La Asamblea Regional rechaza tramitar la ILP del derecho a la Vivienda promovida por la ciudadanía

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia. La propuesta, impulsada por colectivos sociales y respaldada por más de 16.000 firmas, ha contado con el apoyo del PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV), pero ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

La ILP incluía, entre otras medidas, compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de que el suelo público siga siendo público. Los grupos favorables consideran que la actual legislación autonómica es inaplicable por falta de desarrollo reglamentario y acusan al Gobierno regional de abandonar sus competencias en materia de vivienda.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel Ortega ha defendido el voto favorable asegurando que "la ciudadanía merece respeto, y esta iniciativa legislativa popular es una muestra clara de que hay miles de personas que exigen una política de vivienda efectiva".

Ortega ha criticado que "el PP solo ha legislado contra la ocupación, que apenas afecta al 0,05% de los casos, y no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años". 

Además, ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la iniciativa en septiembre y trabajará "coordinadamente con la Plataforma por la Vivienda para corregir los fallos técnicos y garantizar que esta ley pueda debatirse y mejorar lo que haga falta".

En la misma línea, la diputada de Podemos, María Marín, ha denunciado que "despreciar una iniciativa ciudadana es un atentado contra las familias, la juventud y la clase trabajadora de esta tierra". 

Marín ha reprochado al PP y Vox que "en media hora, en un tórrido mes de julio, hayan decidido enterrar la voz de más de 16.000 personas", y ha advertido que "mientras no se haga justicia, habrá lucha".

Por parte de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en el componente democrático de la ILP. "Hoy no estamos debatiendo solo de política de vivienda, sino de democracia. 

Esta Cámara no puede despreciar el trabajo de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han recogido firmas para que se debata aquí", ha afirmado. "No tenemos derecho a dejar esta propuesta en un cajón", ha sentenciado.

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha justificado el voto en contra señalando que "el texto ha sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica legislativa y contiene errores que dificultan su aplicación". 

Ha acusado a los grupos promotores de "engañar a los ciudadanos con una propuesta imposible de ejecutar" y ha defendido que "la solución no está en medidas ideológicas, sino en ampliar suelo, reducir trabas y fomentar el alquiler de larga duración".

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha negado que votar en contra suponga despreciar a nadie.

 "Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía", ha dicho, y ha defendido un modelo "equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada". 

Según Landáburu, la ILP "no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos".