martes, 9 de marzo de 2021

El TSJRM desestima la suspensión cautelar de las medidas que afectan a la hostelería murciana desde el 2 de marzo


 MURCIA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado este martes suspender cautelarmente la orden autonómica que establece una ocupación máxima del 30% en el interior de establecimientos de restauración y hostelería, con un máximo de dos personas por mesa, salvo convivientes.

En un comunicado, el TSJRM ha señalado que el auto señala que no procede acordar la medida cautelar solicitada por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Murcia (Hostemur) de suspender la orden dictada por la Consejería de Salud el 2 de marzo.

El tribunal considera que "resulta prevalente la protección de la salud de la población sobre los legítimos e indiscutibles intereses económico/privados sostenidos" por los recurrentes.

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El auto apunta asimismo que la "mayor duración de celebraciones en periodos vacaciones en lugares públicos, como lo es en este caso el de Semana Santa, implican gran cantidad de contactos físicos interpersonales y por ello un considerable aumento del riesgo de contagios".

Hostemur reprocha que se mantengan las restricciones "a pesar de contar con mejores datos que en verano"


MURCIA.- La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha reprochado que el Gobierno regional mantenga las restricciones para el sector hostelero "a pesar de que las cifras de contagio por Covid-19 sean mejores que en verano", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"Tenemos 27 municipios en situación de riesgo bajo y ni así nos permiten mejorar nuestras condiciones de servicio para iniciar la recuperación de un sector que agoniza", ha criticado Jesús Jiménez, presidente de la patronal.

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Según Jiménez, las medidas impuestas para la hostelería "nos están ahogando y que se pueden y se deben relajar a tenor de los datos y por el bien de la economía. Pero para eso hay que ser un político de los pies a la cabeza, con capacidad de gestión y amplitud de miras".

La patronal ha denunciado la "actitud asfixiante" del nuevo consejero de Salud, Juan José Pedreño, y ha solicitado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que "tome las riendas en este asunto para lograr un equilibrio entre salud y economía".

"Hemos llegado al absurdo de que se flexibilicen medidas en todos los sectores menos en la hostelería", ha apuntado Jiménez, que ve "incongruente" que tres personas puedan ir juntas en un coche, pero no puedan comer en el interior de un establecimiento con todas las medidas de seguridad. 

"Y en una casa cuatro personas no convivientes sí puedan cenar, pero en un restaurante no. ¿Qué clase de criminalización es esa?", se ha preguntado.

Los hosteleros han acusado a López Miras de "convertirse, con su silencio, en cómplice de esta situación que está arruinando al sector". 

 "Parece que solo le servimos para utilizarnos en sus críticas al Gobierno central. Más allá de ser un arma arrojadiza no le importamos nada", han añadido desde Hostemur, tras expresar su negativa a "aceptar un desprecio tan mayúsculo para tantos trabajadores y sus familias".

Ante esta situación, la patronal ha reclamado una rectificación de aquí a este miércoles. "Si no es así convocaremos una concentración el viernes a las puertas de San Esteban reprobando la gestión tanto de López Miras como del nuevo consejero", ha asegurado Jiménez.

López Miras estima "razonable" el plan del Gobierno central para Semana Santa y pide un "acuerdo mayoritario"


MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha estimado "razonable" el plan del Gobierno central para la Semana Santa, pero cree que "debe de propiciar un acuerdo mayoritario" entre las autonomías y hacer "todos los esfuerzos" para ello

En declaraciones a Radio Nacional de España, y al ser preguntado por el plan de Semana Santa, López Miras ha reconocido que los acuerdos "no son fáciles" pero "son necesarios" y, sobre todo, "en esta situación en la que todos estamos de acuerdo en que es necesario frenar esa cuarta ola hasta que se acelere el ritmo de vacunación".

"Y es, desde luego, responsabilidad del que dirige que, en este caso, es el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, el procurar y hacer posibles esos acuerdos", según López Miras, quien se ha mostrado "convencido" de que, si el Gobierno central "de verdad toma decisiones, pone encima medidas y trabaja para buscar ese consenso, las comunidades autónomas" van a mostrar su "voluntad de llegar a acuerdos".

