jueves, 13 de diciembre de 2018

El Grupo Parlamentario de Podemos presenta enmienda a la totalidad de los presupuestos de la CARM para 2019

MURCIA.- Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 153 y siguientes del vigente Reglamento de la Asamblea Regional, formula ante la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD, postulando la devolución del texto al Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONTEXTO ECONÓMICO Y AGOTAMIENTO DEL MODELO PRODUCTIVO EN RELACIÓN A LA FORMULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2019

La presente enmienda a la totalidad se formula en un momento político y económico de alta intensidad, inserto en el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que las fuerzas conservadoras en el Congreso de los Diputados han impuesto a los primeros presupuestos formulados con un planteamiento expansivo desde el inicio de la crisis económica de 2008 y la imposición coactiva por parte de las autoridades europeas de las medidas de austeridad de 2010.
Esos PGE contienen unas medidas políticas y económicas de sentido común general, pensadas para mejorar la vida de la mayoría social. Pero además incorporan medidas que favorecen enormemente a la Región de Murcia. Tan es así que los Presupuestos Generales de la Región de Murcia (PGRM) de 2019 han asumido la parte de las medidas que les benefician, incurriendo con ello el gobierno regional en una palmaria contradicción, que dimana del hecho que integren en los PGRM fondos que no van a llegar a recibirse, y no lo van a hacer, porque su partido, el Partido Popular y su socio presupuestario, Ciudadanos, van a votar en contra de esos mismos PGE.
Por tanto, un ejercicio presupuestario más, nos encontramos ante unas cuentas de imposible cumplimiento (déficit estructural no reconocido), con innumerables partidas que no se ejecutarán e incapaces de poner freno al deterioro de un modelo productivo que solo se ha visto capaz de reducir el desempleo en base a precarizarlo. Un modelo que no genera riqueza, sino que reparte la pobreza.
El contexto supranacional en el que se formulan estos presupuestos se halla envuelto en un escenario de marcada austeridad presupuestaria que no esconde otras incógnitas:
-La Unión Europea ha marcado como objetivo para España mantenerse dentro de los estrechos límites del Plan de Estabilidad, al tiempo que ha devuelto los Presupuestos del Estado de Italia y ha fijado salvedades al proyecto de PGE que el Estado español ha remitido a Bruselas. No cabe duda de que las tensiones austericidas comienzan a brotar en una abrupta contestación en los Estados del sur de Europa, máxime cuando el éxito de unos presupuestos con políticas expansivas, como los aprobados por el gobierno de Portugal vienen a desmentir el dogma de los ajustes presupuestarios conforme venía siendo concebido por Bruselas.
-El acuerdo en torno al Brexit va tomando forma, sin que todavía tengamos claro el impacto que va a tener sobre la economía regional, tanto en materia de exportaciones como en afectación al sector turístico.
-La escalada en los precios de los combustibles fósiles continúa su lenta pero inexorable subida, poniendo en riesgo la estructura de costes de sectores estratégicos de la economía regional.
-Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE sobre una recesión económica internacional planean sobre aquellas regiones cuyo modelo económico se apoya en sectores de escaso valor añadido. Igualmente se advierte que la economía de la globalización debe prepararse para el fenómeno de la automatización y robotización de procesos en todos los sectores productivos y que deben abordarse las medidas estructurales que correspondan ante este fenómeno imparable.
Por ello, las rebajas fiscales contra-cíclicas y la ausencia en los PGRM de músculo financiero para impulsar nuevas recetas productivas nos indica que estos presupuestos resultan alarmantes.
La OCDE, en su Informe sobre Perspectivas Económicas de mayo de 2018 precisamente demandaba a España en sus recomendaciones que no permitiera que las comunidades autónomas (CCAA), en esta carrera ilógica de rebajas fiscales, suprimieran de facto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Señalaba literalmente que ". el uso de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos", asegurando que en España, "existe margen para reforzar" el papel de este impuesto, si bien no se opone a la desgravación de las pequeñas herencias. Esto es, lo contrario a las medidas tributarias que en relación a este impuesto contienen estos presupuestos, esto es, la eliminación de la corresponsabilidad fiscal de los estratos "más acomodados" en términos utilizados por la propia OCDE.
En relación a la economía española y de ahí la necesidad de los PGE pactados por Unidos Podemos y PSOE- debemos poner en valor que todos los indicadores, y las previsiones de organismos oficiales y de instituciones privadas, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3%, alcanzadas hasta ahora por nuestra economía llegan a su fin. Se acerca un período de "desaceleración" o "estancamiento". Con una tasa de desempleo por encima del 16% y con la instalación de la precariedad en nuestro mercado laboral y nuestro bienestar social la preocupación no puede sino ir en aumento. Como señalan Nacho Álvarez y Jorge Uxó, "Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir."
Por tanto parece claro que la precariedad laboral y la devaluación salarial han venido para quedarse. Junto a ellas, el desmantelamiento del Estado del bienestar llevado a cabo en el período de los gobiernos Zapatero y Rajoy ha contribuido a consagrar la desigualdad "rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social". Y ello además está impidiendo abordar otros retos de inmenso calado como el aumento de la productividad, la brecha de género y la lucha contra el cambio climático.
Con todo, lo más grave no son los errores cometidos, sino la falta de voluntad de enmienda. Así las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional son resumidas por Álvarez y Uxó en la siguiente frase: "lo que España necesita es no solo preservar las reformas estructurales ya aplicadas durante la crisis, sino iniciar una segunda ronda de reformas similares para completarlas".
Para PODEMOS, y ese es el espíritu que subyace en esta enmienda a la totalidad, las recetas económicas a aplicar son justo las contrarias: no puede ligarse la recuperación económica y mejora de la competitividad a la devaluación salarial, sino a un cambio de la demanda externa y a la búsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas, así como a un incremento significativo en I+D+I en sectores estratégicos de ventaja comparativa.
La flexibilidad laboral no ha provocado un aumento mayor del empleo, el cual ha crecido en razón del crecimiento económico de los últimos años. Lo que sí ha conseguido esa flexibilidad laboral es precarizar completamente el mercado de trabajo. Nuestro crecimiento desde 2014 se ha apoyado en buena medida en los bajos tipos de interés pese a haber llegado la deuda al 100% del PIB- y en los precios bajos del petróleo; las reformas estructurales deberían haber servido para elevar el potencial de crecimiento y reducir el desempleo, pero si después de aplicarlas los organismos internacionales vienen a decirnos que auguran desaceleración e imposibilidad de reducir ese desempleo, ¿para qué aplicar más reformas estructurales de la misma naturaleza? Por último señalar que las políticas de recortes del gasto público insuflaron a la economía un factor depresivo ya que disminuyeron gasto e inversión, contribuyendo a aumentar exponencialmente el déficit público, en consecuencia.
En palabras de Álvarez y Uxó, el modelo aplicado ha fracasado dada "la poca relevancia teórica y práctica del concepto de NAIRU (la tasa de paro compatible con la estabilidad macroeconómica, y en particular con la estabilidad de la inflación), cuyo valor se habría incrementado supuestamente hasta el entorno del 15% a lo largo de la crisis. Utilizarlo para seguir insistiendo en las mismas políticas laborales que han institucionalizado la precariedad es francamente incomprensible."
Para nosotros los cambios que deben producirse en la economía actual van en sentido contrario a esas recomendaciones que nos han traído a esta situación de precariedad y riesgo de exclusión social, agudizadas en la Región de Murcia, dada la endeblez de su sistema productivo. En palabras del economista Larry Summers "No podemos confiar en la política de tipos de interés para garantizar el pleno empleo. Debemos reflexionar intensamente sobre las políticas fiscales y las medidas estructurales necesarias para apoyar una demanda agregada sostenida y adecuada".
En ese sentido, medidas como la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que goza del visto bueno incluso de la OCDE o la inversión en políticas efectivas de transformación del modelo productivo que nos hagan menos dependientes de los sectores agrario y turístico forman el eje de nuestro programa presupuestario y de esta enmienda a la totalidad.
En atención a ello debemos desarrollar amplios programas de estímulo económico en sectores industriales, utilizando el potencial hoy desaprovechado- de la formación ocupacional, realizar una apuesta sin parangón por la implantación de las energías renovables de ahí la Ley de Autoconsumo impulsada desde el Grupo Parlamentario PODEMOS en la Asamblea Regional al Congreso de los Diputados- e incorporar todo el potencial del sector de los cuidados al circuito productivo, entre otras medidas transformadoras cuya ausencia brilla en los PGRM consensuados entre Partido Popular y Ciudadanos.
El estancamiento de nuestra economía no es un dato que ponga en valor PODEMOS realizando una tarea de oposición destructiva. Una institución tan poco sospechosa como CROEM, el pasado 27/11/2018 alertaba que "se va agotando el empuje del crecimiento regional".
Y es que no podemos obviar los datos macroeconómicos en los que se inspiran estos presupuestos, en los que pasamos de un crecimiento del 3,3% en 2017 a la previsión de un 2,3% en 2019. Un peligro se adivina en el horizonte y hay un gobierno que pretende combatirlo con las mismas herramientas con las que ha fracasado en los últimos años. Analizar los presupuestos de 2019 es como volver a 2015. Son los mismos, con las mismas recetas, incongruencias, imperfecciones e incapacidades. Toda una revelación de impotencia sancionada por sus coautores políticos.
La coyuntura económica regional en la primera parte de 2018 recogida en los presupuestos reconoce la desaceleración fundamentalmente en el consumo privado (directamente relacionado con la disminución de los salarios) y de la demanda externa neta.
Los parámetros económicos que recogen los PGRM delatan su inconsistencia. El techo de gasto no financiero se ha fijado en 4.649 millones de euros, mientras la previsión de ingresos no financieros se sitúa en 4.513 millones de euros, lo cual supone la asunción de un déficit de 136 millones de euros que de antemano sabemos irrealizable, por cuanto ya en 2017 el déficit público cerró en 457 millones de euros y esperamos una cifra parecida para 2018. Por tanto un ejercicio más, simplemente se trata de cuadrar unos números para cumplir con los parámetros marcados por el Ministerio de Economía y Hacienda, números que no gozarán de correlato real alguno.
¿Qué ocultan con artes impropias de quienes se denominan buenos gestores públicos?
-En primer lugar lo inconcebible de una rebaja de impuestos que resulta inconcebible en una Región en la que el déficit público en 2017 ascendió al 1,6% de su PIB (457 millones de euros) y en la que la deuda pública alcanza a junio de 2018 los 9.108 millones de euros y que alcanzará sin ninguna duda en 2019 los 9.700 millones de euros-. En otras palabras, las rebajas fiscales de hoy suponen una irresponsabilidad por cuanto implican endosar a las generaciones venideras el aumento de la deuda que las mismas van a provocar.
