MADRID.- La "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de Secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10 por ciento, según afirman los responsables de Enseñanza Pública de FETE-UGT y FE-CCOO.
Sólo Andalucía, País Vasco y Cantabria han anunciado la oferta de empleo público para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La primera lo hizo el pasado martes 27 de diciembre, antes de la aprobación del decreto de recortes del Consejo de Ministros para 2.389 plazas; la segunda lo hizo a principios de diciembre para 556 plazas; y la tercera, la semana pasada para entre 22 y 25 plazas.
Sin embargo, cabe la duda entre los sindicatos que el Ejecutivo dé luz verde a las plazas anunciadas por Andalucía, pues se trata una convocatoria para cubrir casi el 30 por ciento de la tasa de reposición, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz antes del anuncio de la congelación de empleo público del Gobierno central, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial de esta comunidad.
Aunque algunos responsables autonómicos han manifestado su "voluntad" de ofertar empleo público para el profesorado, como es el caso de Canarias, hasta ahora ningún consejo de Gobierno autonómico, excepto Andalucía, País Vasco y Cantabria, ha aprobado una medida de esta naturaleza.
En Baleares, la Conselleria de Educación ya ha asegurado que no llevará a cabo oposiciones para profesores de Secundaria en el 2012 por "falta de tiempo y de presupuesto", si bien la voluntad es llevar a cabo oposiciones en 2013, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita.
En Castilla-La Mancha se suspendió la oferta pública de empleo tras las elecciones autonómicas y en Castilla y León hay anunciada una congelación de la misma. Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha indicado que va a esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas para así evitar el 'efecto llamada'.
"El Gobierno ha puesto a las comunidades autónomas el camino fácil para no convocar", afirma el responsable de Enseñanza Pública de FE-CCOO, Luis Castillejo, que añade que después de los "problemas" que hubo en 2011 por las plazas de maestros de Infantil y Primaria en "muchas" comunidades autónomas, donde la tasa de reposición era del 30 por ciento, 2012 se prevé "indudablemente peor", pues a la reducción de este límite se suman los recortes en varias autonomías en materia educativa.
"La mayoría de las comunidades no van a querer convocar", asegura Castillejo. A su juicio, aunque se trate de "muy pocas plazas", hay miles de aspirantes y, por tanto, las comunidades autónomas van a tener que hacer frente al mismo esfuerzo logístico y económico que supone convocar miles de plazas más.
No obstante, insiste en que su sindicato va a presionar a las comunidades para que convoquen el mayor número de plazas posibles para cumplir al menos con el diez por ciento de reposición.
Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero, explica que todavía la comunidad educativa permanece a la espera de lo que va a pasar con la oferta de empleo público para el profesorado, pero al igual que Castillejo opina que va a ser "más complicada" que la de 2011.
Sobre la situación de Andalucía, Rodero apunta que el decreto del Ejecutivo central no tiene carácter retroactivo y, por tanto, el anuncio de las plazas en esta comunidad estaría dentro de la legalidad. No obstante, aboga por que "cuanto antes" se reúnan los responsables de empleo andaluces con el Ministerio de Hacienda para aclarar este asunto que afecta a miles de opositores.
En las oposiciones de 2011, tras varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado, la Junta andaluza logró sacar adelante las 3.796 plazas previstas para el concurso-oposición de Infantil y Primaria ofertando 2.200 de ellas como "consolidación de empleo" y las 1.596 restantes como verdadera oferta de empleo público docente.
Sin embargo, para este año, según advierte el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, "el decreto Ley minimiza lo de la consolidación de empleo", por lo que este sindicato tendrá buscar fórmulas para mantener la legalidad de la oferta andaluza.
Como se trata de un tema "muy interpretable", CCOO, ANPE y CSI-F han pedido a la Consejería de Educación andaluza que diga "cuanto antes" qué va a pasar con las oposiciones para dar certidumbre, sobre todo, a los aspirantes a una plaza.
"No va a ser fácil que el Gobierno (central) acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las plazas con el Estatuto Básico que permitía consolidar el empleo interino. Así que la negociación de este año va a ser mucho más dura y complicada, pero somos partidarios de que se libre esta batalla, que es totalmente necesaria", defiende el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla.