Los jueces, supuestamente simpatizantes del PP y de ideas conservadoras, han decidido procesar al ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez
dando al traste con dos relatos: el de los populares que decían que
todo se iba a archivar inmediatamente y el de todos aquellos que,
alentados por ese interesado discurso político, no han dudado en
cuestionar la profesionalidad e independencia de ambos magistrados.
El juez Enrique Quiñonero, a las dos horas de escuchar en sede judicial a Pedro Antonio Sánchez, dictó auto de procesamiento contra él por cohecho, fraude y revelación de información reservada en relación al caso Púnica. Y Julián Pérez Templado
ha hecho lo propio en relación al caso Auditorio por los delitos de
prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de
fondos públicos. Un auto con el que Pérez Templado da un duro varapalo a
Pedro Antonio Sánchez al exculpar a técnicos y funcionarios tras los
que se intentó parapetar durante su declaración en sede judicial con el
argumento de que él no sabía nada y se limitaba a firmar lo que le
ponían en el portafolios.
El juez no le creyó y por eso son dos los
autos de procesamiento por un total de seis delitos los que ya suma el
todavía presidente regional del PP y presidente del Grupo Parlamentario
Popular en la Asamblea Regional, donde ocupa un escaño con la bendición
de Ciudadanos, que regaló a López Miras la investidura como presidente de la Comunidad.
Los jueces. Hasta
llegar aquí, el juez Enrique Quiñonero ha leído y escuchado que era un
infiltrado del PP porque consiguió la plaza de magistrado por el
denominado cuarto turno a propuesta de Ramón Luis Valcárcel, aunque
lo designó la Asamblea Regional por unanimidad de los tres grupos
parlamentarios: PP, PSOE e IU.
Y al magistrado Julián Pérez Templado,
excesivamente impetuoso en sus autos hasta el punto de hacer sospechar a
cualquiera, se le ha llegado a cuestionar e incluso intentar recusar
porque se le vio tomando cañas con un vocal de la directiva del PP (en
plena fase de instrucción del caso Auditorio) con quien se las lleva
tomando desde hace más de veinte años en el mismo lugar y a la misma
hora porque son amigos.
El propio presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme fue uno de los
tres jueces contra los que Podemos presentó una querella de presunta
prevaricación por avalar con su voto el envío de la causa Auditorio a un
juzgado de Lorca al considerar que los hechos delictivos expresados por
la fiscalía en su querella contra un total de veintidós personas no
estaban suficientemente individualizados contra el único aforado. Y lo
hizo porque debió considerar que el juzgado de Lorca era el órgano
judicial predeterminado por la Ley, aunque sabía que aquello le
acarrearía duras críticas, puesto que con su decisión facilitó que
Sánchez fuese designado candidato en mayo de 2015.
Lo sencillo
para Pasqual del Riquelme, estando recién aterrizado al frente del TSJ
tras una elección polémica, habría sido hacer lo contrario. Eso habría
acallado muchas bocas que en ese momento cuestionaban su nombramiento
por parte del CGPJ, pero probablemente su decisión habría sido contraria
a Derecho y a la ética que debe imperar en cualquier servidor público.
El Supremo acabó archivando aquella querella al considerar que en la
fase embrionaria de la instrucción contra aforados es conveniente que
sean los jueces ordinarios los que investiguen a los imputados «cuando
los indicios se muestre débiles o inconsistentes» o si existe un número
elevado de acusados.
Por analogía, la denuncia de la fiscalía contra el el diputado del PP José Soria por
el teatro de Cehegín debería haberla presentado en el TSJ, pero lo ha
hecho ante un juzgado de Mula, aunque Soria es diputado y también
está aforado. Además, es un caso prácticamente calcado al del Auditorio
de Puerto Lumbreras: también está implicado el arquitecto Martín Lejárraga,
la Comunidad autónoma concedió una subvención de nueve millones de
euros, el dinero se ha gastado y sólo está acabada la segunda fase de la
obra. ¿A qué obedece esa disparidad de criterio por parte de la
fiscalía a la hora de elegir mostrador en el que registrar querellas?
¿Es cuestión de proyección mediática?
Ni Quiñonero ni Pérez
Templado se han convertido ahora en unos abanderados de la independencia
judicial por haber dictado autos de procesamiento contra Pedro Antonio
Sánchez aun siendo de ideología conservadora y tener amigos peperos,
pero sí que habrían sido tildados de villanos vendidos a la derecha de
haber archivado las causas judiciales. Puede que solo hayan sido dos
profesionales de la judicatura haciendo su trabajo, pero ese relato
sería demasiado simplista en un país dado a etiquetarlo todo según la
supuesta ideología política de los concursantes: jueces, periodistas...