-Lo destructivo de los mecanismos de externalización y privatización de servicios implícitos en estos presupuestos que, como ya sabemos, conllevan el progresivo deterioro de los servicios públicos fundamentales. Esa práctica ya sabemos a dónde nos conduce a largo plazo: ruina de los servicios que tendrán que ser rescatados, creación de una ciudadanía dual (la que puede pagarse una sanidad y educación privada de un lado, y la que no puede por otro, agigantando la brecha social) y deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos.
Negro sobre blanco aumentan el presupuesto de la Consejería de Salud en un 3,10% y el de la Consejería de Educación Juventud y Deportes en un 3,89%, obviando un año más que el déficit estructural del Servicio Murciano de Salud oscila entre los 350 y 400 millones de euros. Reducirlo a costa de precarizar a su personal y externalizar los servicios que presta constituye una auténtica irresponsabilidad.
-La imposibilidad de acceder a los adelantos de los pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica por importe de 120 millones de euros que consignan en la partida de ingresos, si no se aprueban los PGE propuestos y pactados por Unidos Podemos y PSOE.
-Que no se producirá la subida salarial a los funcionarios públicos del 2,25% si no se produce la aprobación de los PGE pactados por Unidos Podemos y PSOE, que el Partido Popular y Ciudadanos van a votar en contra. Por tanto estos presupuestos no defienden a los trabajadores públicos murcianos, ya que en caso contrario el gobierno regional apostaría en su texto por la aprobación de los PGE.
-La ausencia de compromiso con la financiación local, al no blindar un fondo de cooperación local que contribuya al sostenimiento de desarrollo de nuestros Ayuntamientos.
Mientras se promocionan cifras macroeconómicas que pretenden traslucir la recuperación económica y del bienestar de los murcianos, se obvian datos escalofriantes de la situación social que subyace a más de veinte años de políticas nefastamente liberales. Se trata de los datos de la precariedad laboral, de los trabajadores cuyos salarios ya no son suficientes para subsistir con dignidad, de la miseria salarial extrema. 95.000 murcianos sufren pobreza severa y viven con menos de 355 euros al mes. Para ellos no hay respuesta en estos presupuestos. Son los grandes olvidados de una política social asistencialista y miserable. Las partidas para renta de inserción aumentan en 20 millones. Y eso es todo. No está en la agenda de este gobierno una renta básica garantizada para todos los ciudadanos, ni un programa activo de formación para las personas en pobreza severa. No hay hoja de ruta para revertir la "moderación salarial" y la temporalidad. Solo la presión de las fuerzas políticas del cambio está provocando que pueda abrirse la negociación colectiva para esos 200.000 trabajadores cuyos convenios han expirado y que sobreviven ahora al albur de una negociación salarial individual que les priva de fuerza alguna.
La solución por tanto no puede pasar porque el gasto público del conjunto de administraciones públicas se sitúe por debajo del 40% del PIB, cuando en las economías de nuestro entorno el mismo supera entre 6 y 8 puntos de media esa cifra. Estamos privando a la administración pública del músculo necesario para asegurar la cobertura social de los ciudadanos con menores recursos y la inversión en políticas de aumento de la productividad. La traslación de esa dinámica presupuestaria a la Región de Murcia ha supuesto la incapacidad del gobierno regional para configurar un presupuesto que supere la limitación impuesta por los condicionantes que determina el actual sistema de financiación autonómica y el límite de déficit permitido. Ambos mecanismos económicos, austeridad y el control del gasto, forman parte del aparato ideológico del ultra-liberalismo, y nos han conducido al callejón sin salida actual.
La reforma del sistema de financiación autonómica resulta imperiosa. No obstante, este gobierno ya ha demostrado su incapacidad para reivindicar la misma con la intensidad necesaria después de siete años de gobierno "popular" en Madrid. Lo cierto es que no podemos seguir permitiéndonos más presupuestos ficticios, como los que año tras año presenta este gobierno, en los que el techo de gasto es una entelequia, el cumplimiento del objetivo de déficit una fantasía, y los recortes en servicios fundamentales se han convertido en una norma que tampoco evita el sobreendeudamiento gracias a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico. El gobierno de López Miras, como antes el de Pedro Antonio Sánchez, no podrían hacerlo peor en la Región de Murcia.
El techo de gasto, situado en 4.649 millones y que nace con 133 millones de euros de déficit, resulta una mera ficción. Si a esos 133 millones de euros, añadimos los 120 millones de euros presupuestados como ingresos del sistema de financiación autonómica que no llegarán al no aprobarse los PGE y la diferencia entre el déficit autorizado y el real, que rondará los 300 millones de euros, la conclusión es palmaria. Podemos asegurar ya que el ejercicio 2019 finalizará con un déficit de 553 millones de euros como mínimo. Cerramos la legislatura como la iniciamos, esto es, el déficit no es realista y su fijación y cumplimiento obedece más a una representación del teatro presupuestario que a un límite técnico y vinculante que sirva de referencia para la acción política. Si a ello unimos los datos de ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios el panorama solo puede calificarse de desolador. No en vano no dejamos de ser la comunidad autónoma más incumplidora en materia de déficit. Otro dudoso honor al que el gobierno del Sr. López Miras nos tiene acostumbrados.
En ese contexto ya hemos subrayado que las rebajas impositivas en materia de tramo autonómico de IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y fiscalidad medioambiental y del juego solo contribuyen a deteriorar nuestros servicios públicos y a aumentar la brecha entre los ciudadanos que más y menos tienen. La práctica supresión del Impuesto de Sucesiones llevada a cabo en 2018 se cuantifica en estos presupuestos en 118 millones de euros. La del Impuesto de Donaciones ni siquiera se cuantifica, evitando con ello poner cifras al elevado aumento de las "herencias en vida", pero fácilmente podemos aventurar que nos encontramos ante unos beneficios fiscales de otros 80 millones de euros. La rebaja del tramo autonómico del IRPF (16 millones de euros), la inexistencia de actuaciones inspectoras en la persecución del fraude fiscal sobre tributos propios y cedidos, y los beneficios fiscales al juego (7,4 millones de euros) nos ayudan a entender no solo el modelo de gobierno que tenemos, sino el caos presupuestario, la inmensidad del déficit y la necesidad de ordenar racionalmente tanto ingresos como gastos públicos, racionalización que obviamente deberá realizar otro gobierno, del que el Partido Popular no forme parte.
Y mientras todo esto ocurre, el problema del desempleo y la precariedad siguen ahí. La población activa de la Región de Murcia según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2018 la componen 712.000 personas, de las cuales 116.000 se encuentran en situación de desempleo (16,3%) y 170.000 personas tienen un trabajo temporal. Si a ello unimos que los contratos de tiempo parcial afectan a 81.000 personas parte de ellos forzosos- y que el 32% de los trabajadores a tiempo completo no llega a los 1000 euros de salario mensual, el mapa del mercado de trabajo regional resulta descorazonador.
Al menos el 47% de los trabajadores percibe 1.000 euros mensuales o menos. En un contexto de crecimiento de la economía regional del 3,3%, solo el 0,6% ha ido a engrosar la masa salarial del conjunto de trabajadores. Ese modelo de crecimiento solo puede calificarse como un modelo empobrecedor para los asalariados.
Hay otros datos que nos alertan de que estamos ante un mercado de trabajo dual, absolutamente precarizado como el del número de contratos temporales que se suscriben o la existencia de cientos de miles de trabajadores con sus convenios colectivos vencidos y por tanto sin actualización de sus tablas salariales. Pero cabe resaltar dos datos de enorme y sugestiva importancia:
-La brecha de género alcanza el 15%, una de las más elevadas del Estado, brecha que ha aumentado. Según datos del Consejo Económico y Social (CES), la tasa de empleo masculina se encuentra situada en el 67,1% mientras que la femenina se sitúa en el 52,1%, 15 puntos porcentuales de diferencia cuando un año antes se rebasaba ligeramente los 13.
-La tasa de cobertura del desempleo se halla situada en el 50,9% de los desempleados. Prácticamente uno de cada dos desempleados carece de ingreso alguno, y no percibe una renta que le ayude al sustento vital y la evitación de la exclusión social.
En consecuencia, apoyar estos presupuestos supone seguir apuntalando las políticas que nos han llevado a este desastroso mercado laboral y esta acuciante disminución de los salarios (con una inflación en aumento) así como a instaurar la precariedad en el conjunto de la sociedad. Será responsabilidad de aquellas fuerzas políticas que los apoyen.
Desde nuestro nacimiento como partido político hemos reclamado la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y también de la Ley 5/2012 y de las reformas laborales llevadas a cabo por los últimos gobiernos de PSOE y PP. Por ese motivo y bajo el prisma de un análisis objetivo de los presupuestos, desde nuestra posición política, la única alternativa coherente es la de presentar una enmienda a la totalidad.
Nuestra tarea como fuerza del cambio es la de promover que otras políticas públicas son posibles y así hemos actuado siempre dentro del marco institucional que nos viene dado y con las continuas dificultades que nos encontramos para acometer nuestra tarea. Sirva como ejemplo de ello que este año se ha vuelto a producir un déficit democrático en la tramitación de los presupuestos. En el 2016 se arrebató a la Asamblea Regional el debate sobre el techo de gasto. En la aprobación de los presupuestos de 2017 se produjo un injustificado acortamiento de los plazos de tramitación, incumpliendo el artículo 46 del Estatuto de Autonomía que establece un plazo de dos meses que deben transcurrir entre la presentación del proyecto de Ley y su entrada en vigor, y los artículos 152 a 156 del Reglamento de la Asamblea Regional que establecen en diez y treinta días los plazos de registro de las enmiendas total y parciales respectivamente. La tramitación de los presupuestos de 2018 llevó a cabo la práctica supresión de la actividad parlamentaria en relación a los mismos. Y en idéntica situación nos encontramos respecto de la tramitación de los presupuestos de 2019. A nuestro juicio esta es una forma de actuar que tiene poco de democrática, y que obstaculiza la debida conformación del análisis crítico que todo presupuesto debe implicar, en un contexto en el que además el gobierno regional quebranta continuamente las decisiones adoptadas en sede parlamentaria; recurre leyes, veta otras amparándose en motivos de índole presupuestaria, deja de ejecutar enmiendas aprobadas como bien han experimentado en sus carnes sus socios parlamentarios de Ciudadanos- y convierte en definitiva al poder ejecutivo en legislativo.
Nuestra praxis parlamentaria se ha guiado siempre por la honestidad y por eso, siempre en términos de exposición pública de nuestras propuestas, acudimos a este trámite formulando una enmienda a la totalidad que denuncie las inconsistencias del presupuesto regional y que plasme en su texto que es posible otra forma de componer las cuentas públicas. Una forma inclusiva, alejada de clientelismo y meritada en función de las necesidades de todos los murcianos.

II. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA 2019

El examen pormenorizado del presupuesto presentado no resiste un análisis riguroso en relación a su formulación técnica ni numérica, y de su expresión legal solo podemos concluir que estos presupuestos constituirán un lastre para un crecimiento económico que lleve aparejada la redistribución de la riqueza y la protección social. Tal como indicábamos en el texto de nuestra enmienda a la totalidad del ejercicio 2018, el presupuesto 2019 en esto no ha variado nada con el cambio del consejero del ramo- resulta "políticamente estéril, económicamente infundado, técnicamente embarrizado y socialmente incapaz de revertir la brecha que la crisis ha abierto en una sociedad dual."
Esta Región necesita un presupuesto y una acción de gobierno capaz de promocionar un nuevo modelo productivo y de actuar de motor de una economía que languidece, de enhebrar políticas capaces de retejer el modelo social, y de formular unas cuentas públicas con todos los ciudadanos dentro, y que no ignoren y marginen a un tercio de la población de nuestra tierra.
Las deficiencias recurrentes del presupuesto han sido evidenciadas de forma sistemática por el Tribunal de Cuentas, el cual ha puesto de manifiesto, como cada ejercicio presupuestario, que que las cuentas generales presentadas no incluyen la justificación del coste de los servicios públicos ni el grado de cumplimiento de los objetivos programados conforme exige el artículo 108.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. De igual forma no existe un reforzamiento del control de la Intervención General sobre la variedad de empresas públicas, fundaciones, consorcios y otros entes administrativos que pueblan el presupuesto escapando al control presupuestario general. En materia de contabilidad analítica tampoco se han introducido los mecanismos que ayuden a lograr la óptima eficiencia en la "presupuestación por objetivos".
Junto a estos aspectos y pese al anuncio del acometimiento de medidas de control de inventarios, todavía no existe un protocolo para los inventarios de bienes de empresas públicas, fundaciones y consorcios integrados en la Administración autonómica. De igual forma se adolece del control necesario -como denuncia el Tribunal de Cuentas- sobre la gestión de las subvenciones públicas, con cuestiones tan flagrantes como la inexistencia de un sistema de aviso a los gestores de subvenciones sobre plazo de prescripción relativo al reintegro de las mismas o la ausencia de un registro único centralizado que recoja los expedientes de reintegro en trámite. Una prueba de ese descontrol ha sido la gestión de los reintegros de subvenciones derivadas del terremoto de Lorca. Un prueba evidente de la incapacidad gestora de este gobierno.
En adelante pasamos a realizar un análisis detallado por Consejerías de las cuestiones impugnatorias esenciales que afectan a los presupuestos.
Consejería de Presidencia.
En relación a la confección presupuestaria de las áreas relacionadas con la Consejería de Presidencia, debemos iniciar referenciando que los presupuestos de 2019 representan el 1,18% del total, disminuyendo un 0,79% respecto de los de 2018. Teniendo en cuenta que esta Consejería es la responsable de políticas como la seguridad ciudadana, coordinación de policía local, emergencias y protección civil, cooperación internacional al desarrollo o la dotación para las competencias de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, no parece que exista ninguna apuesta por mejorar sustantivamente ninguna de estas materias.
La seguridad ciudadana asiste un año más a la postergación de la aprobación de la Ley de Coordinación de Policía Local, un instrumento legislativo cuya finalidad iba a ser mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios de policía y aumentar las sinergias de su trabajo conjunto. Con un aumento de apenas 7.571 euros para la partida de seguridad ciudadana no parece que el horizonte de esta ley se vislumbre para 2019 y desde luego, de aprobarse no contaría con fondos adicionales para su desarrollo.
El tratamiento presupuestario de Emergencias (112) nos remite al déja vu constante que denotan sus presupuestos. La adjudicación del servicio se realizó por una cuantía sustantivamente inferior a la que conformaba el concurso del citado servicio. Obviamente esa rebaja se traduce automáticamente no en un ahorro de costes sino en una merma en la calidad del servicio y en la externalización de personal que ve empeoradas sus condiciones laborales rozando la precariedad-. Esa externalización se valora en estos presupuestos en 2.634.206 euros, sin que exista ningún mecanismo de control de calidad y efectividad del servicio prestado. Un año más solicitamos que los servicios prestados por el 112 se asuman directamente por esta Consejería al entender que la seguridad y las vidas humanas deben gozar de una gestión pública y directamente prestada por la administración que evite disfunciones en un servicio de este calado y que mantenga en condiciones dignas a sus trabajadores.
Por lo que respecta al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia reiteramos, como hemos venido haciendo en todas las enmiendas a la totalidad de esta legislatura, que son los sindicatos del propio Consorcio los que alertan de la precaria situación en la que trabajan y el riesgo que esto implica para la ciudadanía. El propio CSIF en sus informes ha venido denunciando la infra-dotación de los parques de bomberos, parques con tres personas que cuando atienden una emergencia dejan el parque cerrado y vacío, ya que no hay retén, el abuso de las "guardias extendidas" (que no dejan de ser horas extraordinarias) ya que la falta de personal dejaría parques desatendidos en caso de establecer turnos y horarios normales atendidos de forma equitativa. Parques como el de San Pedro de nueva construcción y sin dotación de personal que se cubre con el escaso personal del resto. A ello debe sumarse la existencia de zonas de sombra donde los efectivos tardan cuarenta minutos en llegar en caso de aviso. La prometida reposición de plazas no se ha llevado a cabo y a ello hay que unir que un tercio del parque móvil cuenta con más de 25 años. Debe trabajarse en una gestión unificada de los parques y a tal fin sería necesario que la página web se actualizase ya que los datos que constan en la misma vienen referidos a 2015. Por último resulta imprescindible acometer un plan de reordenación de la plantilla a fin de su rejuvenecimiento apostando por la provisión de nuevos destinos para sus miembros y convocando oposiciones donde puedan acceder personas de menor edad.
En materia de cooperación internacional al desarrollo debemos denunciar el flagrante incumplimiento, un año más, del gobierno regional para con el "Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional para el desarrollo de la Región de Murcia", que suscribieron todos los partidos políticos con el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto a estos fines. Las partidas que se destinan no llegan tan siquiera al 0,1% del presupuesto. No se trata solamente de un incumplimiento de la palabra política dada, sino de una falta de compromiso con la solidaridad rayana en el cinismo con el que luego fustigan la llegada "ilegal" de inmigrantes. La otra cara de esta falta de compromiso la tenemos en los CIES, auténticas cárceles donde el hacinamiento y la vulneración de derechos de las personas enseñan la peor cara de las políticas que presupuestos como estos esconden.
Nos remitimos, una vez más, a los ejes centrales fijados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Para conseguir esos objetivos los presupuestos deberían contribuir de forma decidida en sus políticas públicas de conformidad con las siguientes demandas:
- El aumento de la partida presupuestaria para Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- El aumento de la partida presupuestaria de Ayuda Humanitaria y de Emergencia gestionada a través de las ONGD y entidades con implantación en la Región de Murcia.
- El aumento de la partida presupuestaria para Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
-Dotación a la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia de un convenio de colaboración anual recogido en los Presupuestos Autonómicos con un importe suficiente para su funcionamiento, así como para la realización de actividades de formación y sensibilización, entre otras.
En cuanto al tratamiento que están realizando de los presupuestos participativos, nos preocupa enormemente el hecho de que estén convirtiendo una herramienta de participación ciudadana en un instrumento de competencia entre asociaciones que no redunda en beneficio general y que somete a ese tejido social una vez más a las estrictas normas de la concurrencia competitiva. Este gobierno ha entendido los presupuestos participativos como entiende toda su política: competencia o clientelismo. Esa forma de afrontar las herramientas de participación no solamente resulta nociva sino que además pervierte el espíritu democratizador que las inspira. Los presupuestos participativos se conforman sobre la idea de la concurrencia de las administraciones públicas, los técnicos en cada materia y los ciudadanos debaten y evalúan necesidades y proyectos. Por tanto, destinar aproximadamente el 0,3% del presupuesto total, que la administración seleccione a las organizaciones más "representativas" y reducir la participación ciudadana a una encuesta online no es la idea de presupuestos participativos que tiene PODEMOS. Nosotros apostamos por un modelo de diálogo y comunicación entre administración y ciudadanía, generando espacio de debate y donde sean los ciudadanos y el tejido social los que tengan la llave de decisión. En aquellos municipios en los que los hemos puesto en práctica bajo esta filosofía no cabe duda de que están resultando exitosos, baste citar los ejemplos de Madrid o Molina de Segura.
Por último y en lo referido a cooperación local, la prestación de servicios consorciados a municipios de menos de 20.000 habitantes (y en especial a los de menos de 5.000 habitantes) conforme viene establecida en la Ley de Bases de Régimen Local, delata que el actual gobierno no invierte en políticas municipales y en la mejora de la financiación de los municipios, sino que utiliza el dinero que recibe del Sistema de Financiación Provincial para enjugar su monstruoso déficit y evidenciar su pésima gestión.
Consejería de Salud y Servicio Murciano de Salud.
En materia de Salud, la tónica presupuestaria de los últimos años no ha variado. Y por supuesto el mecanismo contable utilizado por el gobierno regional de mantener el Servicio Murciano de Salud (SMS) independiente de la Consejería se mantiene. Con ello se da pábulo a la ficción de encubrir el déficit estructural de las cuentas públicas de modo consentido por la administración central. El anterior consejero de Hacienda no tuvo reparos en reconocer en sede parlamentaria que utilizaba este método para no verse constreñido por el límite de déficit, sustrayendo además el control democrático de esa entidad pública administrativa. Un ejercicio presupuestario más, el presupuesto para el Servicio Murciano de Salud en 2019 asciende a casi 1.880 millones de euros (1.879.846.473) frente a los 1.823 millones de euros de 2018, a sabiendas de que en los ejercicios anteriores la ejecución presupuestaria superó en al menos 400 millones de euros lo presupuestado (451 mil por ejemplo en el ejercicio 2016). En 2018 los datos de ejecución presupuestaria a septiembre indican que ya se llevan gastados más de 1.670 millones de euros. Ello quiere decir que en 2018 el déficit de SMS se situará nuevamente cerca de los 350 millones de euros (teniendo en cuenta que en diciembre hay que abonar la paga extraordinaria). Y en 2019, cabe presuponer que el déficit se situará próximo a los 300 millones de euros, al haber aumentado la dotación presupuestaria en 56 millones de euros. No se han adoptado medidas adicionales de ahorro de costes y, no solamente no se revierten los recortes practicados en nuestro sistema de salud sino que aumentan las externalizaciones. Tal como hemos denunciado en cada enmienda a la totalidad de las presentadas en esta legislatura, la infrafinanciación sanitaria se debe también a que no se destinan los recursos necesarios de forma consciente. Tenemos uno de los sistemas de salud más caros del conjunto estatal, y nuestros indicadores de salud son peores que en el resto de España (esperanza de vida, buena salud, tasas de mortalidad, mortalidad prematura, etc.). Esta situación no se produce porque el personal sanitario esté peor formado o trabaje peor que en otras comunidades autónomas. Esto se produce por la ineficiente gestión del gobierno regional en materia de sanidad durante los últimos 23 años. El experimento neoliberal debe terminar, y el SMS debe dejar de ser una entidad empresarial y volver a la Consejería de Sanidad, como sucede en todas las Comunidades Autónomas salvo la Región de Murcia y La Rioja.
En cuanto al análisis detallado del presupuesto, criticamos los siguientes aspectos: se deben reducir las partidas derivadas a la sanidad privada, y aumentar los recursos propios al establecer un turno ordinario de tarde y un incremento de plantilla, así como reducir las externalizaciones de servicios, llevando a cabo para ello una auditoría de todos los servicios sanitarios y no sanitarios prestados de forma indirecta, así como un informe jurídico y económico-financiero donde se acredite qué tipo de gestión, directa o indirecta, de estos servicios es más eficaz y eficiente.
