MURCIA.- El Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana,
ha sido la última y más sonada incorporación a la causa de Novo Carthago
que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Bacuñana
ha sido imputado por su participación en el proceso de recalificación
de un espacio de costa virgen del Mar Menor perteneciente al municipio
de Cartagena, publica hoy www.eldiario.es
La imputación del delegado del Gobierno se relaciona con
la inmobiliaria Hansa Urbana, entonces participada por la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, y que pretendía levantar de la nada una
urbanización de lujo con hoteles, campo de golf de 27 hoyos y 10.000
viviendas. Los hechos por los que la justicia persigue a Bascuñana
tienen relación con su etapa como consejero de obras públicas del
gobierno murciano.
Para crear esa nueva población de
35.000 personas en mitad de un espacio natural protegido por la
legislación medioambiental, y según las tesis expuestas por el juez
instructor en un denso y contundente auto de setenta páginas, “se parte
de una puesta de acuerdo entre el Ayuntamiento, que preside la señora
Barreiro, con Hansa Urbana, la promotora del 'resort', y la Consejería
de Medio Ambiente, y necesariamente con la Consejería de Obras Públicas
que es la que aprobaría el proyecto”.
De ese modo, según el juez no sólo
hizo falta la intervención del entonces consejero de Obras Públicas y
actual Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, sino también
la de los otros dos consejeros imputados en esta causa, Antonio Cerdá y
Francisco Marqués, además de otros altos cargos del ejecutivo regional
que, según consta en el auto, llegaron a rechazar informes técnicos que
advertían de la inviabilidad del proyecto e incluso a redactar nuevos
informes favorables.
El juez instructor acepta la
tesis del fiscal Juan Pablo Lozano y afirma sin ambages que “estamos en
presencia de un delito de prevaricación continuada en el que se producen
una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo
entenderse la última de resolución de Bascuñana sin las anteriores, y
ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido”, dentro de
lo que en un párrafo del auto llega a calificar como “trama en la
Comunidad Autónoma”. Cerdá –por tercera vez- y Bascuñana deberán prestar
declaración el próximo 2 de julio, y de no personarse, advierte el
juez, “la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de
detención”.
Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, cuya
intervención en todo el proceso es resaltada por el juez, ha decidido
prestar declaración voluntariamente antes de un eventual traslado de la
causa al Tribunal Supremo por su condición de aforada –Barreiro es
diputada nacional del PP-, al tiempo que ha tildado el auto de
“parcial”.
“Voladura de las leyes estatales y autonómicas”
La urbanización de lujo que se pretendía construir en parte del humedal
de Lo Poyo, fue anunciada públicamente incluso antes de que se
iniciaran los trámites de recalificación de unos terrenos que estaban
incluidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Mar
Menor, y que gozaban además de otras figuras de protección de ámbito
europeo como LIC –Lugar de Interés Comunitario- y ZEPA –Zona de Especial
Protección de las Aves-.
Con las sucesivas firmas del Consejero de
Medio Ambiente, Antonio Cerdá, en 2003, la de su sucesor en el cargo,
Francisco Marqués, y por último la de Joaquín Bascuñana en 2004, se dio
luz verde al proyecto de Novo Carthago. Esos actos supusieron, según
señala el juez Abadía, la “voladura de las leyes estatales y
autonómicas” en cuestión medioambiental. Tras el auto del magistrado,
PSOE, IU-V y UPyD han pedido la dimisión inmediata de Joaquín Bascuñana.
De momento y mientras el propio Bascuñana sigue defendiendo su
inocencia, el Delegado del Gobierno ha declarado hoy que está “a
disposición del PP”, en mitad de un ambiente de creciente inquietud en
las filas conservadoras.
“El PP ha diseñado el desmantelamiento de la conservación de la naturaleza”
Pedro García, director ejecutivo de la Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE), expone a eldiario.es que ante estos hechos, “o reacciona
el PP a nivel nacional, que debería de haber reaccionado ya hace
tiempo, o no pasará nada”.