El presidente del Ejecutivo murciano ha considerado "razonable" el plan que propone el Gobierno central para la Semana Santa, porque "es lo que nos están indicando nuestros profesionales sanitarios y nuestros expertos en epidemiología y en Salud Pública".

"Y lo que nos dicen es que la Semana Santa no puede ser un factor de mayor riesgo para el contagio; que ahora que tenemos una incidencia moderadamente baja debemos de mantenerla; que no es momento para propiciar movilidad social ni interacción; y que debemos aguantar lo posible con esta incidencia para que, durante los meses de abril y mayo, se procuren esas vacunaciones masivas", ha aseverado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se desmarque de este acuerdo, López Miras cree que el Gobierno central "debe de propiciar un acuerdo mayoritario" y hacer "todos los esfuerzos" para ello. "Yo confío en ello y confío también en esa voluntad y esfuerzo para el acuerdo que impulsa el Ministerio", ha subrayado.

Ha considerado que la Comunidad de Madrid tiene también esa voluntad de acuerdo y, además, cree que lo han mostrado en otras ocasiones. "Es cierto que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades que le hacen diferente a las demás, pero también es cierto que creo que todos estamos convencidos de que debemos evitar que llegue esta cuarta ola", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de sacar adelante un plan de Semana Santa sin Madrid, López Miras ha reconocido que hay "algún tipo de discrepancia jurídica", pero cree que los acuerdos del Consejo Interterritorial "deben ser vinculantes para todos".

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En cuanto a la posibilidad de crear un instrumento para coordinar al Gobierno central y las comunidades autónomas, López Miras cree que, más que organismos, él cree en la "voluntad política" y en la voluntad por lograr esa coogobernanza "que tantas veces se ha dicho pero nunca se ha ejercido".

En su opinión, hay un "abismo" entre la primera ola en la que los presidentes de las comunidades se enteraban de las medidas por las ruedas de prensa que daba Pedro Sánchez los sábados, con respecto a la segunda y la tercera ola en la que "la mayor implicación del Gobierno de España para evitarla ha sido recomendar a las comunidades que no levanten las restricciones, como si esto de la pandmeia no fuera con ellos".

Ha apostado por un "punto intermedio" consistente en la "coogobernanza, la coordinación y la dirección de los asuntos de Estado, sobre todo, para frenar una pandemia".

López Miras recuerda que Murcia es la única comunidad que ha firmado dos planes de rescate a la hostelería y al sector turístico, y "son ellos los que demandan la necesidad de ayudas directas".

En cuanto a la conveniencia de que las comunidades participen en la elaboración de este plan, López Miras cree que, precisamente, una de las razones de ser del Estado de las autonomías es "acercar la administración al ciudadano" y cree que "sería mucho más fácil que ese reparto de las ayudas pueda agilizarse a través de las comunidades y no a través del Gobierno central".

Ha puesto como ejemplo el primer plan de rescate al sector turístico firmado el 7 de noviembre en la Región, y antes del 31 de diciembre "ya habían recibido esa ayuda directa las 6.000 empresas que lo habían solicitado". Por tanto, ha defendido que las comunidades son "eficientes y ágiles".

López Miras ha considerado que si España ha contenido la pandemia de una forma similar al resto de los países de su entorno "ha sido gracias al Estado de las autonomías precisamente, porque han sido las comunidades las que han estado "al frente de la gestión". A diferencia de otros países, ha reprochado que, en España, Pedro Sánchez "ha estado ausente".

Al ser preguntado por si ha sido una decisión errónea del Gobierno central la de transferir toda la responsabilidad a las comunidades, López Miras ha estimado que "habría sido, desde luego, más eficiente, si hubiéramos tomado decisiones de país". Sobre todo, añade, "frente a un virus que no entiende de fronteras".

Por ejemplo, ha reprochado que hubiera "17 inicios de curso diferente" porque "nos ha traído a donde nos ha traído" y cree que si ahora se propicia que haya 17 semanas santas diferentes, "también seremos ineficientes en la lucha contra el virus".