A fin de reducir las listas de espera, destinan 84 millones para actividad concertada, habiendo aumentado en 20 millones esta partida en lo que va de legislatura, y a ello hay que unir la partida específica de 34 millones que se destinará a autoconcertación y más externalizaciones. Al cierre de ejercicio la ejecución real ascenderá, como viene ocurriendo en los últimos años, a unos 150 millones aproximadamente.
Por lo que respecta a personal estamos ante unas cuentas poco serias, ya que presupuestan la dotación de profesionales para servicios de nueva implantación, cuyas infraestructuras no estarán disponibles a lo largo de 2019, como es el caso de la UCI de Caravaca. Además, el aumento previsto de 49 millones se destina básicamente al incremento del 2,25% de las retribuciones, al pago pendiente de la paga extra de 2013, a la carrera profesional, y al cambio de las personas que están en contratación laboral que pasan a ser personal estatutario; por lo tanto, apenas habrá disponibilidad económica para aumentar las plantillas, continuando así el insostenible déficit de profesionales.
Un presupuesto que continúa con el impulso de la Atención Primaria de Salud que se traduce en proyectos de infraestructuras, en un reducido aumento de plantilla, y eso sí un aumento en la dotación para concertación de servicios como pruebas diagnósticas o fisioterapia, en el contexto de inexistencia de un plan que haga que la Atención Primaria sea la verdadera puerta de entrada al sistema de salud y deje de ser un servicio accesorio a la atención hospitalaria.
Otra cuestión importante en la Región de Murcia es la Salud Pública, a la que destinan un escuálido presupuesto de 25 millones, que básicamente se distribuye entre el gasto de personal y de vacunas, teniendo que hacer frente a unos datos que nos sitúan como una de las comunidades con mayor índice de obesidad en adultos, la primera en obesidad infantil, la primera en número de adolescentes embarazadas, donde han aumentado las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, se han disparado las adicciones tanto a las drogas como a los juegos de azar, en la que han aparecido los primeros casos de Dengue -la primera comunidad autónoma del país-, y una de las regiones con peor calidad del aire.
Por último, criticamos con dureza que la partida que se destina al mantenimiento de consultorios locales a través de los ayuntamientos continúe mermada, así como que la dotación destinada al plan de mejora de centros disminuya en 9 millones de euros, recogiendo proyectos de centros de salud que no son demandas y olvidan demandas como el centro de salud de Molina Este o el centro de salud de San Cristóbal en Lorca. También señalar que este presupuesto vuelve a olvidarse de las zonas rurales alejadas de los entornos urbanos, clasificadas como "Puntos de especial aislamiento", no garantizando una atención continuada ni dotándolas de los recursos necesarios, como por ejemplo las pedanías de Moratalla, a las que sigue sin consignársele una ambulancia para atender las urgencias extrahospitalarias.
Como muestra del caos instalado en la gestión de esta Consejería, un botón, el Hospital de Caravaca, que da servicio a toda una comarca, está de obras, faltan especialistas, hay larga lista de espera... Ni las obras se terminan, ni se eliminan las listas de espera ni se invierte con contundencia para mejorar la calidad de un servicio esencial para la ciudadanía.
La Consejería obvia igualmente otros problemas que requieren de urgente atención, como los copagos, la pobreza farmacológica, la prevención de adiciones y un largo etcétera.
La crisis presupuestaria de la CARM ha arrasado la Sanidad y amenaza con deteriorarla aún más. En conclusión, un presupuesto sanitario que esconde al menos 300 millones de euros no declarados como gasto, pero que se van a gastar con seguridad no puede autodenominarse riguroso. El gobierno sabe de antemano que incumplirá los presupuestos ya que su confección es irreal y conlleva un constante recorte en Sanidad.
Consejería de Hacienda.
La Consejería objeto de análisis juega un papel esencial a la hora de evaluar el diseño de las políticas públicas del conjunto de la comunidad autónoma. Su importancia radica tanto en las partidas de gasto que incluye, como en la configuración de los parámetros básicos de los presupuestos, la fijación de los ingresos y los beneficios fiscales que aplica. Igualmente, este departamento es responsable de la deuda y de la cuenta financiera de la CARM, que este año se cuantifica en 1.220 millones de euros. Por tanto, pende de esta Consejería el diseño del conjunto de la dirección política de la inversión pública, el impulso del modelo productivo y la situación de los trabajadores públicos.
En materia de diseño de los presupuestos cabe aducir los siguientes argumentos deslegitimadores de su eficacia:
-En una Región profundamente atravesada por la desigualdad y en la que el crecimiento económico no lleva aparejado su reducción, la contracción prevista del mismo (creceremos entre el 2,3 y el 2,5%), sin aumento de productividad, imposibilita reducir el desempleo, al menos creando empleo digno de recibir tal nombre.
-Los presupuestos asumen la pérdida de crecimiento, asumen la incapacidad de mejorar los servicios públicos y de aumentar la productividad de nuestra economía, fiando nuestro devenir a la continuidad de los bajos tipos de interés para el pago de la deuda (lo que hemos venido denominando la respiración asistida del Fondo de Liquidez Autonómica) y a que los precios de los combustibles continúen contenidos.
-Los presupuestos 2019 vuelven a dar la espalda a la inversión productiva en sectores de mayor valor añadido como el industrial, a la inversión en energías renovables y a la inversión en desalación. Igualmente fían toda la potencia inversora en materia de infraestructuras al Estado, desentendiéndose de la red de cercanías ferroviarias, la red de carreteras, la Zona de Actividades Logísticas o el Corredor Mediterráneo. Nos encontramos ante unos presupuestos "bajo mínimos" para impulsar los sectores que puedan sacarnos de la cola del desempleo y de la cola en todos los indicadores de renta del conjunto de comunidades autónomas.
-La economía murciana continúa instalada en la senda precaria de la terciarización. Agricultura y turismo constituyen la meliflua apuesta productiva de este gobierno. Estos presupuestos no contienen novedad alguna en relación a la elaboración de un Plan de Transición Energética que genere empleo de calidad y afiance un crecimiento sostenible y se apoye en la innovación y la digitalización.
-En definitiva y tal como sanciona la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), los presupuestos 2019 gozan de un problema de credibilidad por cuanto conocemos de antemano que contienen un déficit estructural no declarado que oscilará entre los 400 y los 600 millones de euros, en función del comportamiento que tengan los ingresos públicos de participación estatal y del "agujero" definitivo del Servicio Murciano de Salud.
Nos preocupan esencialmente dos cuestiones recurrentes en esta legislatura; la deuda pública y la caída de los ingresos públicos derivada de los beneficios fiscales que aplican en clave neoliberal.
-La deuda pública se situaba en junio de 2018 en 9.108 millones de euros. A fin de legislatura, la deuda habrá llegado a los 9.700 millones de euros como mínimo. Eso supone que tengamos que afrontar compromisos financieros por 1.220 millones de euros. La magnitud de la deuda pública es tal que no solo imposibilita la confección de unos presupuestos expansivos que incidan en el tejido económico regional, sino que garantiza la hipoteca para generaciones venideras de sus expectativas. En 2009 la deuda pública regional ascendía a 1.340 millones de euros, en 2019 alcanzará los 9.700 millones de euros. Esto nos da una idea del desgobierno al que el Partido Popular ha sometido a la CARM en la última década.
-En un contexto como el descrito, la aplicación de los beneficios fiscales que estos presupuestos contienen en materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tramo autonómico del IRPF, e impuestos sobre el juego y medioambientales, supone medidas que implicarán una merma injustificada de la recaudación de más de 200 millones de euros para las arcas regionales. Sin duda, se trata de una auténtica irresponsabilidad. La bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ataca directamente a los principios de progresividad de los impuestos e impide de modo directo la redistribución de la riqueza, consagrando la agregación de los grandes patrimonios.
-Unos presupuestos que incorporan 120 millones de euros procedentes de un adelanto de las entregas a cuenta de la participación en impuestos estatales que penden de la aprobación de un presupuesto estatal (el pactado por PSOE y Unidos Podemos) que el Partido Popular no va a apoyar, da una idea del desabajuste que contienen estas cuentas públicas.
La posición que nos sitúan los indicadores económicos nos aboca a una caída de la demanda externa, con un estancamiento de las exportaciones (ya se redujeron en un 2,9% hasta julio), mientras las importaciones crecen (un 4,8%) en línea con el aumento del precio del petróleo. Con este panorama parece imposible que nuestro mercado laboral pueda abandonar la absoluta precariedad a la que está sometido.
La Consejería de Hacienda se enfrenta además a la obligación de luchar contra el fraude y la elusión fiscales. Si por vía impositiva directa vamos a dejar de ingresar más de 200 millones de euros, por vía indirecta de persecución del fraude dejaremos de ingresar entre 150 y 200 millones para el conjunto de impuestos que nutren los ingresos públicos. Los cierto es que por más que se creen figuras como la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, difícilmente van a verse mejorados los resultados con una unidad de Inspección infra-dotada y que cuenta solo con seis inspectores y sin unos planes claros de lucha contra el fraude. Los planes de choque de lucha contra el fraude abrazan idénticas inercias y las dinámicas de siempre y no contamos ni tan siquiera con una conexión de las bases de datos entre Agencias Tributarias, un instrumento que permitiría optimizar la recaudación con simples cruces de datos informáticos.
En materia de función pública debemos remitirnos al Informe sobre la Cuenta General de la CARM que realiza el Tribunal de Cuentas y que señala que prácticamente todas las unidades administrativas tienen menos trabajadores públicos de los que necesitan, lo que redunda en una pérdida de calidad de los servicios públicos. A fin de contener el descontento, la Consejería propone la creación de más de 8.000 plazas de funcionarios que no dejan de ser consolidación de puestos interinos, sin que el empleo público neto crezca. Cabe invocar aquí que la temporalidad del sector público alcanza el 24%. ¿Qué propone esta Consejería para combatir esa escandalosa cifra? La creación de un "Observatorio del Empleo Temporal" del personal al servicio del sector público. Las recetas que aplican siempre ante los problemas; crean un observatorio y creen que con eso el problema está solucionado.
Si a ello sumamos la aprobación de una subida salarial del 2,25% que no depende del gobierno regional sino de la aprobación de los PGE que el partido que sustenta al gobierno va a votar en contra, no resulta extraña la indignación mostrada por el colectivo de los trabajadores públicos. Y continúan sin dar una salida justa a la carrera profesional horizontal del personal de la administración regional, especialmente en lo referido a la homologación retributiva.
En lo que respecta a los departamentos que componen su Consejería:
-El programa de Comunicación Audiovisual nos enfrenta un ejercicio presupuestario más al contrato-programa que realiza el grupo Secuoya para la 7RM. Hemos solicitado hasta la saciedad su auditoría ya que no existe control alguno en la supervisión de la gestión indirecta del Servicio público de Radio Televisión. Continuamos sin una acción política que frene su incumplimiento y que haga valer los derechos de la ciudadanía a la prestación de un servicio que respete la pluralidad y los valores democráticos, frente a la instrumentalización de la televisión al servicio del ejecutivo y del Partido Popular. Carece de explicación el incremento de la dotación presupuestaria (desde 12.212.189 euros de 2017 a los actuales 12.580.000 euros). La oferta presentada a concurso en 2014 de Securtel (ahora Secuoya o CBM) se comprometía a "reducir la aportación necesaria a partir del 4° año (adicional a planteamientos que pueda hacer la administración). Por tanto y a la vista de esa cláusula, no entendemos la razón por la que esta Consejería incumple las condiciones pactadas, aumentando año tras año la dotación presupuestaria (los datos de ejecución nos indican que realmente estamos aportando una cifra superior a los 14 millones de euros).
