CARTAGENA.- La magistrada del juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena, en auto
notificado este lunes, ha acordado que continúe el procedimiento por un
delito de homicidio imprudente contra diez sanitarios tras la muerte de
Sara Gómez después de que se sometiera a una lipoescultura en 2021.
La paciente, recuerda el auto, ingresó en un hospital de Cartagena el
2 de diciembre. Tras terminar la operación de cirugía estética a las
14.30 horas es trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en
un segundo hospital a las 18.30, donde llega en estado crítico, aunque,
dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia deciden
no intervenirla.
La resolución recoge las analíticas
practicadas desde ese día, subrayando que los marcadores de sepsis
aparecen desde el día siguiente. Siendo intervenida el día 7 de
diciembre cuando los resultados analíticos empeoran.
Tras la
cirugía, se produce una estabilización progresiva, continúa el auto,
hasta el 22 de diciembre que se produce un empeoramiento de la situación
clínica y el día 1 de enero se decide intervención quirúrgica urgente,
con un fallo multiorgánico, que causa su fallecimiento.
Tras
la denuncia de estos hechos, y practicadas las diligencias estimadas
necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y de las personas
que participaron, el auto señala que la mujer "ante la creencia
errónea" por las publicaciones en redes sociales, de que contactaba con
cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió practicarse una
lipoescultura.
No obstante, detalla la resolución, existen
indicios de que era la primera intervención de esta clase que realizaba
este cirujano, especialista cardiovascular, con cursos en
laserlipolisis, lipomoracación abdominal 4D y máster en medicina
estética, regenerativa y antienvejecimiento.
En concreto, la
instructora estima que hay indicios de responsabilidad en el resultado
mortal del cirujano y el anestesista que participaron en la
intervención. Del primero la resolución destaca que no era "especialista
en cirugía plástica, estética y reparadora, careciendo de la formación
necesaria para la intervención".
Respecto del anestesista, encargado del
control y monitorización de la paciente durante la intervención y al
que correspondía la decisión de trasladarla a la UCI, se apunta que esta
debió hacerse tres horas antes de cuando se hizo.
Además, la
magistrada alude a los indicadores de sepsis, con signos de infección
generalizada, que se aprecian en los informes a partir del tercer día de
ingreso en la UCI, para apreciar la concurrencia de responsabilidad en
los cirujanos que estuvieron de guardia, a partir de ese día, y hasta el
7 de diciembre de 2021, cuando se practica la primera laparotomía
exploradora.
Por otra parte, se acuerda el sobreseimiento
provisional del procedimiento respecto de los cirujanos que atendieron a
la fallecida el día de su ingreso "toda vez que el estado crítico de la
paciente no aconsejaba la intervención, y en ese momento las analíticas
no indicaban signos de sepsis o infección" y de los que asistieron a la
paciente después del día 7 de diciembre.
Una vez se dé
traslado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal y las acusaciones
particulares personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral,
formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de
diligencias complementarias.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.
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