Una sentencia del TSJRM deja de manifiesto el incumplimiento hasta ahora de la ley del Trasvase


MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha resuelto 573 recursos contra la liquidación practicada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en concepto de tarifa de aprovechamiento de aprovechamiento del agua de acueducto Tajo-Segura, tras dictar sentencia en un recurso tramitado con carácter preferente y cuyos efectos se extienden a la multitud de asuntos con idéntico objeto presentados en ese órgano.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), en representación de diferentes comunidades de regantes, solicitó la revocación de multitud de resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de Murcia (TEAR) y la anulación de la liquidación en concepto de "Tarifa de Utilización del Agua", con devolución de las cantidades pagadas por los recurrentes y los intereses correspondientes, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.

Al estar interponiéndose un gran número de recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del TEAR de Murcia relativas a las liquidación de la tarifa del trasvase Tajo-Segura, y dado que estos, hasta un total de 573, tenían idéntico objeto, salvo en lo que se refiere a la cuantía, por auto de 5 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Sección 2 acordó la tramitación "con carácter preferente" de uno de los recursos interpuestos, suspendiendo la del resto de recursos hasta que se dictara sentencia en este procedimiento, designado como pleito testigo.

En sentencia del pasado mayo, la Sala acordó desestimar el recurso contencioso administrativo número 131/19 interpuesto por el SCRATS en representación de una comunidad de regantes y, en noviembre, la sentencia devino firme, con la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto.

Una vez notificada la sentencia a las partes afectadas por la suspensión de los 572 recursos cuya tramitación se había paralizado, estas han optado por desistir del procedimiento, gestionando el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) el desistimiento de los asuntos que pendían de resolución.

Los casi 600 decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia del citado servicio en los últimos días, aceptando el desistimiento interesado, acaban con la tramitación de todos los procedimientos, resueltos con una sola resolución de la Sala.

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Los recurrentes alegaban que con la liquidación se infringía el principio de capacidad económica "puesto que la tarifa establece una base imponible teórica, como es la dotación concesional o comprometida, que es el volumen máximo de asignación establecido para la comunidad de regantes".

Y subrayaban que, a partir de junio de 2017, "la Administración cambia inopinadamente de criterio y altera las liquidaciones que durante estos 37 años venía practicando, al modificar la base correspondiente a los conceptos de coste de amortización de obras y gastos fijos de funcionamiento, que ya no será el volumen efectivo de agua suministrada, sino la dotación máxima teórica que correspondería a cada comunidad de regantes". 

Decisión que atribuían a que "desde mayo de 2017, un mes antes de las nuevas liquidaciones hasta abril de 2018, no se produjo ningún trasvase, de acuerdo con la situación hidrológica existente y en cumplimiento de las normas de explotación del propio trasvase Tajo-Segura".

La Sala, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que la tarifa se descompone en tres conceptos: la amortización del coste de las obras, los gastos fijos de funcionamiento y los gastos variables de funcionamiento y aclara que para calcular la base imponible cada componente se debe aplicar sobre un volumen diferente, concretamente el primero y el segundo sobre la dotación concesional comprometida, mientras que el tercero será sobre el consumo realmente producido. 

"Y si en el pasado no se ha cumplido el mandato legal, dicha actuación contraria a la ley no puede amparar su perpetuación hacia el futuro".

"Es cierto que, a diferencia de periodos anteriores, en las circunstancias actuales resulta especialmente gravosa la aplicación exacta de lo previsto en la Ley", reconocen los magistrados en la sentencia, "y quizá sería deseable que se adoptaran medidas acordes con las circunstancias propias del momento concreto en el que se ha de aplicar la Ley que mitigaran los duros efectos de la misma en este momento", concluyen.

La Región suma nueve fallecidos por Covid y 82 nuevos casos en las últimas 24 horas


MURCIA.- La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 82 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido nueve personas por Covid-19. Se trata de siete varones y dos mujeres de 90, 90, 59, 82, 90, 68, 90, 52 y 79 años, dos de ellos de Murcia y el resto de Archena, Santomera, Albudeite, Lorca, Las Torres de Cotillas, Moratalla y Abarán.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.531, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este lunes a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 106.912.

De los 82 nuevos casos, doce corresponden al municipio de Murcia, 9 a Cartagena, nueve a Lorca, siete a Torre Pacheco, cinco a Caravaca de la Cruz, cinco a Librilla, cinco a Puerto Lumbreras, cinco a San Pedro del Pinatar, cuatro a Cieza, cuatro a Molina de Segura, cuatro a Yecla y tres a Santomera. El resto están repartidos entre diversas localidades.