-En la misma línea expresada, debemos calificar como fracaso rotundo la gestión de las licencias de comunicación audiovisual radiofónicas para completar el mapa de la FM regional. Nos mantenemos en nuestra solicitud de suspensión del concurso resuelto y la convocatoria de uno nuevo que garantice la transparencia y la igualdad en el acceso a las diferentes opciones que concurran.
-En cuanto a Telecomunicaciones y Soporte Informático, resulta necesario abordar de una vez por todas la implantación efectiva de la administración electrónica, compatibilizando así la eficiencia con una política de transparencia y participación que se sitúen en un marco de seguridad informática y protección de datos. La implantación telemática de los procesos, además de mejorar la calidad de los servicios públicos, contribuirá a una mejor gestión económica que pueda tener alcance también a la administración local, en especial a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Este grupo parlamentario ha reiterado hasta la saciedad que no resulta suficiente priorizar la red ultrarrápida en la administración regional si no se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para que funcionen correctamente. Es por esta razón por la que solicitamos mayor inversión presupuestaria que permita una administración electrónica eficiente en los centros sanitarios, educativos y del conjunto de la administración.
Sus presupuestos les delatan. Todas las deficiencias puestas de manifiesto en relación a la administración electrónica no les impide realizar una dotación presupuestaria para la creación de la "Carpeta Empresarial" en materia de digitalización de procesos para acelerar los trámites de la Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad (Ley de Aceleración Empresarial), recientemente aprobada. La dotación para la creación de esta carpeta empresarial dice mucho de quién ejerce realmente la labor de gobierno de esta Región.
-Por lo que respecta a la Gestión del Patrimonio, este departamento evidencia la gestión negligente que este gobierno realiza de los recursos públicos. Este descontrol ha sido recurrentemente denunciado por el Tribunal de Cuentas tanto en materia de inventario de bienes públicos como en la gestión caótica del régimen de subvenciones públicas, como la existencia de maniobras contables para que no aflore el déficit encubierto que hay en las cuentas públicas que año tras año presentan para su aprobación por la Asamblea Regional.
-El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) apenas crece en su dotación y ha demostrado no ser un instituto de crédito público que impulse la economía regional. Quién más se resiente de la falta de apoyo al crédito por parte del Sector Público son las pymes, en las cuales sigue residiendo al menos un 75% del empleo. Su trayectoria a lo largo de esta legislatura les delata. Llevan toda la legislatura prometiendo dotar al ICREF de la solvencia suficiente para apoyar crediticiamente a las pequeñas y medianas empresas, y sin embargo el presupuesto administrativo les delata. Si en 2018 se redujo de 67,3 millones de euros (2017) a 57,4 millones de euros (2018), en 2019 vuelve a reducirse hasta 56,05 millones de euros. En este dato se comprueba con claridad que su apoyo al tejido de pymes solo puede calificarse como brindis al sol.
Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Los presupuestos de 2019 han vuelto a ser calificados por el presidente de la CARM como una "expansión del gasto responsable". En el caso de esta Consejería no vemos ni una cosa ni la otra. Ni es una propuesta "expansiva", ni es una propuesta "responsable". En primer lugar porque el presupuesto de 2019 asciende a 175.464.608 euros, lo cual representa el 3,04 del presupuesto regional y es del -6,66% respecto al de 2018, esto es, se reduce en un 6,6%. Nuevamente, como en tantas otras áreas de gobierno, nos encontramos ante una legislatura perdida. La cartera de Fomento constituye un instrumento esencial para ordenar el territorio, vertebrar la movilidad, planificar el desarrollo económico y además prevenir las inundaciones que vemos en el Mar Menor cada vez que llueve. El balance de la legislatura es que han despilfarrado dinero público en tanques de tormenta que no han servido para nada, han sido incapaces de mejorar la red de cercanías, de concluir una red viaria que evite los atascos y solo la respuesta social ha evitado que consumaran una auténtica tropelía contra la movilidad de las personas con la llegada del AVE en superficie a la ciudad de Murcia.
Igualmente, esta cartera resulta decisiva en materia de vivienda, imprescindible para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y poder emanciparse, o para que no haya familias que sufran un lanzamiento hipotecario o sean desahuciadas sin una alternativa habitacional. Y sin embargo este presupuesto carece de una política pública de vivienda digna de tal nombre. Evidentemente el gobierno regional no entiende ni asume que la vivienda es un derecho constitucional, ya que ha dedicado décadas a alimentar burbujas inmobiliarias y financieras especulativas.
De igual forma, esta cartera es muy importante para hacer realidad el derecho a la movilidad de las personas, pero la Consejería también hace absentismo respecto de lo que significa ese derecho como se acredita con la falta de modernización de las líneas de autobuses interurbanas y las conexiones con los núcleos poblacionales menos habitados, que además cuentan con unas carreteras desatendidas.
Por la misma razón, esta cartera es muy importante para hacer las infraestructuras logísticas que requiere nuestra industria. Y presupuesto tas presupuesto seguimos viendo las mismas tristes líneas que dedican a las ZAL.
La Consejería de Fomento continúa siendo -presupuesto tras presupuesto- una ficción plagada de maquillaje y de incumplimientos. Este 2019 la Consejería dedica un presupuesto raquítico a un capítulo trascendental para la Región y que avalará la desatención de infraestructuras estratégicas para la igualdad social y el bienestar de la Región. Un presupuesto raquítico que desprecia el derecho a la vivienda o el derecho a la movilidad de las personas no cabe adjetivarlo como "expansivo" o "responsable", sino todo lo contrario.
Las inercias se repiten y nos volvemos a encontrar algo que ya viene siendo habitual en los presupuestos de fomento e infraestructuras como es la reproducción de cantidades presupuestadas en el ejercicio anterior no ejecutadas. Según la liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, el gasto ejecutado por Secciones a fecha de septiembre apenas alcanza el 44%. El 44%. De esas inejecuciones sabe mucho el partido Ciudadanos, al que el gobierno regional marea los reiterados incumplimientos de las partidas que pacta con ellos.
Podemos asegurar que estos presupuestos no nos van a traer mejores carreteras, ni van a solucionar el problema del transporte de autobuses inter-urbano, ni tampoco el de los trenes de cercanías. Tampoco habrá soluciones para el incremento de los alquileres de vivienda ni habrá alternativas habitacionales para los desahucios. En su lugar habrá más deuda.
Analizando detalladamente los presupuestos, decir que la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda cuenta con un presupuesto para el año 2019 de 46.635.641 euros, con una disminucio´n del 21,9% respecto a 2018. De este presupuesto, 20,42 millones de euros, se destinan a dotar el nuevo Plan de Vivienda 2019-2021. Si además tenemos en cuenta que esta dirección a fecha de septiembre solamente había ejecutado un 47,7% del presupuesto del pasado año, pues ya tomamos conciencia de qué va esto. Tendremos que esperar a que ese Plan de Vivienda contemple de verdad ayudas a las familias desahuciadas, ayudas de alquiler, lucha contra el chabolismo y personas sin hogar, viviendas para jóvenes, etc.
Lo más triste es que esta Consejería no ha demostrado ningún interés en desarrollar la Ley 10/2016 de Vivienda, tal como hemos podido comprobar con un borrador de reglamento, incompleto e insuficiente y sin participación social. Los desahucios continúan y la carestía de los alquileres también. Y mientras, el 100% de la ley 10/2016 se está incumpliendo. Y lo que resulta más escandaloso, pese a disponer año tras año de partidas destinadas a alquiler de viviendas sociales para conceptos regulados por la ley como ayudas al alquiler o subvenciones al pago de recibos de suministros básicos, sin embargo, no se han desarrollado los convenios y reglamentos necesarios a los que la ley obliga. Nuestra obligación, y también nuestra convicción, va a consistir en seguir insistiendo en el desarrollo de esta ley y el incremento de las partidas presupuestarias para atender a las familias desahuciadas. Vamos a seguir presentando nuestra enmienda para demandar un Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria que regule 1°) El procedimiento de mediación entre la familia desahuciada y el banco; 2°) La creación y regulación de las comisiones de sobreendeudamiento, incluyendo representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; 3°) La creación de convenios de adhesión para los grandes tenedores de vivienda y 4°) La creación de convenios con las compañías suministradoras (añadimos luz, agua y gas) para evitar pobreza energética.
En esta Región la vivienda pública ni se la ve ni se la espera. Podría incluso declararse una especie en peligro de extinción.
Un ejercicio presupuestario más vuelven a consignar la erradicación del chabolismo dotada con 2.100.000 euros, y de la que tenemos la convicción de que quedará sin tocar. Destinan a alquiler social 95.000 euros (que se reparten Cáritas, Columbares y la Bolsa de alquiler social) y eso sí recogen 568.320 euros, que proceden del Ministerio (Plan Alquiler Social 2018/2021). Toda la política de alquileres sociales con fondos de la CARM se reduce a 95.000 euros. El presupuesto para el conjunto de actuaciones en materia de vivienda dependientes de Fomento (Plan Lorca, Rehabilitación de vivienda, Eficiencia energética, Arrendamiento para jóvenes, Instalaciones de renovables, subvenciones al Arrendamiento, Renovación urbana, subvenciones a la Adquisición de vivienda, fomento del Parque Público de vivienda, subvenciones a la seguridad y accesibilidad y ayudas al Arrendamiento para mayores y discapacitados), asciende a 22.230.499 millones de euros. De esa cantidad el Ministerio aporta 15.139.680 euros. Para ese inmenso conjunto de actuaciones la CARM apenas tiene respuesta presupuestaria y es el Ministerio el que asume la inmensa mayoría de las políticas de vivienda que se hacen en la Región. Así nos va.
Una Región del siglo XXI debería tener un compromiso claro con el derecho a la vivienda para la erradicación absoluta del chabolismo y la infravivienda. Pero a este ritmo presupuestario dudamos de si podremos llegar a ver cumplida esa aspiración civilizatoria con estas políticas.
La Ordenación del Territorio está año tras año cuantitativamente más raquítica. Un año de estos nos encontramos que desaparece del presupuesto. Con estos presupuestos tan menguados sí que al menos nos explicamos que no se hayan desarrollado la mayor parte de las directrices de ordenación del territorio que deben estar durmiendo una larga siesta en algún despacho, a pesar de que se ha aprobado una ley que marca el camino sobre la mejor forma de planificar la Región. Así, no es de extrañar que veamos año tras año las inundaciones de las poblaciones del Mar Menor. Cuando no se planifica, pues ocurre la inundación.
En el capítulo de carreteras, nos encontramos con que presuntamente crece un 6% en capítulo de inversiones. Pero claro, es que muchas de las cuantías presupuestarias provienen del anterior ejercicio, pues en 2018 a fecha de septiembre, un 60% del presupuesto dedicado a carreteras se quedó sin ejecutar.
Nos llama la atención los 13.363.894 euros destinados a "Construcción y mantenimiento de Autovía del Noroeste" (¿han quitado por fin Vds el pago del peaje en sombra de la partida destinada a "familias y otros entes sin ánimo de lucro"? ¿nos van a decir por fin cuanto ha supuesto a las arcas públicas esta infraestructura? ¿O temen que eso les delatara como los pésimos gestores que son?).
En cuanto a transporte: la nada, el puro desierto. Se encuentra dotada con 23,53 millones de euros en su capítulo VII y la mayor parte de su presupuesto, 21,4 millones de euros, está destinado a las obras de la llegada de la alta velocidad a Murcia. La realidad es que no existe una política de transporte, este gobierno ha llevado a cabo una auténtica dejación de esta política. Los presupuestos ignoran los trenes de cercanías o el FEVE, siendo el transporte público que más utilizan las clases desfavorecidas. Seguimos sin ver una política regional de transporte inter-urbano que modernice las líneas de autobuses e integre el territorio regional con prestaciones adecuadas. ¿Y el Plan Director de Transporte? ¿Para qué les sirve ese documento si luego no se concretan actuaciones para tener un transporte interurbano digno. Los 27 millones de usuarios del transporte público regional van a tener que seguir esperando un transporte del siglo XXI.
Por lo que respecta a las partidas dedicadas a las Zonas de Actividad Logística (ZAL), se dedican a la de Murcia 300.000 euros para proyectos como todos los años- y 300.000 euros para Cartagena. Lo que subyace bajo estas erráticas partidas presupuestarias es la ausencia de una planificación rigurosa de las ZAL.