Según García, “aquí son las personas que han
tenido y siguen teniendo el poder del Partido Popular, y de amplios
sectores sociales de la Región de Murcia, los que han diseñado políticas
de desmantelamiento de la conservación de la naturaleza en general”.
García recuerda que si Novo Carthago salió adelante en su día, fue en
gran medida por el apoyo del expresidente autonómico Ramón Luis
Valcárcel, quien lo defendió “porque detrás había una entidad fiable
como la CAM”.
Pedro García se expresa con claridad: “Creo que el máximo
responsable de todo esto es Valcárcel, y el PP lo ha premiado llevándolo
a Bruselas. Lo que este hombre ha hecho con la Región no tiene nombre.
Dijo que mientras que Murcia lo necesitara, no se iría, y cuando más lo
ha necesitado se va dejándole a sus compañeros unos cuantos pufos”. Para
García, no se entendería que en el futuro hubiera condenas para varios
exconsejeros de sus gobiernos mientras Valcárcel “se va de rositas”.
El director de ANSE opina que el proyecto de Novo Carthago no es el
único, “pero sí es simbólico porque sus consecuencias económicas son
enormes y nos van a dejar una púa por los siglos de los siglos”. Pone un
ejemplo: “La desaladora de Escombreras. Ese es un proyecto que salió
fundamentalmente para permitir la recalificación de terrenos de Novo
Carthago.
En su día la Confederación Hidrográfica del Segura informó
negativamente porque no había garantía de suministro de agua, y entonces
la Comunidad Autónoma firmó un convenio para dotar de agua al proyecto
con un tinglado que ejecutó una empresa de Florentino Pérez; todo esto
ha supuesto recientemente una demanda por más de 500 millones de euros a
la Región de Murcia, porque se firmó en su día un contrato blindado
para el abastecimiento de agua que no se ha cumplido”.
Pedro García
compara este asunto con el del Aeropuerto de Corvera: “Aquello son 200
millones de euros de aval, pero esto son 500”.
El antes y el después de la burbuja inmobiliaria
Las dimensiones del caso Novo Carthago son capaces de marear al más
ducho en cuestiones legales y urbanísticas, y para Pedro García, “ese es
el problema, que como se puede escribir tanto, al final puede ser que
la gente termine viendo ahí una nebulosa enorme”. ¿Cómo se pretendía
sacar adelante un plan así?
García responde: “Yo creo que tenían
sensación de impunidad, sobre todo en unos años en los que el urbanismo
generaba mucho beneficio a corto plazo, y tenían mayorías absolutas
aplastantes, y además se contaba en muchos casos con el consenso de las
dos fuerzas políticas mayoritarias.
Aunque después algunos dentro del
PSOE se mostraron muy críticos con esta política e hicieron lo que
pudieron, en Novo Carthago no hay que olvidar que el abogado
representante de Hansa Urbana, era el portavoz del Partido Socialista en
el Parlamento valenciano”.
El director de ANSE no rehúye la crítica a
la propia sociedad durante los años de la burbuja inmobiliaria: “Aquella
era una época en la que la opinión pública, en un porcentaje
mayoritario, estaba de acuerdo con esto, con que había que aprovechar la
situación y generar mucha riqueza. Los medios casi no sacaban nuestras
notas de prensa y la gente no era consciente de la hecatombe que se
preparaba”.
Sin embargo, el director de ANSE muestra
su esperanza en la justicia: “El trabajo de la Fiscalía de Murcia lo
valoraremos dentro de unos cuantos años. Empiezas a sumar las batallas
perdidas de esta gente, y tenemos Marina de Cope, la primera
urbanización de Lo Poyo, la urbanización de una parte de Calblanque, la
Zerrichera, Puerto Mayor… Se les han parado proyectos muy emblemáticos”.
ANSE es la única entidad que se ha personado en todos los trámites
administrativos y que ha entregado varias veces documentación
relacionada con Novo Carthago, un caso que sigue abierto.
