Personas de la izquierda demandan a Valcárcel y al PP por la acusación de la agresión a Cruz

MURCIA.- Un grupo de personas de distintas organizaciones de la izquierda de Murcia han presentado una demanda en el Juzgado Decano (Decanato) de Murcia contra Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP murciano, así como al propio partido, en relación a las acusaciones públicas en las que se responsabilizaba a la izquierda de la agresión al Consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, según han informado fuentes del Foro Social en un comunicado.

   Los demandantes, tras recoger las múltiples referencias que se hicieron los días posteriores a la agresión al Consejero por Valcárcel y otros portavoces del PP, responsabilizando a la "izquierda poliédrica como inductora de este acto violento", consideran estas acusaciones "injuriosas y lesivas para su dignidad, fama y propia estima, que amparan las leyes, y por tanto una intromisión ilegítima en su derecho al honor, que piden se restablezca".

   Asimismo, solicitan que se proceda a excusarse ante los demandantes por tal comportamiento, y piden la cantidad de 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, incluidos daños morales, que adelantan que de ser obtenidos entregarán a familias necesitadas afectadas por las hipotecas.

   Por ello, piden que se obligue a la publicación o divulgación de la retractación y la excusa a los que suscriben, a costa del demandado, en los medios de comunicación en los que fueron expresadas. Para ello solicitan al juzgado la comparecencia de los demandados en un acto de conciliación.

   Y es que, entienden que "uno de los límites de la libertad plena que defienden para el debate político democrático es la acusación directa de la comisión de actos delictivos del todo rechazables como es la agresión física de que fue objeto el Consejero de Cultura y Turismo. Ese límite fue excedido con las graves acusaciones por las que se criminalizaba a la izquierda, al menos de la autoría intelectual cuando no de la propia agresión".

   Finalmente, han señalado que "no hay que ver en esta acción legal un intento de judicializar el debate político, sino un claro rechazo a que todo esté permitido, incluyendo la injuriosa atribución de la comisión de actos delictivos a una importante parte de la sociedad murciana que se identifica y se considera de izquierda, y que está amparada por el estado de derecho".