Cruz Roja Región de Murcia asume las competencias de la sede comarcal de Cartagena

CARTAGENA.- La Asamblea autonómica de Cruz Roja acaba de asumir las competencias propias de la sede comarcal de Cartagena. La hasta ahora presidenta, Purificación López, ha intentado la recuperación de la autonomía anterior en la búsqueda de la optimización de recursos. Pero la dirección regional de la ONG ha respondido con una rotunda negativa pese a que conllevaba una mejor utilización de los medios propios de la institución solidaria, según el criterio del PCAN (Partido Cantonal de Cartagena). 

Tanto López como la práctica totalidad de su junta directiva han presentado su dimisión por este motivo. Entre ellos destaca Enrique Peláez, responsable de las primeras doce horas de intervención en las inundaciones de Los Alcázares de 2016.
Los miembros de la entidad humanitaria en la ciudad portuaria denuncian incluso una caza de brujas después de los anteriores ceses. La propia pareja de Enrique Peláez, también director del departamento de Socorro y Emergencias de Cartagena hasta su reciente destitución, ha sido expulsada de Cruz Roja por escrito con la única argumentación de la relación sentimental que mantiene con el hasta ahora dirigente. 
Incluso, los voluntarios muestran su malestar porque la actual presidenta en funciones, Susana Figuerola, afín a la dirección regional, los ha denominado "catetos e ignorantes", según fuentes de la propia institución.
Las mismas fuentes aseguran que hasta los presupuestos de la Asamblea Comarcal de Cartagena vienen elaborados desde la sede regional y que desde Murcia impiden la más mínima gestión como la solicitud de cualquier recurso (una ambulancia, por ejemplo) a una delegación de otro municipio sin ningún tipo de contraprestación económica entre ambas. Todos los trámites tienen que pasar por la dirección autonómica, inclusive los que suponen un coste cero para las oficinas locales.
El candidato a alcalde y secretario general del Partido Cantonal de Cartagena, Celestino García Alfaro, lamenta la eliminación de la descentralización de que gozaba Cruz Roja en la comarca y apoya, junto a la mayor parte de los voluntarios de la misma, una gestión más cercana y eficiente.

El pobre Garre advierte a los partidos nacionales que con el problema del agua “no caben maniobras torticeras”

TORRE-PACHECO.- El presidente del partido Somos Región, Alberto Garre, durante una intervención en su pueblo repasó todos y cada uno de los problemas que afectan a la Región de Murcia, con especial hincapié en la escasez hídrica que arrastra Murcia, ante un nutrido grupo de regantes que asistieron al acto.

