El concejal de IU en La Unión hace el juego político al ex alcalde Bernabé (PP) en contra de Podemos y los vecinos

LA UNIÓN.- El único edil de IU en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Cárceles, y el círculo político al que está vinculado, Unidos Podemos, exhibieron públicamente sus diferencias respecto al futuro del servicio de agua, cuya privatización protagoniza el debate político municipal desde hace cinco años, según revela hoy el diario La Verdad.

En un comunicado público, Unidos Podemos afirma que el acuerdo aprobado en el último pleno «no aborda los problemas que la privatización está provocando a la ciudadanía».

En esa iniciativa, impulsada conjuntamente por el gobierno local (PSOE) y el edil de IU, se establece una cláusula social para que «nadie se quede sin un suministro de agua mínimo por impago», algo que Unidos Podemos ve positivo, aunque considera «improcedente» que sea el presupuesto público «el que corra con la totalidad de ese gasto, toda vez que el concesionario, Acciona, actúa en régimen de monopolio y obtiene con ello unos beneficios sustanciales».

Sin embargo, el distanciamiento entre el edil de IU y Unidos Podemos se manifiesta sobre todo en lo que concierne a la repercusión del importe del recibo para el usuario.

Según el comunicado del círculo político, «el acuerdo no aborda la revisión y negociación del contrato, tal como se determinó en un acuerdo plenario de enero de 2017, a los efectos de que la tarifa se cobre como una tasa, es decir, como un ingreso de derecho público y no como un precio a percibir por la empresa concesionaria como ocurre ahora, vulnerando la legalidad».

Además, dice Unidos Podemos, «no se contempla la realización de una auditoría del servicio, ni el estudio de una rebaja de la tarifa y dilata la posibilidad del rescate de la concesión en dos décadas».

Por el contrario, Unidos Podemos afirma que se puede recuperar el servicio «en un plazo de dos años a partir del excedente sobre costes que existiría aun reduciendo un 13% la tarifa».

En el acuerdo aprobado en el pleno con los votos a favor de PSOE e IU, y la abstención de PP y Ciudadanos, se establece que una comisión formada por representantes políticos, técnicos municipales y Acciona, deberá subsanar «lagunas del contrato dignas a tener en cuenta, como la financiación del bono social, soportado principalmente por el Ayuntamiento, las normas para proceder a los cortes de suministro con garantías previas y la emisión del recibo por Acciona –como hace desde el inicio de la concesión- o el propio Consistorio».

Y sobre la posibilidad de remunicipalizar el servicio, la moción no establece ninguna parte dispositiva y se limitar a admitir, como apuntó el alcalde, Pedro López Milán, que «es casi imposible romper el contrato con Acciona». 

 El argumento son «los graves problemas económicos que conllevaría dada la precaria situación económica financiera del Ayuntamiento». Eso sí, de cara al futuro, la moción dice que «impulsará, cuando la situación económica lo permitiera, e incluso a la finalización de la concesión [en 2037], las iniciativas oportunas para cumplir la máxima de 'nunca más la venta del agua, nunca más la privatización de la gestión del servicio de agua'».

En su intervención, el primer edil reconoció que el coste del metro cúbico de agua en el municipio «es superior en media a los datos aportados por OCU tanto en la Región de Murcia como en el conjunto de España». 

Y ello, añadió, «se debe a que la privatización del servicio por el gobierno del Partido Popular supuso una transferencia en canon de concesión a favor del Ayuntamiento por importe de 6.700.000 euros que, sin duda alguna, ha repercutido en la carestía del coste del agua para los ciudadanos». 

Este dinero que entró en las arcas municipales en tiempos del PP, agregó, «no tiene reflejo como tal en la factura, lo que supone una flagrante contradicción con la normativa que establece que las tasas no podrán exceder los costes del servicio».

Al finalizar su intervención, López Milán, en la misma línea que el concejal de IU, Miguel Ángel Cárceles, subrayó que «no se puede jugar con un bien básico como es el agua y debe alejarse de cualquier intento de comercializar con el mismo».