La carrera de un juez político / José Luis Mazón Costa *

Existe una historia secreta o soterrada de las relaciones entre el Poder Judicial, sobre todo en sus niveles más altos, y la casta política dominante en cada momento, cuyos detalles causarían un tremendo estupor o escándalo. Se ha formado, por decirlo de algún modo, una república subterranea a donde no llega nunca la luz y por cuyos canales ocultos discurren fluidamente historias tremebundas de favores, venganzas, decisiones, exculpaciones, acuerdos, compensaciones en especie o cargos, en fin una cruda realidad de alcantarilla cuya divulgación causará horror a los “intraterraqueos” que pululan por sus conductos en la confianza de que nunca serán descubiertos.

La relación entre Valcárcel y la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  da para una tesis doctoral de cómo la alta cúspide del Poder Judicial de la tierra del “mata al rey y vente aquí”, se inclina sospechosamente a favor de personajes poderosos como Valcárcel y existen cruces juramentados en sangre de intercambios. A veces estas inclinaciones son tan burdas (porque burdos son los personajes a cargo) que no caben intepretaciones diversas porque el escoramiento es de 45 grados o más. 

Juan Martínez Moya, actual presidente del TSJ de Murcia ya muchos años, es para mí un ejemplo del juez que usa el cargo para promocionarse hacia un cargo político. Y explico mis razones ya que estamos ante una cuestión de vivo interés público por el cargo que ocupa el personaje y por la propia naturaleza de la materia. 

Acaba de presentar Moya su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial por el cupo judicial (12 de los 20 miembros) y tiene que elegirlo el Congreso o el Senado, es decir, los políticos. No se ha presentado avalado por su asociacion, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, sino por libre, logrando avales de sus compañeros jueces. Necesita el respaldo de políticos del PP para obtener el cargo de vocal electo.

Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero los antecedentes de presuntos y grandes favores del juez Martínez Moya a Valcárcel le hacen sospechoso de que si logra el nombramiento es muy probable que haya sido por sus “méritos” a favor de este personaje político y los favores que le ha hecho a él y posiblemente a algún recomendado suyo (como uno sospechosamente absuelto por la Sala Civil y Penal de un delito clarísimo contra el medio ambiente, por el que acusaba el fiscal y cuya sentencia era un ejercicio de retorcer los hechos y las normas).

Pero los favores que directamente conozco, y he vivido por tanto de cerca, del juez Martínez Moya hacia Valcárcel, son los siguientes:

a) El de la suspension de la ley del aborto por Valcárcel. Diligencias abiertas por denuncia y luego querella contra Valcárcel por la suspensión de la ley del aborto en julio de 2010, en que manu militari impuso la no aplicación de esa ley durante cuatro dias, incurriendo de forma clamorosa en el delito de suspensión de una disposición general del artículo 506 del Código Penal.

La Sala Civil y Penal, auxiliada por el Fiscal Jefe López Bernal, bajo la ponencia del propio juez y presidente Martínez Moya, se negó en redondo a abrir una investigación, a instancias de la asociacion Preeminencia del Derecho de la que yo formo parte, sobre la ilícita y escandalosa conducta de Valcárcel, rompiendo los protocolos y deberes legales de un juez instructor. 

Para justificar lo injustificable, Moya, auxiliado por otro juez “valcarceliano”, Julián Pérez-Templado (amigo íntimo del cuñado y de la hermana de Valcárcel, quien en mayo de 2010 había invitado al mismo Valcárcel a la boda de su hija, a la que asistió) enmarañaron el caso de forma que parecía que estaban hablando de otro asunto, todo ello encaminado a que Valcárcel no fuera “molestado”. 

Resulta probado, y así se declara, que el juez Pérez Templado tenía o había tenido a su señora de cargo discrecional en la Administración dirigida por Valcárcel y a su hijo muy bien colocado en una empresa importante controlada por el PP regional como jefe de un servicio o departamento jurídico, así que libertad para decidir en contra de Valcárcel quedaba poca o ninguna y la exculpación olía a chamusquina. 

Para ascender al Supremo, objetivo del juez Martínez Moya, hacen falta padrinos políticos de alto nivel, porque al Supremo se accede por recomendación de la partidocracia,  PP y PSOE, a través de sus vocales en el Consejo (el puesto al que ahora aspira Moya) y no por méritos. Moya se presentó antes al Supremo pero le faltaron votos. Y ahora se presenta a vocal al Consejo “por libre”, con estos antecedentes de “salvador” de Valcárcel de un proceso que le hubiera costado el cargo de presidente regional.

b) El caso de la Balsa Yenny, un prototipo de malversación de caudales públicos cometido por el Gobierno Regional presidido por Valcárcel, que quedó impune por el puro voluntarismo de la Sala Civil y Penal, con la ayuda inestimable de la mal llamada Fiscalía Anticorrupción (que en este caso fue lo contrario de lo que dice su nombre). Estos hechos judiciales sucedieron tambien en 2010 cuando dos ciudadanos, uno de ellos yo, nos querellamos contra un consejero y contra Valcárcel por malversación de unos ocho millones de euros, que habrían salido de las arcas públicas para limpiar las escorias ambientales de la finca de un particular a través de un proceso de ingeniería delictiva: aceptar la Comunidad la donación de una parcela intoxicada para limpiarla con cargo a fondos públicos y ahorrar a sus titulares, unos famosos “mecenas” de los dos grandes partidos, los tales gastos que pagamos los ciudadanos en su lugar.

La ponencia del caso tocó al amiguísimo de la hermana y cuñado de Valcárcel, el juez Pérez Templado que, junto con Moya, debieron ponerse de acuerdo en canonizar la operación delictiva del Consejo de Gobierno, santificándola a base de retorcer hechos y normas legales.

Este desmadre en el Poder Judicial requiere un cambio drástico que corte de raíz conductas sospechosas de instrumentalizar el cargo para beneficios personales, políticos o de otra especie. Hace falta la guillotina al menos en un sentido incruento, que rueden cabezas en el sentido de expulsar del cargo al trasgresor. El Estado de Derecho necesita ser defendido de sus células tumorales o la propia sociedad se hunde en la podredumbre.

El Supremo tiene ahora mismo en examen un procedimiento de rendición de cuentas contra quienes han favorecido a Valcárcel en su affaire de la suspensión de la ley del aborto. Pero esto de que jueces juzguen a jueces no garantiza el principio de que la ley es igual para todos. Quien sabe, si en el futuro se pueden  exigir cuentas ante tribunales ciudadanos; los que hagan mal su trabajo, durante quince años estarán con la espada de Damocles sobre su cabeza. En la Justicia pasa como en el clero católico: “de obispo para arriba ninguno cree en Dios”, que dice el aforismo.

(*) Abogado y miembro de 'Preeminencia del Derecho'