El pobre Garre solicitó al Gobierno de la Nación, que trabaje con urgencia en una planificación hidrológica nacional en la que no se excluyan los trasvases y pidió al resto de partidos nacionales responsabilidad ante un asunto que afecta a tantas familias en la Región de Murcia. 
“En este asunto no caben maniobras torticeras de ningún partido consistentes en presentar iniciativas relacionadas con el problema, para después poder responsabilizar a los demás de su no aprobación. La escasez hídrica que padece el Levante español debe ser considerado un asunto de Estado y, por tanto, cualquier iniciativa en este sentido, debe presentarse con el consenso de la mayoría de los grupos en el Congreso. Todo lo demás, son fuegos de artificio”.
En el acto, también intervino el secretario general de Somos Región, el resignado José Gabriel Ruiz, así como Juan Ignacio Salmerón, coordinador del distrito 4 que agrupa a los municipios de Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, San Javier, La Unión, Fuente Álamo y Torre Pacheco, Raúl García de San Pedro del Pinatar y Ángel Martínez, de San Javier.

El 41 % de los murcianos se inventa planes para no salir por las noches

MURCIA.- Disfrutar del ocio nocturno es un hábito muy extendido en Murcia. Actualmente, la comunidad autónoma cuenta con uno de los índices de población entre 25 y 65 años más activos en las salidas nocturnas de toda España. La posibilidad de desconectar o la oportunidad de compartir tiempo de calidad con personas cercanas son algunas de las motivaciones principales que favorecen esta costumbre.

 Sin embargo, desligarse de esta rutina no siempre resulta fácil. De hecho, según el estudio "Sin explicaciones" de Gordon's Sin, un informe que analiza los hábitos nocturnos entre los murcianos, seis de cada diez ciudadanos en la comunidad (60 %) dan explicaciones para no salir.
Según expone el informe, que recoge los pretextos más comunes en la región, "Estoy cansado" es la alegación más extendida, utilizada prácticamente por el 79 % de los encuestados.
 Completando el top-5 de las explicaciones para evitar las salidas, se encuentran "Tengo que trabajar/estudiar mañana" (50 %), "Tengo un tema en casa" (41 %), "Estoy enfermo" (32 %) o "No tengo dinero" (21 %).
Aunque, cuando se trata de evitar la presión del entorno, la imaginación de los murcianos también se dispara. De hecho, el 41 % reconoce que suelen inventarse otros planes para atajar estas situaciones. "Tengo que madrugar" (56 %), "Tengo que trabajar o estudiar mañana" (44 %) y "Yo es que tengo muy mala resaca" (37 %).
Aunque los sábados (91 %) y los viernes (65 %) sigan siendo los días preferidos, el estudio de apunta una consolidación de los domingos como la tercera jornada favorita de los murcianos: actualmente, más del doble (25 %) salen de fiesta el último día de la semana. Así, este porcentaje supera al de aquellos que frecuentan las famosas noches de los jueves (concretamente, el 12 % de la población local).
Pero, ¿qué nos lleva a actuar de esta forma? Juan Gonzalo Castilla, experto en Psicología Positiva, Coaching e Inteligencia Emocional, de Emotiva CPC explica: "Como seres sociales, "necesitamos" la aprobación del grupo por mantener el sentido de pertenencia al mismo. Por eso, buscamos explicaciones para que nuestros entornos de referencia (en la adolescencia, grupo de amigos; en la madurez, la pareja y familia) no rechacen nuestras decisiones; aunque esto tiene lugar, en especial, en las edades más jóvenes". 

La población de España aumenta hasta los 46,7 millones de habitantes gracias al aumento de extranjeros

MADRID.- La población de España aumentó en 74.591 personas durante la primera mitad del año y se situó en 46.733.038 habitantes por lo que se consolida así el crecimiento de población iniciado en el segundo semestre de 2015 debido, principalmente, al aumento de extranjeros, según se desprende de los datos provisionales de las cifras de población correspondientes a 1 de julio de 2018, publicadas este 13 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos continúan la tendencia que reflejaba el Padrón Continuo en España a 1 de enero de 2018, que contaba con 46.698.569 habitantes, lo que suponía un incremento de población en España de 126.437 personas más (un 0,3%), el segundo aumento consecutivo registrado que se producía, en ese caso, por el aumento de extranjeros, que subían por primera vez en siete años, desde 2011.
En cuanto a los datos provisionales de la Estadística de Migraciones de este primer semestre de 2018, el aumento poblacional del citado periodo fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 46.273 personas (178.939 nacimientos, frente a 225.212 defunciones), que se vio compensado con un saldo migratorio positivo de 121.564 personas (hubo 287.882 inmigraciones procedentes del extranjero y 166.318 emigraciones con destino al extranjero).
De este modo, el crecimiento poblacional de España en la primera mitad de 2018 se debió en gran medida al aumento del número de extranjeros. 
En concreto, el incremento fue de 100.764 personas hasta un total de 4.663.726 extranjeros. Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 26.173 personas.
En el caso de los extranjeros, el aumento poblacional se debió en su mayor parte al saldo migratorio positivo, que fue de 123.254 personas.
Por su parte, la población de nacionalidad española presentó saldo vegetativo negativo (-67.788 personas) y saldo migratorio también negativo (-1.690). La suma de ambos no se compensó con las adquisiciones de nacionalidad española que, según datos provisionales, afectaron a 43.882 personas.
En el caso de los españoles nacidos en España, la población se redujo en 66.654 personas en la primera mitad de 2018. Las comunidades autónomas con mayor crecimiento de población fueron Islas Baleares (0,83%), Comunidad de Madrid (0,58%) y Canarias (0,53%).

Los obispos lamentan que ir a Religión será “cosa de héroes” con la ‘Ley Celaá’


MADRID.- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que asistir a la clase de Religión es “cosa de héroes” si se imparte a primera hora o última de la tarde del viernes y si además deja de computar para la nota media, tal y como plantea el anteproyecto de reforma de la Ley Educativa, que ya se conoce como ‘Ley Celaá‘.

“Si la clase de Religión no tiene otra clase de respaldo, si además se pone a las 8,00 horas o a las 14,00 horas de un viernes, cuando los chavales están deseando marcharse, y si además no tiene repercusión en el expediente académico, aunque sea evaluable, pues ciertamente apuntarse a clase de Religión es una cosa de héroes“, ha indicado Argüello este jueves.
En este sentido, y en relación a la reunión que mantuvo el pasado 3 de diciembre con la ministra de Educación, Isabel Celaá, el portavoz de los obispos ha defendido que la clase de Religión siga siendo “computable” para la nota media.
 “Nosotros defendemos, porque lo dicen Acuerdos Iglesia-Estado, que Religión sea equiparable a las asignaturas troncales. En ese sentido, si la asignatura deja de ser computable a estos efectos, no nos parecería adecuado”, ha explicado.
Celaá aseguró tras la reunión que la Iglesia “entiende” que la materia deje de ser computable. Si bien, Argüello ha puntualizado que donde hubo acuerdo con la ministra fue en que la asignatura continúe siendo “evaluable” pero no en el asunto de la computabilidad. “Es ahí donde no estábamos de acuerdo”, ha apostillado.
Asimismo, ha señalado que durante la reunión hablaron de la posibilidad de “una distribución de horarios diferente”, de forma que todo el contenido de la asignatura de Religión pueda impartirse en uno solo de los dos cursos de Bachillerato.
“Nosotros decíamos, por ejemplo, que si tenemos clase de Religión en 1º y 2º de Bachillerato, pudiéramos aceptar tenerla en un solo curso, pero en vez de tener en un curso solo el horario de primero, sumar el de primero y segundo. Pudiera ser que no hubiera Religión en todos los cursos pero cuando la haya, que se mantenga la carga lectiva”, ha sugerido.
Por otro lado, Argüello ha subrayado la “prioridad” de que los sacerdotes comuniquen a las autoridades públicas los casos de abusos de los que tengan conocimiento por otra vía distinta a la confesión, frente al “silencio cómplice” que se ha podido dar en casos del pasado porque, tal y como ha reconocido, el ambiente “análogo al familiar” que se da entre los miembros de la Iglesia “pudiera hacer en algunos momentos dudar”.
“Es verdad que muchas veces el cocimiento que pueda darse puede producirse en un ámbito análogo al familiar, en la medida en que dentro de la Iglesia hay estas relaciones de tipo cercano, fraterno y eso pudiera hacer en algunos momentos dudar, pero creo que en este momento en que la sensibilidad de todos es tan grande, y por la gravedad que suponen estos casos, esta diligencia en la comunicación de los hechos es prioritaria”, ha subrayado.
Así, ha asegurado el “deseo” de los obispos de “poner de manifiesto” casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que hubieran estado “ocultos en el pasado”. Si bien, ha pedido “respeto a las víctimas” si quieren “olvidarse de lo que ocurrió”.
“Es verdad que van a querer normalmente cuanto menos ser escuchadas, que su situación sea conocida y vivir un proceso restaurativo pero también puede que otras personas quieran olvidarse del todo lo que ocurrió y no quieran volver a poner su asunto en la palestra”, ha indicado.
En cualquier caso, ha mostrado la disposición de los obispos a asumir cualquier protocolo que implique la “revisión” de los casos de abusos por parte del clero en el pasado si así lo dispone el Papa tras la reunión del próximo mes de febrero con los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre este asunto.
Mientras tanto, los obispos españoles ya están trabajando en la actualización de sus protocolos y ha explicado que su “mayor interés” es implementar “medidas preventivas formativas” y generar “una educación de la afectividad y la sexualidad”, según la visión de la Iglesia, “para que sea posible la erradicación de estos abusos como otros tipos de abusos o violencias” que, a su juicio, tienen que ver “con la mala gestión, usando una expresión coloquial, de los impulsos afectivo sexuales”.
Por otra parte, sobre sus declaraciones sobre los sacerdotes “varones heterosexuales”, Argüello ha indicado que las posteriores palabras del Papa Francisco en un libro entrevista vienen a “corroborar” la normativa de la Santa Sede en este sentido; y ha precisado que no bastaría con el celibato si el candidato es homosexual, porque el sacerdote debe “poder expresar plenamente la dimensión esponsal del ministerio –Jesucristo como esposo de la Iglesia–” y por “el significado antropológico de la diferencia sexual”.
En cuanto al descenso del número de nacimientos en España –179.794 en la primera mitad de 2018, la cifra más baja para un primer semestre desde 1941–, Argüello ha manifestado su “preocupación” y ha achacado esta caída a “las condiciones económicas y laborales, al ritmo de vida, a la exigencia para hombres y mujeres de trabajar para sufragar los gastos y al individualismo“. 
Tener un hijo, ha indicado, puede verse “como un peso, una carga, una pérdida de independencia”.
Por otro lado, Argüello ha deslizado que los obispos no van a salir a la calle para manifestarse contra leyes como la de eutanasia o sobre la transexualidad sino que invitan a los católicos a “discernir los medios” para “defender aspectos valiosos” que se ven puestos “en juego” con este tipo de legislaciones que, a su parecer, se plantean ante “situaciones de sufrimiento” pero que terminan “generando otro sufrimiento”.
“Una cosa es que se puedan reasignar determinados aspectos de la sexualidad y otra, que se pueda cambiar enteramente una persona, donde cada célula de su cuerpo y los cromosomas tienen una dimensión”, ha precisado, con respecto a las personas transexuales a las que, en todo caso, ha invitado a “acoger”.
Acerca de la visita de obispos catalanes a presos independentistas y la muestra de solidaridad con ellos, Argüello ha afirmado que le “preocupa” que todos los obispos lleven “reconciliación y comunión” y ha deseado que “además de visitar a unos políticos acusados de delitos graves respecto a la infracción de la legalidad del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la legalidad constitucional”, estos obispos “también visiten a otros internos” de las cárceles.
En cuanto a la situación de algunos templos y conventos en España que se van quedando vacíos, Argüello se ha mostrado partidario de que, si finalmente tienen que venderse, no se conviertan en “restaurantes” u otros negocios sino que sigan manteniendo la “dimensión artística, cultural e histórica”, en forma de auditorios o salas de exposiciones, aunque se desacralicen.
Finalmente, el portavoz de los obispos ha condenado el ataque terrorista en Estrasburgo, que dejó este martes tres muertos y una docena de heridos, ha mostrado su “solidaridad y oración” por las víctimas y ha hecho una llamada a “buscar todos los medios para prevenir” estos atentados que provocan “el crecimiento del miedo”.

