortunadamente, el otro gran proyecto de almacenamiento subterráneo de CO2 en España, previsto en el Maestrazgo turolense, se viene enfrentando desde que se dio a conocer a un firme rechazo municipal y social.
Es el camino que debe seguir el proyecto de Moratalla con sus absurdos “climáticos”, sus agresiones ambientales y sus codicias económicas: un rotundo rechazo y una movilización social amplia, no solo moratallense o del Noroeste, sino de toda la sociedad murciana.
(*) Ingeniero técnico de Telecomunicación, licenciado en Ciencias Políticas, ex profesor en la UPM, activista ambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente.
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