La fractura social en la Región de Murcia / Patricio Hernández *

Tras cuatro largos años de crisis económica y de políticas de ajuste dirigidas obsesivamente a la reducción del déficit, un abismo se ha abierto en la sociedad murciana. La pésima gestión impuesta ha roto ya la cohesión social, empobreciendo a amplias capas sociales y puesto en situación de riesgo de exclusión a cientos de miles de personas, además de abrir agujeros negros de miseria cada vez mayores.

Esta fractura social, desconocida en su magnitud en toda nuestra historia democrática, aumentará aún más con los nuevos recortes presupuestarios y el desmantelamiento acelerado de la protección social que se desprenden del Plan de Reequilibrio Financiero de la región y las medidas antisociales del Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo se reduce nuestra capacidad para salir de la crisis e incluso de amortiguar sus perniciosos efectos.

La región que no hace mucho, en la cresta de un boom inmobiliario especulativo, se presentaba como exitoso modelo a imitar, ha visto como se desplomaban sus indicadores socio-económicos hasta sumirse en la depresión. La falta absoluta de medidas para combatir esta situación, unida con la dogmática contumacia de nuestros gobernantes, anuncia que la aguda crisis social va a ir a más. Si no se corrige sustancialmente esta política estamos abocados a un inevitable estallido social.

Los datos cruzados de los principales indicadores sociales caracterizan una muy sombría situación quizás aún no percibida por la mayoría de la población en toda su crudeza, pero que debemos calificar de grave emergencia social.

La tasa de paro regional ya ha alcanzado su máximo histórico, casi el 27%, superando los 200.000 desempleados, y tendencia al alza. Entre los jóvenes menores de 25 años ya ha pasado del 50%. Según la EPA, en el primer trimestre de este año los hogares con todos sus miembros en paro eran ya más del 16% (hace cinco años eran sólo el 2,9%), lo que supone más de 50.000 familias sin ingresos salariales. Otro 33% de las familias tenían al menos la mitad de los activos parados. La cifra no deja de crecer, ahora realimentada por las importantes pérdidas de empleo público.

También la tasa de empleo ha caído nueve puntos en cinco años (hasta el 46,88% en el tercer trimestre de 2011, unos 559.000 ocupados). Por su parte los desempleados que estaban en esa fecha a punto de dejar de percibir la prestación por desempleo eran el 22,3% (casi 40.000 personas). La tasa de temporalidad era escandalosamente alta, del 35,1% (afectando a 163.000 asalariados). Añádase para completar el cuadro los bajos salarios: según la Agencia Tributaria algo más del 65% del total de asalariados (unos 375.000) se pueden considerar ´mileuristas´ (en salario neto, después de impuestos y cotizaciones), y de ellos nada menos que 212.000 tenían un salario anual inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): no llegaban a los seiscientos euros).

En los últimos cinco años se han producido en las región más de 16.000 ejecuciones hipotecarias, una por cada 840 habitantes. Sólo en el último trimestre de 2011 aumentaron un 417%. Los desahucios en perspectiva son más de 2.000, y la previsión es su continuado aumento por la crisis laboral.

La población en riesgo de pobreza y exclusión no para de aumentar y los datos que aporta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN Región de Murcia) son escalofriantes: según el nuevo indicador europeo agregado (AROPE), en la región se alcanzó en 2010 el 36,3 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión, casi medio millón de personas (la segunda mayor del país, 11,6% por encima de la media). Sólo en un año (2009-2010) la población que sufre Privación Material Severa saltó del 6,3% al 15%. Las personas bajo el umbral de la pobreza según renta eran casi el 30% en 2010 (creciendo cinco puntos desde 2007) y alejados en 8,5% de la media española.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2011 (Instituto Nacional de Estadística, INE) refuerza estos datos al señalar el bajo ingreso anual neto por persona (en 2010 era de 7.629 euros, más de 2.000 por detrás de la media española). Ese año éramos los primeros en porcentaje de personas que no podían permitirse una semana anual de vacaciones (55%), y los segundos en incapacidad de afrontar gastos imprevistos (48,8%).

Por su parte Unicef acaba de publicar que la tasa de riesgo de pobreza infantil (0-17 años) ha llegado al 39,4% (en relación con las familias españolas), la segunda peor del país.

¿Qué respuesta pública podemos esperar a estas cifras terribles que nos acercan a países de bajo desarrollo humano? Muy poca. El Informe DEC 2012 sobre Desarrollo de los Servicios Sociales, clave para conocer nuestra capacidad institucional de respuesta, es muy desalentador al dar al Sistema Regional de Servicios Sociales la calificación de «irrelevante» (con 3,6 puntos sobre diez). Subrayemos la mala situación de las Rentas Mínimas de Inserción, que deberían ser claves en una situación como la nuestra: la reciben una de cada 754,8 personas, casi cinco veces menos que la media estatal, y con una cuantía muy inferior.

¿Estamos tocando fondo en nuestra capacidad de aguante? ¿Habrá estallido social? Parece claro que las redes familiares y sociales de sostenimiento de toda esta precariedad y situaciones de necesidad estructural se están agotando. Tampoco puede ser una alternativa la creciente economía sumergida (los sindicatos dicen que ya puede estar en la región próxima 40%), sin derechos y que estrangula los ingresos de la hacienda pública.

Pero lo peor es que en el horizonte no se vislumbra ninguna voluntad de corregir el rumbo de las políticas públicas de gestión de la crisis, lo que garantiza su profundización. Las condiciones objetivas para el estallido social en la región están dadas. Aún no las subjetivas, que tienen muchos y complejos componentes (psicológicos, sociales, políticos), pero a las que podemos llegar por la desesperación a la que se está empujando a muchos ciudadanos, abandonados a su suerte en un mercado muy deprimido por un estado en abierta retirada y con políticas radicalmente equivocadas.

(*) Presidente del Foro Ciudadano