Denunciado por intentar vender dos toneladas de boquerón inmaduro en lonjas de Alicante y Murcia

 ALICANTE.- Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Monóvar (Alicante), dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), han denunciado al patrón de una embarcación pesquera por presuntamente comercializar boquerón inmaduro en las lonjas de Torrevieja (Alicante) y de San Pedro del Pinatar (Murcia).

Así lo ha informado el instituto armado en un comunicado, en el que ha recordado que esta práctica vulnera la normativa de sostenibilidad de especies marinas. La investigación comenzó hace varios meses, cuando el Seprona recibió información sobre una embarcación pesquera que estaría realizando ventas de pescado de talla inferior a la reglamentaria, por lo que iniciaron un seguimiento.

El pasado martes, la patrulla del Seprona recibió un aviso sobre una posible descarga de pescado inmaduro en la lonja de Torrevieja. Cuando acudió, el barco investigado ya había abandonado el puerto tras la negativa de la lonja a aceptar la mercancía, ya que no cumplía con la normativa.

En ese momento, el patrón de la embarcación se dirigió hacia la lonja de San Pedro del Pinatar. Al sospechar que la descarga ilegal se había realizado en este puerto, los agentes examinaron la lonja a las 15.30 horas, en colaboración con el inspector del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia.

Durante la inspección, se encontró una cámara de almacenamiento cerrada que contenía siete cubetas de boquerón sin documentación. Un trabajador de la lonja informó que el pescado pertenecía a la embarcación investigada y que, al no cumplir con la talla mínima, estaba destinado a la producción de harina de pescado, de lo cual ya se había informado al responsable de la lonja.

Un muestreo de las cubetas mostró que el promedio era de 146,7 ejemplares por kilo, lo que supera el límite permitido de 125. En total, los agentes se incautaron de 1,9 toneladas de boquerón inmaduro.

Además, se comprobó que el patrón de la embarcación había reportado a la Delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Murcia solo movimientos básicos entre puertos y que omitió la presencia de tallas ilegales en su carga. Esta falta de transparencia apuntaba a que podría haber vendido este pescado fuera del mercado legal.

Como resultado, las capturas fueron inmovilizadas y depositadas para su destrucción, por su alta caducidad. Además, por estos hechos, el patrón de la embarcación se puede enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.