MURCIA.- Los politólogos de la Región de Murcia
coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y
en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de
transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación
detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de
transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.
Así lo ha hecho saber hoy el politólogo, periodista y
vicesecretario de Comunicación del Colegio Oficial de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región, Antonio Pérez Hernández, tras ser preguntado
por los últimos casos de presunta financiación irregular en partidos
políticos.
El portavoz afirma que los partidos de la Región están sujetos a
la misma ley nacional de financiación, que estipula que deben percibir
un tercio de los recursos en función de su representación parlamentaria y
los dos tercios restantes en función de los votos recibidos.
En este sentido, añade que el Colegio de Ciencias Políticas no ha
adoptado recientemente ninguna posición oficial sobre la financiación de
los partidos porque no ha procedido a su debate, pero recuerda que la
institución ha suscrito el Pacto por la Transparencia y el Buen
Gobierno, que recoge un decálogo de medidas encaminadas a recuperar la
confianza de los ciudadanos en la política.
Se trata de un documento impulsado por medio centenar de
ciudadanos murcianos de distintos ámbitos sociales, profesionales e
ideológicos que ha sido suscrito ya por más de 300 personas y una
veintena de organizaciones sociales y políticas.
Entre otras cosas, el Pacto por la Transparencia y el Buen
Gobierno apuesta por obligar a los partidos políticos a ofrecer en los
seis meses posteriores a cualquier campaña electoral un balance
detallado de los ingresos y gastos que habían tenido en los comicios.
Asimismo, el Pacto considera oportuno que los partidos políticos
realicen una liquidación anual de ingresos y gastos del mantenimiento
ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario
de su patrimonio y sus deudas, según recuerda Pérez.
También reclama un registro público de subvenciones en el que se
pudieran consultar las organizaciones que donan el dinero a los
partidos; así como un mecanismo de transparencia de toda la contratación
pública, porque es otro de los ámbitos en los que prolifera la
corrupción.
Al margen del Pacto por la Transparencia, el portavoz del Colegio
de Ciencias Políticas explica que los politólogos estiman fundamental
reformar el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de
fiscalizar a los partidos, porque realiza su labor "de forma
insuficiente".
Para Pérez, este tribunal debería estar formado por jueces de
carrera, y "no por políticos jubilados que, además, son gente de
confianza de los partidos". Además, cree que deben de contar con más
medios, porque el último ejercicio que el Tribunal ha fiscalizado es de
2007.
Del mismo modo, apuesta por incorporar al Código Penal el delito
de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está recogido; así como
realizar una reforma para que no prescriban los delitos de corrupción; y
excluir de la financiación pública a los partidos condenados en
sentencia firme por financiación irregular.
Asimismo, reclama a los ciudadanos "más intolerancia" con la
corrupción, y cree que esta intolerancia debe de hacerse extensiva a los
propios partidos políticos, porque el que es corrupto "está compitiendo
de forma desleal con el resto de sus compañeros, porque tienen otros
recursos. Los políticos honrados deberían sentirse los primeros
estafados", añade.
Por otro lado, los politólogos creen que se deberían eliminar las
arbitrariedades en las aportaciones económicas a las fundaciones que
dependen de los partidos políticos. Consideran "un escándalo" que el
dinero que reciben estas fundaciones "cambie de un año para otro" en
función de que si el partido al que pertenecen está en el gobierno o no.
"Su trabajo intelectual debería valer lo mismo independientemente
de si están en el gobierno o no", considera Pérez. "O se eliminan estas
arbitrariedades o, directamente, las fundaciones de los partidos no
deberían de recibir financiación pública o financiarse con las
aportaciones de los partidos".
Este politólogo también propone que se limite la acumulación de
las retribuciones públicas, porque "hay altos cargos que cobran
simultáneamente, por ejemplo, por ser alcaldes, por ser presidentes de
diputación y consejeros en cualquier empresa pública".
Considera razonable que los cargos tengan un sueldo público
"porque se les supone dedicación completa", pero lamenta que los
políticos que acaparan varios puestos no pueden ejercer su
responsabilidad de forma tan exhaustiva, y propone igualmente limitar la
compatibilidad de pensiones con otros ingresos, ya que se trata de un
asunto que "indigna mucho a la ciudadanía".
Por ejemplo, estima "razonable" que los expresidentes de Gobierno
Felipe González y José María Aznar reciban una pensión porque se han
dedicado a la política y han abandonado su vida privada para ello. Sin
embargo, cree que deberían de renunciar a estas pensiones en el momento
en el que son contratados por grandes empresas y empiezan a percibir "un
sueldo elevado".
De todas formas, cree que los ciudadanos deberían ser "menos
cínicos" y reconocer que los políticos, en general, "están mal pagados"
y, en especial, "los altos cargos". Por ejemplo, considera "una miseria"
que el presidente Mariano Rajoy cobre 75.000 euros con las
responsabilidades que tiene.
Igualmente, propone la reducción de los cargos de libre
designación en la administración, y ser más escrupulosos en la
aplicación de la ley de incompatibilidades en el ejercicio de los cargos
públicos, para evitar que alguien consiga contratos por la información
que ha obtenido durante el tiempo que ha ocupado un cargo público.
Respecto a la presunta financiación irregular del PP, Pérez cree
que lo más importante "no es el destino del dinero negro" y el pago a
altos cargos, ya que se trataría de cantidades "muy pequeñas" que ni
siquiera constituirían un delito fiscal. El problema, en su opinión, es
la procedencia de ese dinero negro.
Esta es la base del debate sobre las donaciones. Pérez reconoce
que se trata de un asunto polémico que divide a los propios politólogos.
De hecho, algunos de ellos están a favor de que se prohíban las
donaciones anónimas o que se limiten, mientras que otros creen que los
partidos deberían financiarse sólo con dinero privado.
Pone como ejemplo los Estados Unidos, donde hay financiación
pública, pero los candidatos presidenciales renuncian a ella para no
estar limitados a la hora de recolectar fondos privados.
En cualquier caso, los politólogos coinciden unánimemente en que
las donaciones deberían de ser "transparentes" y con "nombres y
apellidos". A su parecer, el anonimato no debería estar permitido,
puesto que quien paga algo "condiciona" al receptor, y los ciudadanos
tienen derecho a saber "quién está condicionando a los partidos y qué
recibe a cambio".
Pérez no delimita esta transparencia a las donaciones que se
entregan a los partidos políticos, sino también a las ayudas y servicios
que se prestan a los partidos como, por ejemplo, las condonaciones de
deuda o préstamos con tipos de interés favorable.
No obstante, reconoce que es muy difícil perseguir y evitar este
tipo de prácticas se produzcan de forma "soterrada", porque a las
empresas "no les interesa que están financiando campañas electorales".
Este tipo de prácticas recibe el nombre de "cualidad hidráulica"
del dinero de los partidos, que consiste en que "la vía ilegal de
aportaciones sube muchas veces de forma automática cuando disminuye la
vía legal", explica Pérez.
Una ley regional de transparencia, ¿sería suficiente para que el gobierno de Valcárcel siga negando el acceso al expediente del aval de 200 millones de euros, en favor de la concesionaria AEROMUR?
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