MURCIA.- El exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pedro Morillas, ha defendido la legalidad de su
actuación en la preparación del convenio Nueva Condomina y ha recurrido
la imputación de prevaricación hecha por el Juzgado que investiga el
caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística.
Así se recoge en el
recurso que Morillas ha presentado contra el auto del Juzgado de
Instrucción nº 8 que le atribuyó ese delito en la pieza separada
abierta para investigar todo lo relacionado con este convenio
urbanístico.
El recurso, además de rebatir varios extremos del
auto, señala que dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ampararon el
contenido del convenio, ya que solo anuló la cláusula que se refería al
aprovechamiento municipal.
Esa cláusula, añade Morillas, se refería a
una determinada alternativa de aprovechamiento, cuando los jueces
determinaron que debía hacerse por otra. También rechaza que el entonces
concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, se opusiera al acuerdo, ya que
afirma que votó a favor de su aprobación «en su integridad».
Con
respecto a Navarro, añade que la resolución judicial vuelve a
equivocarse cuando dice que fue cesado el uno de abril de 2001, durante
la tramitación de la revisión del Plan General y antes de su aprobación
definitiva.
"Tampoco ello es así -dice el apelante-, puesto que la
aprobación definitiva de la revisión, que fue el gran reto político de
Ginés Navarro y cuyo objetivo logró, se produjo el 31 de enero de 2001".
Respecto
a sus contactos con Jesús Samper, dueño del Real Murcia y promotor del
convenio urbanístico a través de una de sus empresas, comenta que no
mantuvo relación alguna con él, "salvo las reuniones públicas de
elaboración del convenio".
Todo esto huele que apesta. La corrupción es el mayor cáncer de la sociedad murciana.
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