CARTAGENA/MADRID.- ANSE y Greenpeace piden la restauración ambiental de la Caleta del Estacio Han
tardado demasiados años, pero las decisiones judiciales y
administrativas han terminado dando la razón a las organizaciones que
desde comienzos de siglo vienen denunciando que las obras de
construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y
otras infraestructuras asociadas en la caleta del Estacio, en la
vertiente mediterránea de La Manga (Mar Menor. Región de Murcia), eran
ilegales.
El argumento esgrimido por el Gobierno
regional para acordar la caducidad «por la no iniciación, paralización o
no terminación de las obras injustificadamente», es el mismo que ANSE
planteó a comienzos de siglo en sus escritos al entonces presidente de
la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, para que no autorizaran el
reinicio de las obras.
La acción de protesta
conjunta realizada a finales de enero de 2005 por voluntarios de
Greenpeace y ANSE paralizando las obras durante 30 horas provocó la
interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio
Ambiente. La sentencia de dicha demanda confirmó la ilegalidad de las
obras autorizadas por la Comunidad Autónoma.
Las
organizaciones recuerdan que las obras de Puerto Mayor eran ilegales
porque fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca
fue tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
En su día la empresa Puerto Mayor contaba con concesión
administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el
Consejo de Ministros en 1975, pero dicha concesión caducó en 1988 sin
que se realizara obra alguna.
Pedro García,
director de ANSE, ha manifestado que “la anulación definitiva de la
concesión para construir un gran puerto deportivo y urbanización en la
Caleta del Estacio, después de una larga lucha judicial, administrativa y
social de las organizaciones de defensa de la naturaleza y algunos
responsables políticos, nos brinda la oportunidad de cambiar la historia
de destrucción de La Manga y el entorno del Mar Menor por una nueva
etapa de recuperación de los paisajes y la biodiversidad, que terminará
beneficiando también a las personas, al turismo y a un modelo económico
más sostenible”.
El director general de Calidad Ambiental, Antonio
Alvarado, autorizó en el año 2003 la realización de las obras de Puerto
Mayor existentes en la actualidad y que correspondían a un nuevo
proyecto presentado por la empresa en 2001, sin que el mismo contara con
aprobación de la Comunidad Autónoma.
Estos hechos motivaron que ANSE
presentara denuncia contra Alvarado por la comisión de dos supuestos
delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio
ambiente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia.
La Fiscalía hizo suya la denuncia de
ANSE, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia
procesara a Alvarado por un delito de prevaricación. El director general
no ha llegado a ser condenado por estos hechos al incurrirse en un
defecto de forma en la tramitación del proceso judicial.
ANSE
y GREENPEACE presentaron diferentes escritos e iniciativas para acabar
definitivamente con el proyecto de Puertomayor y evitar la reanudación
de las obras, la última en julio de 2017 contra el “proyecto de
conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes
en las instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier” promovido por
Puerto Mayor, S.A.
El Gobierno regional no había cumplido hasta ahora el
acuerdo de la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea Regional de
Murcia de 15 de febrero de 2017, instando al Gobierno regional a que
“reponga la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación
anterior al 16 de diciembre de 1988, declarando la caducidad de la
concesión administrativa concedida a Puerto Mayor, S.A, y reparando los
daños medioambientales causados en la zona”.
Pilar
Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España, ha
indicado que “confiamos en que la afirmación del consejero de
Presidencia de que se trata del portazo final a un proyecto que no
responde al modelo de desarrollo que queremos para nuestro litoral sea
cierto, y no conlleve ninguna iniciativa posterior del Ayuntamiento de
San Javier ni de la empresa por llevar a cabo otro proyecto de puerto
sobre la zona como ha anunciado en diversas ocasiones el alcalde de esta
localidad del Mar Menor”.
ANSE y Greenpeace
entregaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas de
apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, instando al
Gobierno regional a la restauración de la playa del Estacio afectada por
las obras y las 25 hectáreas de arenales anexos, con el fin de
recuperar espacios naturales que también mejorarían la calidad de vida y
el turismo en la zona, a la vez que mostraban su rechazo a cualquier
autorización para continuar las obras.