El Gobierno aprobará este viernes un gasto militar de 7.331 millones

MADRID.- El Gobierno autorizará este viernes la puesta en marcha de tres programas de armamento por un total de 7.331 millones, que incluyen la construcción de cinco fragatas F-110 entre 2019 y 2032 anunciada hoy por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fuentes del Ministerio de Defensa han informado de que el Ministerio de Defensa llevará este viernes al Consejo de Ministros la aprobación de la construcción de cinco fragatas F-110 en los astilleros de Navantia en Ferrol (La Coruña), que permitirá la creación de 7.000 puestos de trabajo durante nueve años en Galicia.
Así lo anunciado la titular de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los periodistas tras visitar el Mando Conjunto de Ciberdefensa, con sede en la base madrileña de Retamares. Robles ha destacado el compromiso del Gobierno con la creación de empleo y con quienes más los necesitan.
Las fragatas, que costarán algo más de 4.320 millones de euros, han sido construidas dentro del programa de las F-110 al que dará luz verde mañana el Gobierno sustituirán a las que actualmente tiene la Armada española, de la clase Santa María y que llevan 30 años en servicio.
Junto a estas fragatas, este viernes se dará el visto bueno a la compra de 348 vehículos 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra, que serán entregados en el año 2025 y que costarán otros 2.100 millones. Serán los nuevos blindados del Ejército y sustituirán a los antiguos BMR.
Y, por último, se aprobará la actualización del avión de combate Eurofighter, por 906 millones.
No obstante, lo que debate este viernes el Consejo de Ministros es el techo de gasto de los programas pero no los contratos, que se formalizarán durante el 2019.
A estos tres nuevos programas hay que sumar los ya aprobados por Robles y preparador por su antecesora en el cargo, Maria Dolores de Cospedal, con lo que el coste total en inversiones en Defensa asciende a 12.100 millones.

Las cinco fragatas

La empresa pública española de construcción naval Navantia fabricará cinco fragatas para la marina de guerra española, mediante un contrato por 4.325 millones de euros que permitirá crear 7.000 puestos de trabajo.
La operación para construir las cinco fragatas F-110 en la región de Galicia recibirá este viernes luz verde del Consejo de Ministros del gobierno socialista de Pedro Sánchez, precisó un comunicado del ministerio.
El acuerdo "supone una inversión de 4.325 millones de euros (4.914 millones de dólares)" hasta 2032 y "la creación de 7.000 empleos", indicó el delegado del Gobierno central en Galicia, Javier Losada, citado en el comunicado.
Dichos empleos serán 1.300 directos, 2.000 auxiliares y 3.500 indirectos, durante nueve años, explicó Losada.
"Se generará un valor añadido directo e indirecto de 5.400 millones de euros (6.133 millones de dólares)", continuó.
"Por lo que supone de empleo, por lo que supone para la actividad económica y por lo que representa para el futuro de miles de gallegos y gallegas, es el mejor regalo (navideño) que podríamos recibir", agregó.
Las fragatas serán construidas en Ferrol, una ciudad industrial que en los últimos años acusó duramente los efectos del declive de sus astilleros.
Las nuevas fragatas F-110 sustituirán a seis de la clase "Santa María", que datan de hace 35 años, agregó el comunicado.
El Ministerio de Defensa espera eventualmente poder exportar este tipo de fragatas.
En julio pasado, Navantia firmó un contrato de 1.800 millones de euros con Arabia Saudita para suministrarle cinco buques de guerra, fabricados en sus astilleros de San Fernando, Cádiz, provincia golpeada por el desempleo.
Dicho contrato se vio envuelto en la polémica luego de que en septiembre el gobierno de Sánchez decidiera cancelar la entrega de 400 bombas guiadas por láser a Arabia Saudita, al frente de una intervención regional en la guerra de Yemen.
En definitiva, el Ejecutivo decidió mantener la venta de armas, alegando la necesidad de conservar buenas relaciones con la monarquía del Golfo, socio comercial clave para Madrid.
En medio de una protesta internacional por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, Pedro Sánchez explicó haber actuado "en la defensa de los intereses de España, del trabajo de sectores estratégicos, muchos de ellos situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo".

Silvano García Abellán, nuevo presidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla


JUMILLA.- El bodeguero Silvano García Abellán presidirá a partir de ahora el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. La elección tuvo lugar por unanimidad de los integrantes del nuevo Pleno del Consejo, una vez constituido el órgano que ha regir su funcionamiento durante los próximos años.

García Abellán es el gerente y enólogo de Bodegas Silvano García y toma así el testigo de Pedro Lencina, anterior presidente, tras anunciar este último su retirada en abril. 
García agradece «la confianza que ha depositado en mí el Pleno del Consejo Regulador al cederme la continuidad de la labor realizada por mis predecesores en el cargo para continuar haciendo grande el nombre de la DOP Jumilla en todo el mundo durante los próximos años».
El nuevo presidente del Consejo Regulador afirma asumir con «ilusión y una gran responsabilidad» el nuevo cargo «en el que comienzo ya a trabajar para impulsar la marca Jumilla».

Vicepresidencia y vocales

El agricultor y ganadero de 39 años Andrés Constan ostenta el cargo de vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. Su nombramiento es una de las novedades surgidas del proceso de elecciones que se iniciara el pasado mes de junio, para concluir esta misma semana con la designación de los nuevos integrantes del pleno y la posterior elección por unanimidad de los cargos de presidente -Silvano García- y vicepresidente -Andrés Constan-. 
Constan es, además y desde principios de este año 2018, el presidente de la Cooperativa Santiago Apóstol
Vinculado siempre a la viticultura, el vicepresidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla señala que «soy consciente de que el nuevo cargo me va a exigir una gran dedicación para representar a toda la Denominación y colaborar con el presidente y todo el pleno del Consejo». 
Constan señala que «el apoyo a nuestro sector es muy necesario y los primeros que vamos a ofrecerlo somos nosotros, desde la DOP Jumilla». 
Junto a Andrés Constan, el pleno del Consejo Regulador cuenta con nuevos vocales en todos los sectores. En el vitícola se incorporan Graciano del Valle Serrano de la SAT Venta de las Cuevas, y los suplentes Diego Martínez Gandía de la Cooperativa Santiago Apóstol, Manuel Núñez Flores de la Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación y Luis Zornoza Ortíz de Ontalba
Todos ellos trabajarán junto a José Luis Martínez Hellín de Bodegas San Dionisio, Joaquín Hernández Muñoz de BSI, Pedro Gómez García de Ontalba, y los vocales suplentes Paulino Hernández Tobarra de San Dionisio y Eugenio González Olivares de BSI. 
Entre los representantes de organizaciones agrarias cabe destacar la incorporación de José Joaquín Vicente Balsalobre, como vocal titular de COAG, y Francisco Bravo Lozano como vocal suplente de ASAJA, que trabajarán junto a Anselmo Martínez Martínez, representante de ASAJA, José María Delicado Castillo de UPA y los vocales suplentes Pedro García Albert, por COAG, y Antonio Carrión Vicente, por UPA. 
En el sector vinícola repiten todos los vocales titulares: Miguel Gil Vera de Bodegas Hijos de Juan Gil, Hermógenes Fernández Navarro de Bodegas Fernández, Antonio José Bleda Jiménez de Bodegas Bleda, Francisco Selva Poveda de Bodegas Olivares, Francisco Javier Martínez Navarro de Bodegas Luzón, Eloy Sánchez Constan de Esencia Wine Cellars y Juan Palencia Martínez de Bodegas J. García Carrión
También continúan los vocales suplentes Lorenzo Abellán Martínez de Bodegas Carchelo, Elena Pacheco Martínez de Vinos Viña Elena y Juan Guardiola Ortuño de 1890
Son nuevos vocales suplentes Andrés Bastida Molina de Bodegas Alceño, José María Vicente Sánchez-Cerezo de Casa Castillo, Gregorio Ruiz Abellán de Parajes del Valle, Josefa del Ramo Cebrián de Bodegas Pío del Ramo y Josefa María Martínez Ortiz de Viñedos y Bodegas J.M. Martínez Verdú.
Todos los nombramientos serán comunicados durante los próximos días al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.