MADRID.- El Gobierno central pretende que los seis grandes bancos españoles se queden con
la deuda que las nueve autopistas en quiebra tienen con bancos
extranjeros, un pasivo de unos 646 millones de euros que se convertirá
en un bono a treinta años y devengará un tipo de interés del 4,11%,
según informaron fuentes del sector.
Este importe es el que resulta de restar a la deuda de 1.300 millones
que las autopistas en concurso mantienen con una treintena de bancos
foráneos una vez que se le practique la correspondiente quita del 50%
que el Gobierno realizará a todo el pasivo de estas vías, un total de
4.600 millones de euros, contraído con bancos y constructoras.
El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla así que la
empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve
autopistas quebradas nazca con una deuda "máxima" de 2.300 millones de
euros. Un importe que además se convertirá en un bono a treinta años y
se estructurará en tres tramos.
El primer tramo, de unos 1.355 millones, lo conformará la deuda
financiera con la banca española, el segundo (de unos 600 millones)
corresponde al pasivo de las vías con las constructoras, y el tercero,
de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.
Los dos primeros tramos de deuda devengarán un tipo de interés del
1%, porcentaje que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo, de la
nueva deuda que la banca española contraerá para comprar el pasivo a
las entidades extranjeras.
Los bancos españoles consideran que el cupón que percibirán por su
deuda y el que cobren por la foránea dará lugar a un tipo medio de algo
más del 2%, un porcentaje más próximo al del mercado, según indicaron
dichas fuentes.
De su lado, el Gobierno, con su petición a la banca de comprar del
pasivo de la extranjera, evitará que estas entidades financieras
foráneas abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el
Estado.
Los principales bancos acreedores de las autopistas quebradas con
Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA, además del ICO. En
el caso de las entidades extranjeras, el Banco Espirito Santo figura
como primer acreedor foráneo, por delante de RBS, ING, Barclays, BNP
Paribas y Lloyds.
Está previsto que representantes de los ministerios de Fomento y
Hacienda se reúnan este jueves, 31 de julio, con los grandes bancos
españoles para tratar de concretar esta reestructuración de deuda que
incluye el plan de rescate de la autopistas.
Entre los términos del plan por concretar figura la petición de
los bancos de que el Banco de España les permita liberar las provisiones
que han realizado por su exposición a las autopistas quebradas.
En cuanto a la empresa nacional de autopistas, se integrará en
Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente
no realiza actividad alguna.
El plan contempla que Seittsa se quede con los activos (las
autopistas) y los pasivos (su deuda tras la quita), no con las actuales
sociedades concesionarias de las vías.
Para ello, se prevé promover la acumulación de los procesos
concursales en que todas ellas están inmersas para ofrecer este único
convenio de acreedores y reestructuración de deuda, según detallaron fuentes del sector.
Fomento prevé que Seittsa gestione las autopistas sin plazo de
concesión, con el fin de que generen recursos para atender los servicios
de la referida deuda con que se constituirá la nueva empresa pública de
autopistas.
La Seittsa se hará así con nueve vías que suman 748 kilómetros de
longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas
de peaje, y que en la primera mitad de este año contabilizaron un
tráfico de 5.751 vehículos diarios, un 4,6% menos que el año anterior.
Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital
con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La
Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En la actulidad,
están controladas por grandes grupos constructores.
Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidación de estas
infraestructuras, un supuesto que activaría la responsabilidad
patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades
concesionarias (participadas por grandes constructoras) y que podría
suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.