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El número de casos activos se sitúa en 996 en la Región de Murcia (cuatro más que en la jornada anterior), de los que 159 están ingresados en centros hospitalarios (seis más). De ellos, 59 se encuentran en cuidados intensivos (cuatro menos).

El resto, 837, permanecen en aislamiento domiciliario (dos menos) y hay 104.385 personas curadas, 69 en el último día. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 926.373 PCR y antígenos y 101.729 de anticuerpos.

El concejal de Salud de Murcia dimite tras vacunarse fuera de protocolo


MURCIA.- El concejal Felipe Coello ha renunciado esta tarde, de forma voluntaria, a la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, con el fin de "garantizar la estabilidad del gobierno municipal". 

El Consistorio ha emitido una nota para comunicar la decisión del ya edil, en el que señala que Coello ha renunciado a sus competencias tras haberse reunido con el alcalde, José Ballesta, "con el único fin de no perjudicar la gobernabilidad municipal y el proyecto de ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Murcia".

La dimisión o cese del edil de Salud, Felipe Coello, era una condición 'sine qua non' para que Ciudadanos se planteara la caída del naranja Mario Gomez, el vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia que denunció por corrupción a su propio equipo de Gobierno

La oposición consistorial -PSOE, Podemos y Vox- llegaron a pedir su retirada del puesto hasta en dos plenos diferentes y con apoyo de su socio de Gobierno, Ciudadanos. Tanto el alcalde de Murcia, José Ballesta, como el propio Coello, se resistían a ceder hasta que la dirección regional de los naranjas condicionó una reunión con el PP para abordar la crisis con Gómez si el concejal de Salud dejaba el cargo.

El concejal ha asegurado que "se trata de una decisión muy difícil de tomar que se produce no por motivos técnicos, sino políticos". Desde el Consistorio han señalado que Felipe Coello ha cumplido "de manera estricta con el protocolo de vacunación, luchando de forma ejemplar contra la pandemia del COVID-19 como responsable de Salud Pública municipal".

El alcalde ha agradecido al concejal "su responsabilidad, dedicación y entrega durante estos últimos cinco años en los que no ha diferenciado los días de las noches, ni los días laborables de los fines de semana, para que el municipio de Murcia sea un referente nacional en materia de salud y deporte".

Durante los años que ha sido concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello "ha potenciado el área de salud municipal, haciendo frente a los diferentes retos que han ido surgiendo en estos años y de forma especial durante este año de pandemia", reza el comunicado.

Murcia es la única ciudad de España que cuenta con un servicio de vacunación municipal, que está desarrollando "un papel fundamental para que Región de Murcia tenga uno de los índices de vacunación más altos de España" han indicado desde el Consistorio. 

Por otra parte, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha respondido a las declaraciones del portavoz socialista, José Antonio Serrano, insistiendo en que no hay ningún proceso judicial abierto en relación al contrato de parques y jardines, "es un bulo y una falsedad interesada".

"En el juego político no todo vale y hacer afirmaciones de esta magnitud no puede salir gratis", según han informado fuentes del grupo municipal en un comunicado de prensa.

El Partido Popular presentó el pasado 1 de diciembre una demanda de conciliación previa a la querella para que el PSOE se retracte de "las falsas acusaciones y los bulos interesados" ya que, el pasado mes de julio, los representantes socialistas "difamaron y menoscabaron la imagen del PP con falsedades y por esto tendrán que retractarse de sus manifestaciones ante un juez o enfrentarse a una querella", han insistido fuentes populares.

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En este sentido, han reiterado que el Partido Popular "no ha utilizado ninguno de los cientos de vídeos  de las propuestas presentadas en el contrato de parques y jardines", por tanto, han aseverado, "es taxativamente falso y quien diga lo contrario tendrá que responder ante los tribunales".

"Los únicos dos render con proyectos para Murcia presentados por el Partido Popular en su última campaña, fueron contratados y pagados por el Partido", han aclarado.

