Dos ex altos cargos de Urbanismo defienden ante el juez la legalidad de los convenios del 'caso Umbra'

MURCIA.- Dos ex altos cargos de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Murcia defendieron este jueves la legalidad de las actuaciones relacionadas con los convenios urbanísticos aprobados para la expansión norte de la capital, y que son investigados por un juzgado de instrucción dentro del conocido por 'caso Umbra'.

Se trata del exdirector general de Urbanismo del Ejecutivo regional, José María Ródenas, y de la que fue jefe de servicio de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Margarita Ros, que hoy prestaron declaración como testigos en estas diligencias que se tramitan en el juzgado de instrucción nº 8 de los de Murcia.

Ambos testigos fueron preguntados por el fiscal y las defensas sobre su participación en los trámites relacionados con los convenios urbanísticos, cuya legalidad han defendido en todo momento, según indicaron fuentes próximas al caso.

Otras preguntas estuvieron relacionadas con el traslado de tres granjas porcinas que se llevó a cabo para permitir la citada expansión urbanística, y que según la Fiscalía Anticorrupción de Murcia fue valorada por el Ayuntamiento de la ciudad en una cantidad excesiva.

Según el Ministerio Público, el Consistorio valoró el traslado de estas granjas en 68,8 millones de euros, cuando un perito designado por el juzgado ha informado que el importe debió ser de 6,8 millones. Precisamente, los administradores de las tres sociedades propietarias de estas explotaciones están citados igualmente como testigos para el próximo 3 de marzo.

Las fuentes añaden que Ródenas y Ros declararon también sobre las actuaciones urbanísticas en lo concerniente a la empresa General Atlantic Business, sociedad creada en el año 2005 por los también imputados el abogado y profesor universitario Higinio Pérez Mateos, y el ingeniero Renato del Noce.

Dentro de la reactivación del caso, el magistrado que dirige las investigaciones, David Castillejos, ha citado también para el próximo marzo, además de los administradores de las tres explotaciones porcinas, a dos imputados y dos peritos.