BARCELONA.-   El secretario de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta, ha confiado en el compromiso de todas las 
comunidades autónomas para cumplir el objetivo de déficit de este año, 
pero ha aseverado que "cualquier riesgo de incumplimiento debe ser 
atajado de raíz" para corregirlo, con medidas de la Ley de estabilidad 
que se empezarán a aplicar dentro de un mes y en las que se incluye la 
intervención.
   En una ponencia sobre la financiación autonómica en el curso 'La 
economía catalana a debate' organizado por UIMP Barcelona Centro Ernest 
Lluch, ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) de este jueves se tratará el nivel de déficit de las autonomías 
para este año con los datos de que dispone el Estado.
   Ha concretado que si en un mes se confirman desviaciones en las 
cuentas hasta junio (primer semestre) de algunas autonomías, el Gobierno
 podrá empezar a aplicar las medidas de la Ley de estabilidad 
presupuestaria --"si fuera menester, que ojalá no lo fuera"--, entre las
 que se incluye la intervención de las autonomías incumplidoras.
   Beteta ha expuesto que es un momento de responsabilidad para las 
comunidades autónomas, de austeridad, y es el momento "para eliminar 
todo lo superfluo".
   Ha argumentado que los mercados han reflejado que parte de los 
problemas de España radican en las comunidades autónomas, y que por ello
 se debe extremar la prudencia y el control de las cuentas públicas para
 cumplir con una cifra de déficit que es "inalterable, invariable y 
exigible".
   Ha incidido en que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a 
la responsabilidad y al cumplimiento, de forma que nadie gaste más de lo
 que tiene, norma básica cuyo seguimiento se había convertido en poco 
habitual en las administraciones.
   Ha recordado el leve incremento del presupuesto para las 
autonomías en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, lo 
que es "prueba palpable del compromiso con las autonomías".
   Ha añadido que el plan de pago a proveedores suma más de 2.020 
millones de euros para Cataluña, para pagar a 1.121 autónomos, 4.296 
pymes y 286 grandes empresas: "Esto son hechos, y el resto son 
palabras", ha aseverado.
   También ha repasado que la liquidación del año 2010 del Estado 
hacia Cataluña ha sido superior a la de 2009, y ha asegurado que la 
financiación para Cataluña cumple los criterios del Estatut, documento 
sobre el que ha señalado que también recoge la solidaridad 
interterritorial.
   Ha afirmado que el nuevo sistema de financiación de 2009 ha dado 
más recursos a Cataluña respecto a la media, en un contexto de caída de 
recaudación, con una mejora del 17% respecto al modelo anterior, con 
5.500 millones de financiación adicional de 2009 a 2011.
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