Huele raro en La Glorieta desde hace tiempo / José Luis Vidal Coy *

 


Esto de Mario Gómez y las respuestas del equipo de Gobierno del PP tiene tintes de esperpento espeluznante. Serían casi risibles si no fuera porque dan la impresión de que un maremágnum pestilente se ha enseñoreado del consistorio en el que están representados casi medio millón de ciudadanos: un tercio del total de los que viven en la Región. La séptima ciudad del Estado, como gustan de presumir algunos, parece no tener remedio en cuanto a su buen gobierno y limpieza. Democrática y de la otra.

Democrática, digo, porque no es de recibo que una serie de señores que han sido elegidos para gobernar parezcan estar más pendientes de hacerse la cama los unos a los otros que de gobernar efectivamente. Los pocos ciudadanos que se supone que siguen los avatares municipales al detalle deben estar atónitos al ver a qué se dedican los munícipes. Unos y otros.

De la otra, porque las recientes movidas judiciales del aparentemente concejal-en-jefe de Ciudadanos señalan unas prácticas por parte de la mayoría de la coalición gobernante que se han convertido en santo y seña del municipio desde 1995, cuando el PP ganó la alcaldía que ostentó Miguel Ángel Cámara. En su largo mandato, renovado repetida y ampliamente –no se olvide– en las urnas se sucedieron los pases por el banquillo de unos cuantos concejales por diversos motivos. Hasta el propio presidente de la Corporación tuvo que calentar el sitio de los acusados.

Con todas las presunciones de inocencia que haya que respetar, y todas las veces que el PP ganara en las urnas, la repetición y persistencia en esas prácticas que provocaron las intervenciones de fiscales y jueces no es la mejor tarjeta de presentación de nadie. Mucho menos de un grupo político que gestionó con mayoría absoluta apabullante y repartió los presupuestos de una ciudad como Murcia.

Pero el ambiente trasciende el municipio capitalino. En 2019, de los 254 acusados por corrupción 84 lo fueron en la Región de Murcia, según publicó el CGPJ hace un año: el 17 de marzo de 2020. Número que duplicó a los 42 de la Comunidad Valenciana, y superó llamativamente a los 38 de Cataluña, los 23 de Andalucía o los 21 de Madrid.

Es curioso que el PP ganó de calle en 1995 la Región –y sus dos mayores municipios: Cartagena y Murcia– haciendo bandera de la lucha contra la supuesta corrupción socialista de la época del presidente Collado. Al cabo de pocos años, la realidad enseñó un entramado de clientelismo y favoritismo en el que se enredaron unos cuantos ediles.

Diez años después, la que fue concejal de Cámara, Nuria Fuentes, se fue a su casa, momentáneamente, asqueada: "Es difícil ser decente en una cueva de ladrones, pero se puede, echemos a los ladrones y tendremos esa regeneración política", publicó en su perfil de Facebook.

Se creía y se deseaba que el relevo de Cámara, forzado por la presión de Ciudadanos ante sus circunstancias judiciales, iba a inaugurar una nueva era en la Glorieta, bajo el mando de Ballesta. A la vuelta de no muchos meses resultó que el amiguísimo y mano derecha del nuevo alcalde cantaba de plano, sin presión policial, sobre las prácticas dudosas de su PP.

Roque Ortiz, concejal de Fomento, como ahora Mario Gómez, soltó en una reunión preelectoral en enero de 2018 con pedáneos y presidentes de juntas municipales ‘populares’ : "Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide”. Solo dimitió el que se fue de la boca, aunque actuó ante la plana mayor del grupo municipal, incluyendo al alcalde Ballesta, y el coordinador regional del PP, Miguel Ángel Miralles.

Los que estaban en la pomada, o solo leían periódicos, recordaron que Ortiz, siendo gerente de la urbanizadora municipal URBAMUSA, acompañó en 2008 a Cámara y a su teniente de alcalde y concejal de Fomento, Antonio Sánchez Carrillo, en un viaje en jet privado a Estambul dizque pagado por el promotor inmobiliario Ramón Salvador Águeda, quien había intervenido en al menos ocho grandes convenios urbanísticos en Murcia. Eso sí, fueron acompañados por sus respectivas santas, no se fuera a pensar que iban a hacer el golfo.

