MADRID.- Uno de los ocho peritos que han intervenido este miércoles
en el juicio contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) reconoció que las operaciones de titulización efectuadas en
Irlanda supusieron "escapar" del control de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Así lo indicó el perito Germán
López, en alusión a la política de titulizaciones para obtener
liquidez, inicialmente planteada para España y que finalmente terminó
llevándose a cabo entre Irlanda y Reino Unido a través de fondos
privados, operaciones definidas por la propia inspección del Banco de
España en enero de 2012 como "carentes de sentido".
brecha "material y significativa" que, en su opinión,
"afectó a la imagen fiel de la entidad" y que se habría producido por el
modo en el que fueron emplazados en la contabilidad una serie de
deterioros de activos financieros.
Por su parte, el
exinspector del Banco de España Rubén Manso, trató de explicar la
diferencia entre los estados financieros intermedios y las cuentas
auditadas, y recalcó que las cifras facilitadas por la dirección de la
CAM mostraban errores que debieron ser corregidos, pero que "no
alteraban la imagen fiel" de la caja.
En el transcurso de
la sesión, Manso se refirió además a los quince millones de euros
recibidos por la antigua cúpula de la CAM, acerca de los cuales aseguró
que todos los peritos coincidieron en que no se podía tener en cuenta la
totalidad de esa cifra, sino sólo "una cantidad mucho más pequeña".
Versión
que contrastó con el discurso de los peritos judiciales Ángel Regúlez y
Sergio García, que recordaron que el ex director general de la CAM y
ahora acusado, Roberto López Abad, recibió 5,5 millones de euros antes
de la intervención por parte del Banco de España por su prejubilación a
pesar de haberse acogido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Como
sucediera en la víspera, tanto éstos como los expertos propuestos por
las partes incurrieron en opiniones contradictorias acerca de algunas de
las operaciones dudosas a ojos de la Fiscalía, que solicita para los
ocho exdirectivos penas de hasta siete años de prisión por presunta
estafa continuada y falsedad en las cuentas anuales del 2010 y del
primer semestre de 2011.
En relación a las
titulizaciones, los técnicos designados durante la instrucción
reiteraron que "en ningún caso" podrían haber sido dadas de baja del
balance, una actividad que permitió arrojar unos supuestos beneficios
ficticios de 65 millones de euros en lugar de las pérdidas millonarias
descubiertas tras la reexpresión efectuada en 2011.
Tras
más de seis horas, la presidenta del tribunal, la juez Ángela Murillo,
suspendió la sesión hasta este jueves, jornada en la que proseguirá un
juicio previsto que finalice el próximo 21 de julio.
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