España,
lamentablemente, sufre unos bajos niveles de satisfacción con las
instituciones judiciales. Es uno de los países europeos que más
desconfía de la Justicia debido, en buena parte, a los intentos de
injerencia de los políticos y a discursos como el que durante meses han
mantenido los dirigentes del PP de la Región de Murcia, que con una
seguridad inusual, aseveraban que todo se archivaría. «Julián no le
puede hacer algo así a Pedro Antonio», me dijo un destacado dirigente
popular cuyo familiar lenguaje me dio qué pensar. Lo de «Pedro Antonio,
¿dónde estás?» del ministro Catalá y las maniobras del fiscal general Maza tampoco ayudan.
La Justicia. España
está en el grupo de cabeza de los países europeos con peor percepción
de la independencia judicial. Los datos ofrecidos el pasado mes de abril
por la Comisión Europea reflejan que el 60% de los españoles consideran
como mala o muy mala la independencia de la Justicia, lo que supone que
sólo tres de los 28 países están peor: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia.
Ciertamente se trata de una percepción subjetiva que contrasta con otros
indicadores como el de Linzer y Staton (2011) que concluye que la
judicatura española goza de una independencia por encima de la media
europea, lo que evidencia una clara disociación entre opinión pública y
realidad que puede deberse a la recurrente referencia a la politización
de la Justicia que hacen los partidos políticos en los medios de
comunicación y que lleva a los ciudadanos a tener una percepción mucho
más pesimista sobre la influencia política de los jueces que la que se
da efectivamente.
En el primer trimestre de 2017 los jueces procesaron
por delitos de corrupción a 97 personas en España y el 77,8% de las
sentencias fueron condenatorias según datos del CGPJ que desde 2016
publica los datos relativos a corrupción para intentar combatir la idea
de que los políticos son impunes y los jueces no son independientes del
poder político.
Una democracia avanzada debe mostrar altos
niveles de calidad de la Justicia y, por ende, mayor confianza en la
misma, y para eso hay que garantizar el acceso igualitario a los
tribunales por medio de la eliminación de barreras legales y económicas,
la aplicación imparcial de las leyes, la independencia judicial y la
eficiencia judicial, es decir, la aplicación del Derecho sin incurrir en
errores legales ni en dilaciones indebidas de los procesos. Pero para
una justicia eficiente se necesitan recursos tanto humanos como
económicos.
La Región de Murcia, por ejemplo, tiene 110 juzgados y
son necesarios 33 más. Murcia es la región de España con más
necesidades judiciales. ¿Creen que les preocupa a los diez diputados por
Murcia en el Congreso? Hubo un intento del presidente del TSJ, Pasqual
del Riquelme de convocarles a una reunión privada para analizar la
precaria situación de la Justicia para que, llegado el caso, pudieran
defender mejor los intereses de su región y ninguno acudió al encuentro.
Las excusas fueron tan diversas como ridículas.
La ausencia de
seguridad jurídica y los procesos judiciales eternos en el tiempo por
falta de medios también ahuyenta las inversiones económicas. Las grandes
corporaciones analizan esa variable antes de decidir en que país o
región invierten, algo que han detectado regiones como el País Vasco,
pero que a los dirigentes políticos de Murcia les suena a chino. Tienen
tantos frentes abiertos que en lo último que piensan es en un pacto
regional por la Justicia. Se estima que en los depósitos de los
tribunales españoles hay retenidos 3.000 millones de euros debido a la
lentitud de la Justicia. Un disparate para la economía de cualquier
país.
Movimientos internos. Tras
el titular 'imposible' que dos jueces conservadores nos acaban de
brindar para sorpresa de muchos, la cuestión es si dimite o no Pedro
Antonio Sánchez como presidente del partido o apela a la presunción de
inocencia y a que no metió la mano para aguantar hasta que haya
sentencia firme. Todo es posible mientras cunde la preocupación en sus
filas y los de Garre se frotan las manos. Los pedroantonianos creen que,
llegado el caso, debe sustituirle López Miras por ser el presidente y
actual coordinador regional. Piensan que es lo más sensato y estable
para el partido aunque admiten que todavía debe ganarse los galones para
ser el candidato.
Hay quien cruza los dedos cuando le da por improvisar
y no leer las notas que le escriben en San Esteban. Los autodenominados
'mayores' (al parecer encabezados por Cámara) creen que hay que dar
carpetazo a la breve y fallida era PAS, subsanar los errores del pasado y
colocar al frente del partido a alguien de más calado capaz de evitar un
batacazo electoral y de enfrentarse a miuras como Urralburu o Garre.
Cámara no olvida que fue obligado a dimitir para que C's le invistiera
presidente de la Comunidad.
Y ahí andan unos y otros: midiendo
sus fuerzas en la junta directiva del partido que, como máximo órgano de
representación entre congresos, puede designar al nuevo presidente del
Partido Popular sin ir a un congreso extraordinario. El principal
objetivo de ambos bandos es controlar la elaboración de las listas
electorales o, dicho de otra forma, repartir garbanzos. Una competencia
que supo amarrar bien Valcárcel y por eso nadie le tosió cuando se
empeñó en designar candidato a Pedro Antonio Sánchez sabiendo la que se
avecinaba aunque ahora vaya diciendo que no fue cosa suya.
(*) Periodista y Jefa de Informativos de Onda Cero en Murcia