Con estos antecedentes, la ofensiva denunciadora de Mario Gómez no puede pillar de sorpresa, al margen de las características tan especiales del personaje y de que buena parte de la judicatura murciana parece estar a por uvas. Así que el resultado es que en La Glorieta de España se huele raro desde hace tiempo. Y no es por la falta de saneamiento del río, quizá de lo poco que han dejado limpio las administraciones locales de Murcia desde 2015. Vale. 

 

(*) Periodista 


http://joseluisvidalcoy.es/blog/

Villarejo se muda a Murcia / Lola García *

 


Las ratas han vuelto. Y si no han tornado, porque nunca se fueron, siguen haciendo de las suyas para sacar rédito y disponer a su antojo del Gobierno local. Ya lo dijo el que fuera líder de la Croem, que habló del Palacio Ribereño y de las cloacas que en él habitaban, llenas de roedores. Incluso, llegó a hablar de ‘gente mafiosa’. También una concejala del exalcalde Cámara se despidió hablando de la cueva de ladrones. Todo al final converge en el mismo punto, el poder y su abuso. 

Cuando Cámara se marchó, los populares tenían la oportunidad de renovarse y hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, lo vivido esta semana con el espionaje al concejal de Fomento y primer teniente de alcalde, Mario Gómez, de Cs, hace pensar lo contrario. El PP se ha hecho con un vídeo, que se ha viralizado por whatsapp, en el que se ve al líder local de los naranjas con una periodista hablando en plena calle.  

Un encuentro casual sobre el que han hecho un relato falso acusando al político de filtrar documentos secretos, relato que les ha servido para poner una denuncia en los tribunales contra Gómez por infidelidad en la custodia de documentos. En base a esa acusación le piden a Cs su cabeza. Una operación de una torpeza supina que genera muchas preguntas e interrogantes que ponen encima de la mesa las dudas sobre si las ratas nunca se fueron.

¿Ha contratado el PP de La Glorieta un detective para espiar a sus socios de Gobierno y, en particular, a Mario Gómez? ¿También se está espiando a miembros de la oposición, algunos de los cuales sospechan que les han sido chequeada sus cuentas bancarias? Y todo eso, ¿se está sufragando con fondos públicos? 

Otro interrogante: si no es cosa del PP, ¿quién está haciendo ese seguimiento a Gómez? ¿Acaso Villarejo, el campeón de las grabaciones, vive ahora en Murcia y se dedica a lo propio? Si el encargo es de fuera de La Glorieta, ¿se está espiando también al alcalde Ballesta y a otros concejales populares del Gobierno? ¿También se están haciendo seguimientos a periodistas que cubren la información municipal y con qué objetivo, para presionarlos? 

A estas alturas todo el mundo sospecha de todo el mundo, pero hay una verdad incuestionable. El partido mayoritario en La Glorieta no ha explicado de dónde ha sacado el vídeo o quién se lo ha enviado. En caso de que ellos no supieran nada del seguimiento que se hace a sus socios de gobierno, ¿no deberían haber abierto una investigación sobre ese grabación al entender que se estaba vigilando a una parte del Gobierno, algo muy grave, y ponerlo en conocimiento de la Policía? ¿Por qué no lo hicieron y lo utilizan para denunciarlo e intentar dinamitar el pacto de gobierno?

Muchos interrogantes sin respuesta, como tampoco ha obtenido, de momento, respuesta alguna por parte de los populares, más allá de un comunicado en el que hablan de lugares comunes (todo se hizo conforme a los informes técnicos, etc), las posibles irregularidades de los contratos que está investigando la UDEF por encargo de la Fiscalía. 

El Ministerio público sospecha que se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público en Cultura, Turismo, Servicios Generales y Descentralización, una hipótesis que coincide en algunos aspectos con el informe de la Intervención Municipal en el que se refleja que el ayuntamiento de Murcia hizo más de 20.000 contratos menores en un año por valor de casi cuarenta millones y en el que se da cuenta de distintas irregularidades.

Lo vivido esta semana recuerda a la novela ‘1984’, de George Orwell, donde un Gran Hermano lo controla todo y donde existe la Policía del Pensamiento. Y una habitación en la que hay ratas para acallar a los disidentes. Quizás las de la Glorieta son herederas de aquellas. Por nadie pase. 

 

(*) Periodista

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/03/08/villarejo-muda-murcia-39337262.amp.html